La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el gobierno del municipio de CentroHabana desplegaron un operativo en las calles Galiano, Reina, Belascoaín e Infanta de la capital para recoger a personas sin hogar, en lo que las autoridades denominaron una acción de «saneamiento» de las vías principales, según una publicación de Habana Noticias, medio cercano al oficialismo y a la policía.
De acuerdo con esa publicación difundida en redes sociales, el operativo identificó a decenas de personas sin hogar —denominadas «deambulantes» en el lenguaje oficial— que «portaban objetos inservibles» y, según la misma fuente, «afectaban la imagen de la ciudad».
Las personas recogidas fueron trasladadas a lo que la publicación describió como «lugares de atención destinados a personas en esas condiciones», sin precisar cuáles son esos centros ni en qué condiciones se encuentran.
Habana Noticias resumió la jornada con la frase «calle limpia, barrio bonito y gente atendida como se debe», sin indicar la fecha exacta del operativo ni el número de personas trasladadas.
Entre las personas sin hogar recogidas podría haber cubanos de otras provincias que permanecen en La Habana sin vivienda ni residencia autorizada, a quienes las autoridades califican de «ilegales» y exponen a detenciones y traslados forzosos a sus lugares de origen.
El operativo de este martes se enmarca en una oleada de acciones similares registradas en La Habana durante las últimas semanas. A comienzos de noviembre, un operativo del MININT en San Miguel del Padrón dejó 71 personas detenidas, entre ellas cubanos de otras provincias calificados como «indocumentados e ilegales en la capital».
Días después, la periodista Yoani Sánchez, tras casi nueve horas detenida en una estación policial del Cerro, denunció haber escuchado repetidamente los términos «ilegales» y «deportación» y describió traslados forzosos de personas sin dirección registrada en La Habana hacia sus provincias de origen.
El activista Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», fue deportado forzosamente desde La Habana hasta Las Tunas el viernes pasado, según reportes de activistas.
Estas acciones se apoyan en el Decreto-Ley 217 de 1997, que exige autorización administrativa para residir en la capital y permite devolver a sus provincias a quienes carezcan de ella. Muchos de los afectados son cubanos procedentes de provincias orientales que migran a La Habana huyendo de condiciones aún más precarias.
El régimen formalizó en abril de 2025 un protocolo estatal para gestionar a las personas sin hogar mediante equipos mixtos de trabajadores sociales, personal de salud y policías, con énfasis explícito en «devolver a su lugar de residencia» a quienes deambulan fuera de su provincia de origen.
La crisis de personas sin hogar en Cuba refleja un colapso social de proporciones históricas. Según datos del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el número de personas deambulantes se triplicó entre 2012 y 2023, al pasar de 1,100 a 3,690 registradas. Para 2026, la situación es considerablemente peor: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estimó que el 94% de los cubanos encuestados vive en pobreza extrema y que los mayores de 70 años representan el 44% de la población sin hogar.
Esta práctica de recoger personas sin hogar antes de fechas o eventos relevantes tiene antecedentes documentados. En diciembre de 2019, policías cubanos recogieron a personas sin hogar en La Habana días antes del Día Internacional de los Derechos Humanos, acompañados de perros y obligándolas a subir a un ómnibus. El activista Modesto Hernández lo calificó entonces de «farsa» y advirtió que «el Gobierno solo presta atención a los desamparados ante la visita de alguna personalidad extranjera o en fechas señaladas».
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