
El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba impuso una condena de 15 años de prisión a un hombre de 30 años que asaltó un almacén de piezas industriales junto a dos cómplices, amenazando al vigilante con un objeto que simulaba ser un arma de fuego, según informó el periódico oficial Sierra Maestra el pasado viernes.
Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2025 en instalaciones de la Industria de Materiales de la Construcción en Santiago de Cuba, aunque el juicio —calificado como oral, público y ejemplarizante— se celebró esta semana ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del tribunal provincial.
Según la causa 88 de 2026, el acusado y otras dos personas que no fueron identificadas durante la investigación saltaron la cerca perimetral del almacén para acceder al interior.
Una vez dentro, el grupo amenazó al agente de seguridad con «un objeto cuyas características no pudieron precisarse, pero que simulaba ser un arma de fuego».
Los asaltantes también «ataron las manos del vigilante y le taparon la boca, advirtiéndole que no se moviera ni gritara o lo matarían», de acuerdo con el relato del medio estatal.
Tras reducir al vigilante, los asaltantes cortaron fragmentos de la verja con un objeto similar a una cizalla y sustrajeron 13 neumáticos, que posteriormente fueron recuperados y devueltos a la entidad afectada.
El tribunal apreció multirreincidencia como agravante determinante: el condenado tenía antecedentes por otros dos delitos de robo con fuerza y, al momento de cometer el hecho, cumplía una sanción en libertad.
La pena de 15 años representa el máximo que contempla el tipo básico del artículo 415 del Código Penal cubano (Ley No. 151/2022), cuyo rango para el robo con violencia o intimidación va de siete a 15 años de privación de libertad.
Además de la pena principal, el tribunal impuso sanciones accesorias de privación de derechos públicos y prohibición de salida del territorio nacional, así como una responsabilidad civil de 789 pesos cubanos por los daños materiales causados a la entidad.
El caso se enmarca en el Quinto Ejercicio Nacional de Enfrentamiento al Delito y la Corrupción, iniciado en mayo de 2026, que contempló alrededor de 20 juicios ejemplarizantes en distintas provincias de Cuba con prioridad para delitos violentos, narcotráfico y ataques al sistema eléctrico.
En ese mismo contexto, tribunales de Matanzas y Las Tunas han dictado condenas de entre ocho y 15 años por robos con violencia durante 2026, en juicios igualmente difundidos por los medios oficiales como señal de advertencia a la población.
La frecuencia de estos juicios públicos ha aumentado en paralelo al agravamiento de la crisis económica en Cuba, que ha disparado los índices de delincuencia en todo el país y llevado a las autoridades a recurrir con mayor insistencia a la condena ejemplarizante como instrumento de control social.
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