El régimen acusa de «atentado» a Camila Acosta y Ángel Santiesteban sin explicar los motivos

Camila Acosta y Ángel Santiesteban © Facebook/Camila Acosta
Camila Acosta y Ángel Santiesteban Foto © Facebook/Camila Acosta

La periodista Camila Acosta y su esposo, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, enfrentan una nueva acusación penal del régimen cubano por el presunto delito de «atentado», según les comunicó este martes el coronel Márquez, jefe de la estación policial de Zapata y C, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución.

La llamada llegó alrededor de las 11:10 de la mañana al teléfono fijo de la vivienda de Acosta. El funcionario les ordenó presentarse el jueves 19 de noviembre a las 10:00 a.m. ante el capitán Pileta en esa misma unidad policial, pero se negó a revelar quién formuló la denuncia ni cuáles son los hechos concretos que la sustentan.

«Me acaba de llamar el coronel Márquez, jefe de Zapata y C. Dice que Ángel y yo tenemos una acusación por atentado y que tenemos que presentarnos este jueves a las 10:00 a.m. en la estación ante el capitán Pileta», relató Acosta a la redacción de CubaNet.

Cuando la periodista intentó obtener más detalles, el oficial fue escueto: «El jueves le daremos todas las informaciones».

Denuncia de Camila Acosta en Facebook

El delito de «atentado» está tipificado en el artículo 182 de la Ley 151 de 2022 —el Código Penal cubano vigente— y contempla penas de dos a cinco años de privación de libertad para quienes empleen violencia o intimidación contra autoridades, funcionarios públicos, sus agentes o sus familiares en el ejercicio de sus funciones.

Acosta sospecha que la acusación guarda relación con un video que grabó a finales de octubre, cuando un agente de la Seguridad del Estado le impidió salir de su vivienda sin mostrar orden judicial ni identificarse. Tras la difusión de esas imágenes, las autoridades alegaron que el agente y su familia habían recibido amenazas. «Ellos estaban diciendo incluso que por culpa mía, por yo haber grabado al oficial de la Seguridad del Estado, su familia estaba recibiendo amenazas y demás. Cosa con lo que yo no tengo nada que ver», afirmó la periodista.

Lo que Acosta no logra explicarse es la inclusión de su esposo en el expediente. «Si es por esta grabación que le hice al oficial de la Seguridad del Estado, no entiendo por qué está metido Ángel también ahí, mi esposo, porque ese día que yo grabé, Ángel no estaba conmigo», señaló.

La nueva acusación llega apenas dos semanas después de que el régimen detuviera a Acosta en plena calle el 3 de noviembre, cuando se dirigía al veterinario con su mascota. Agentes de civil y policías uniformados la esposaron y la introdujeron por la fuerza en una patrulla; permaneció más de ocho horas incomunicada en la estación de Playa. Al ser liberada, su teléfono le fue devuelto inutilizado, presuntamente dañado con una sustancia corrosiva. Esa detención concluyó con un acta de advertencia por supuestos «actos contra la intimidad personal y familiar», la misma figura penal empleada para condenar a la activista Anna Bensi y su madre en octubre.

Santiesteban, por su parte, fue condenado el 5 de noviembre a dos años de limitación de libertad por supuesto «tráfico ilegal de divisas» junto a otros tres dirigentes masónicos, en un proceso que la organización jurídica Cubalex calificó de persecución política: el monto total investigado fue de apenas 300 dólares en casi dos años, destinados al mantenimiento de un asilo de ancianos. La sentencia aún no ha sido apelada.

Para Acosta, la coincidencia no es casual. «Lo que sí es seguro es que es otro montaje más de la Seguridad del Estado para presionarnos, ya bien sea a abandonar nuestro activismo, nuestra labor como periodistas independientes», denunció.

«Ya sabemos que a la Seguridad del Estado no le interesa tener pruebas ni nada. Lo de ellos es montar delitos, montar shows, montarte causas judiciales para llevarte a prisión u obligarte a irte del país», concluyó la periodista, quien deberá esperar a la comparecencia del jueves para conocer los cargos formales que el régimen pretende sostener contra ella y su esposo.

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