
El Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide (Defensa CD) documentó 928 violaciones de derechos humanos contra 391 personas en Cuba durante octubre, cifra que supera las 911 registradas en septiembre y confirma una escalada sostenida mes a mes.
El informe, divulgado el lunes por la organización independiente, revela que la represión de la dictadura ha desbordado los círculos opositores para alcanzar a ciudadanos sin militancia política y a los familiares de las víctimas.
«La represión en Cuba se está convirtiendo en una realidad cotidiana para muchas personas, incluso para aquellas que no tienen una participación política activa», advirtió Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de Defensa CD.
De las 391 víctimas identificadas, 284 fueron hombres y 107 mujeres. La Habana encabezó el registro provincial con 393 violaciones, seguida de Camagüey con 112 y Santiago de Cuba con 59. La organización contabilizó además 266 casos de amenazas y acoso contra activistas, opositores, periodistas y artistas.
Vargas subrayó que el objetivo del régimen va más allá del castigo individual: «El régimen no busca solamente castigar a quienes expresan su desacuerdo, sino también enviar un mensaje de miedo a sus familias y a quienes podrían seguir su ejemplo».
El Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD contabilizó 149 incidentes vinculados al ejercicio de la fe durante octubre, que afectaron a comunidades católicas, evangélicas, ortodoxas, Testigos de Jehová, religiones afrocubanas y logias masónicas.
«Estas violaciones ocurrieron a lo largo y ancho del archipiélago cubano y no respetaron credo ni denominación religiosa», denunció el pastor Mario Félix Lleonart, director del observatorio, quien señaló además la injerencia directa de estructuras del Partido Comunista en el control de la actividad religiosa.
Defensa CD calificó como urgente la situación de Julián Mazola Beltrán, promotor de Cuba Decide y expreso político del 11J, detenido desde el 9 de octubre pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgadas en 2024.
Mazola fue arrestado en San Antonio de los Baños tras acudir a una citación de la Seguridad del Estado. Los agentes registraron su vivienda, le confiscaron el teléfono y lo trasladaron al centro penal de Guanajay. La investigación apunta a la colocación de carteles contra el régimen bajo el cargo de propaganda contra el orden constitucional.
Al momento de publicarse el informe, permanecía recluido en el centro Técnico de Cuatro Caminos sin que se le hubieran notificado formalmente los cargos y sin que su abogada hubiera podido reunirse con él. Agentes de la Seguridad del Estado lo amenazaron con penas de entre cuatro y 12 años, y Defensa CD alertó sobre un deterioro de su salud mental y episodios de desmayo.
«El caso de Julián Mazola es especialmente preocupante, porque estamos hablando de una persona que ya cuenta con medidas de protección de la CIDH y que, aun así, vuelve a enfrentar la persecución del régimen», afirmó Vargas.
El informe se suma a un cuadro más amplio de represión creciente. Prisoners Defenders registró 1,353 presos políticos al cierre de octubre —récord histórico—, con 39 nuevas incorporaciones en ese mes, entre ellas menores procesados por sedición; 464 de ellos padecen enfermedades graves sin tratamiento y 236 sufren desnutrición forzada.
Desde las protestas del 11J, Cuba acumula 2,256 personas encarceladas por motivos políticos, según Prisoners Defenders.
«Buscamos que estas denuncias tengan consecuencias, que las víctimas no queden en el olvido y que la comunidad internacional continúe exigiendo responsabilidades a quienes ejercen la represión en Cuba», concluyó Vargas.
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