El 87% de los cubanos cree que no puede influir en las decisiones del país, según encuesta

Cubano vota durante las elecciones nacionales para conformar la Asamblea Nacional (2023) © Xinhua / Joaquín Hernández
Cubano vota durante las elecciones nacionales para conformar la Asamblea Nacional (2023) Foto © Xinhua / Joaquín Hernández

El 87% de los cubanos está muy en desacuerdo con que los ciudadanos puedan influir en las decisiones políticas del país, mientras que el 85% expresa el mismo rechazo a la afirmación de que puede protestar públicamente contra el Gobierno, según una encuesta nacional realizada dentro de Cuba por el Instituto Republicano Internacional (IRI).

Los resultados del estudio publicado este miércoles revelan una profunda desconexión entre la ciudadanía y las instituciones que ejercen el poder, más allá del rechazo a Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes del régimen.

El 89% de los encuestados discrepa de que el Gobierno actual lo represente, mientras que una proporción similar rechaza que el sistema político vigente sea el mejor para Cuba. Además, el 78% reclama cambios profundos y urgentes.

Estas cifras contrastan con el discurso oficial, que presenta al sistema socialista como expresión de la voluntad popular y a sus instituciones como instrumentos de participación democrática.

La Constitución cubana de 2019 establece en su artículo 3 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, pero el artículo 5 consagra al Partido Comunista como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. El artículo 4, además, declara irrevocable el sistema socialista.

La contradicción es esencialmente política: los ciudadanos son reconocidos formalmente como depositarios de la soberanía, pero carecen de la posibilidad de elegir entre proyectos políticos alternativos capaces de disputar el poder al PCC o modificar los fundamentos del sistema mediante la competencia democrática.

La ausencia de pluralismo político se combina con severas restricciones al ejercicio de los derechos civiles. Aunque la Constitución reconoce las libertades de expresión, reunión y manifestación, su ejercicio ha estado condicionado por la actuación de los órganos represivos y las sanciones impuestas a quienes cuestionan públicamente al régimen.

Las protestas del 11 de julio de 2021 constituyeron el ejemplo más significativo de esa contradicción. Miles de cubanos salieron a las calles para reclamar libertades y mejores condiciones de vida, y la respuesta gubernamental incluyó detenciones, procesos judiciales y condenas de prisión.

La represión tampoco ha desaparecido en 2026. Según un informe de Cubalex recogido por CiberCuba, la organización documentó 1.894 eventos de violaciones de derechos humanos durante el primer semestre del año, en un contexto de aumento de las protestas sociales y de las acciones represivas contra ciudadanos sin vinculación con grupos opositores.

El miedo constituye otro obstáculo para la participación ciudadana. La investigación FOCO Cuba: Opinión, autocensura y acción cívica, realizada por Cubadata para Diario de Cuba entre mayo y junio de 2026, encontró que el 61,9% de sus 2.214 participantes temía represalias contra sí mismo o sus familiares por expresar opiniones críticas, mientras que el 58,9% reconocía que evitaba hablar de política casi siempre.

Aunque ese estudio utilizó una muestra digital no probabilística, sus resultados aportan un elemento para interpretar la aparente paradoja de una sociedad profundamente descontenta en la que las manifestaciones públicas no alcanzan la misma dimensión que el rechazo expresado en las encuestas.

La cuestión adquiere especial relevancia cuando el régimen cubano reivindica su legitimidad política en nombre del pueblo. La soberanía popular no se agota en su proclamación constitucional: requiere que los ciudadanos puedan participar, discrepar, organizarse y decidir sobre quienes ejercen el poder.

La encuesta del IRI sugiere que una amplia mayoría de los cubanos no reconoce esas posibilidades en el sistema vigente. La demanda de transformaciones profundas alcanza, además, al 85% de los jóvenes de entre 18 y 35 años, precisamente el sector que deberá afrontar durante más tiempo las consecuencias de las decisiones políticas actuales.

El estudio fue realizado por NORC, de la Universidad de Chicago, mediante entrevistas presenciales a 1.199 adultos residentes en Cuba entre el 22 de julio y el 7 de septiembre de 2026. La investigación empleó un muestreo probabilístico nacional y declara un margen de error máximo de ±4,2 puntos porcentuales para las estimaciones de rango medio de la muestra total, con un nivel de confianza del 95%.

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