Donald Trump aseguró el 12 de noviembre que consideraría una campaña militar breve contra el régimen cubano.
Un día después, Miguel Díaz-Canel reivindicó la decisión de «activar las estructuras de tiempo de guerra para trabajar en tiempo de paz».
Entre las amenazas y los preparativos queda una población cuya vida puede resultar comprometida y que carece de mecanismos democráticos efectivos para cambiar el rumbo de su gobierno.
La gravedad del momento está en esa indefensión. Según el régimen, los ciudadanos estarían dispuestos a asumir las consecuencias de una confrontación, pero en la realidad se trata de una población sometida que no pueden sustituir libremente a quienes toman las decisiones.
El poder totalitario que proclama un supuesto apoyo popular y fidelidad a la «revolución» como argumentos inapelables para defender la soberanía mantiene cerrada la competencia política que permitiría ejercerla.
La posibilidad del uso de la fuerza tiene un precedente cercano. La operación estadounidense del 3 de enero culminó con la captura de Nicolás Maduro y dejó 32 cubanos muertos, reconocidos por La Habana. Venezuela no determina lo que ocurrirá en Cuba, pero obliga a tomar en serio las amenazas de una administración que ya ha actuado militarmente en la región.
Durante el ejercicio Moncada, celebrado el 4 y 5 de noviembre, el jefe del Estado Mayor, Roberto Legrá Sotolongo, anunció una defensa «casa por casa, barrio por barrio, zona por zona». La doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo incorpora a milicias, reservistas y estructuras civiles. La propaganda oficial la acompaña con llamamientos a resistir «hasta la última gota de sangre».
Una población ya castigada
El país convocado a esa resistencia llega exhausto. En la encuesta de 2026 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), ocho de cada diez entrevistados declararon haberse privado de alguna comida por falta de dinero o alimentos.
El estudio reunió 1.318 entrevistas en 79 municipios, realizadas entre junio y julio. Esa privación significa decidir qué comida se elimina del día y cómo repartir lo que queda.
En octubre, un informe oficial recogido por EFE reconoció que faltaban 300 de los 395 medicamentos de producción nacional incluidos en el cuadro básico. También comunicó una caída de la supervivencia de niños y jóvenes con cáncer del 85 % al 65 %. El deterioro sanitario ya se mide en oportunidades de sobrevivir que se pierden.
Las autoridades atribuyen esas carencias al embargo estadounidense. Pero la discusión sobre las restricciones externas no puede cancelar la responsabilidad de quienes administran el país.
Los cubanos carecen de medios libres para fiscalizar las prioridades del poder —véase el caso GAESA— y reemplazar a sus responsables por los resultados de su gestión. La permanencia de los gobernantes queda protegida mientras se deterioran las condiciones de vida de los gobernados.
Esa protección tiene instrumentos concretos. Prisoners Defenders registró 1.353 prisioneros políticos al cierre de octubre. El OCDH documentó al menos 387 acciones represivas durante ese mes, entre ellas detenciones arbitrarias, cercos policiales, amenazas y hostigamientos.
El castigo de la protesta limita la capacidad de toda la sociedad para reclamar soluciones y discutir el curso del país.
La advertencia de Rusia
Rusia muestra el extremo al que puede llegar esa separación entre quienes deciden y quienes pagan.
La invasión de Ucrania, ordenada por Vladimir Putin, ha causado un enorme sufrimiento al país agredido y una devastadora pérdida de vidas entre los propios rusos.
El Estado Mayor ucraniano estimaba al 15 de noviembre más de 1,62 millones de bajas rusas, una categoría que incluye muertos y heridos. Solo en octubre calculó 54.400. Son estimaciones de una parte beligerante, no un recuento independiente de fallecidos.
Por separado, un análisis del Financial Times publicado el 13 de noviembre, basado en registros filtrados de Rosstat, situó en al menos 450.000 los rusos muertos a consecuencia de la guerra hasta el verano, mayoritariamente militares. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) había recogido los cálculos iniciales de esa filtración, advirtiendo que no podía verificarlos.
La investigación del Financial Times señala que la carga ha recaído de manera desproporcionada sobre regiones pobres y minorías étnicas. El coste de las decisiones del Kremlin se reparte en hogares que pierden a sus miembros y en comunidades obligadas a convivir con muertes, heridas y ausencias.
Y en madio de una tragedia de estas magnitudes, ahí está Putin, conservando el poder tras unas presidenciales que el Parlamento Europeo calificó de ilegítimas y antidemocráticas.
Rusia es la potencia agresora. En Cuba, el peligro es que la defensa del régimen se imponga como una obligación nacional frente a una amenaza exterior. La conexión entre ambos casos está en la capacidad de una dirigencia autoritaria para comprometer vidas sin someter su continuidad a una decisión ciudadana libre.
El pueblo fuera de la decisión
La Habana declara su disposición al diálogo con Washington. Pero ha fijado un límite: «El sistema político cubano no es objeto de negociación», afirmó el viceministro Carlos Fernández de Cossío el 20 de marzo, excluyendo también la presidencia y los demás cargos gubernamentales.
Sin embargo, esa estructura que se declara intocable ante el exterior tampoco está sometida a una competencia política libre dentro del país. El régimen cubano se siente en el derecho de inmolar a sus ciudadanos en nombre de su permanencia en el poder: ese mismo poder que les niega libertades civiles y políticas, y mecanismos de participación que puedan poner en peligro el macabro sistema que han construido.
El cuestionamiento de ese orden ya aparece en un pronunciamiento multilateral reciente. El G7 reclamó el 11 de noviembre reformas políticas y económicas, un gobierno democrático multipartidista y libertades de prensa, expresión y asociación. También pidió liberar a los detenidos arbitrariamente y promover un diálogo inclusivo para salir de la crisis.
La cuestión decisiva es que los cubanos puedan participar en ese futuro. Hablar de soberanía mientras se les niega la posibilidad de organizarse para cambiar el gobierno vacía de contenido la palabra. La nación queda identificada con el régimen, y defenderla pasa a significar preservar a quienes lo dirigen.
Una confrontación añadiría destrucción a una sociedad que ya lucha por alimentarse y recibir atención médica. Para una familia sin reservas, un hospital sin medicamentos o una comunidad sin servicios estables, incluso una operación descrita como breve puede dejar consecuencias duraderas. La duración que imagina un estratega no mide el tiempo que necesita una población para recuperarse.
La vida de los cubanos no es un recurso disponible para prolongar la existencia del régimen. Quienes hablan en nombre de todo el pueblo tendrían que aceptar que ese pueblo pudiera retirarles el poder. Antes de exigirle disposición para morir, tendrían que permitirle decidir cómo quiere vivir.
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