
El régimen cubano ha decidido transformar aspectos esenciales de la economía nacional y, cinco meses después de aprobar su programa de 176 medidas, invita a los ciudadanos a expresar sus opiniones.
La iniciativa, presentada como un ejercicio de participación popular, plantea una contradicción que va mucho más allá de la tardanza de la consulta: ¿quién otorgó al gobierno un mandato democrático para cambiar las reglas económicas y sociales del país?
Las reformas aprobadas en junio modifican cuestiones fundamentales del modelo defendido durante décadas por el Partido Comunista de Cuba (PCC). Contemplan banca privada, ampliación de la propiedad empresarial, entrada de capital privado en empresas estatales, mayor protagonismo del mercado y sustitución progresiva de subsidios universales por ayudas focalizadas.
Son decisiones que afectan directamente los ingresos, el patrimonio, el empleo y las condiciones de vida de millones de cubanos. Sin embargo, no surgieron de una competencia electoral entre proyectos económicos alternativos ni fueron sometidas previamente a un debate público con capacidad efectiva de decisión.
La plataforma estatal Soberanía, habilitada a principios de noviembre, invita ahora a opinar sobre un programa cuyo desarrollo jurídico está muy avanzado: al 10 de noviembre, 172 de las 176 transformaciones ya tenían políticas y procedimientos aprobados, se habían elaborado 231 normas jurídicas y 131 estaban publicadas en la Gaceta Oficial.
El gobierno permite discutir decisiones que ya tomó, pero no ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir un gobierno que proponga otras.
Cambiar de modelo sin cambiar las reglas del poder
La magnitud del giro económico ha sido reconocida incluso por especialistas que consideran necesarias las reformas.
En un análisis publicado el 11 de noviembre en Horizonte Cubano, de la Universidad de Columbia, el economista Fidel Vascos González, exministro-presidente del Comité Estatal de Estadísticas, identifica un cambio de paradigma respecto a la concepción económica que el Partido Comunista había establecido durante la década anterior.
Las transformaciones, sostiene, abren paso a una economía donde el mercado, la propiedad privada y la iniciativa individual adquieren un protagonismo muy superior al permitido por el modelo centralizado tradicional.
No significa que estas ideas carecieran por completo de antecedentes. Los Lineamientos del PCC para 2021-2026 ya reconocían espacios para las relaciones de mercado y las formas no estatales de propiedad. Pero la amplitud de las nuevas medidas supera restricciones que el propio Partido había mantenido como principios de su política económica.
La paradoja resulta evidente: la organización que durante décadas impuso límites a la iniciativa privada se reserva ahora la facultad exclusiva de levantarlos, sin someter ese cambio de orientación a una competencia democrática.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha insistido en que las transformaciones no significan abandonar el socialismo ni privatizar las empresas estatales. El gobierno sostiene que la reforma es necesaria para enfrentar una crisis económica extraordinaria y preservar el modelo político.
En abstracto, esa explicación puede justificar la urgencia de adoptar medidas, pero no resuelve el problema de la representación ciudadana. La necesidad económica de una reforma y la legitimidad democrática de quienes la deciden son cuestiones diferentes.
La diferencia entre consultar y representar
En una democracia representativa, un gobierno no necesita convocar elecciones cada vez que cambia de política económica. Puede adoptar decisiones no incluidas expresamente en su programa, especialmente cuando debe responder a circunstancias imprevistas.
Pero existe una condición fundamental: los ciudadanos han tenido la posibilidad de elegir entre propuestas políticas diferentes y conservan la capacidad de retirar su apoyo al gobierno en las siguientes elecciones.
Un ejecutivo puede incumplir sus promesas, modificar su programa o aplicar reformas impopulares. La oposición puede cuestionarlas, organizar una alternativa y aspirar a sustituirlo mediante el voto.
En Cuba, esa posibilidad no existe en condiciones de competencia política.
La Constitución de 2019 establece en su artículo 5 que el Partido Comunista, definido como único, constituye la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.
En las elecciones parlamentarias de marzo de 2023 se presentaron 470 candidatos para 470 escaños. Los electores podían respaldar o rechazar candidatos, pero no escoger entre partidos con programas contrapuestos. La Asamblea Nacional, constituida mediante ese sistema, elige posteriormente al presidente de la República.
De ese modo, los ciudadanos no pudieron votar por un proyecto económico alternativo al del PCC ni encomendar su aplicación a una fuerza política diferente.
La Constitución reconoce en su artículo 3 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual emana el poder estatal. El artículo 80 también establece el derecho a participar en la conformación, el ejercicio y el control de ese poder.
La contradicción aparece al confrontar esos principios con un sistema que reserva la dirección política a una organización única y excluye la alternancia entre proyectos de gobierno.
¿Quién responde por los errores y quién decide las reformas?
El problema no se limita a determinar si las 176 medidas son apropiadas o equivocadas. Algunas podrían contribuir a recuperar la actividad productiva, atraer inversiones y ampliar oportunidades para los ciudadanos. Otras pueden generar desigualdades, encarecer servicios o trasladar nuevos costes a los hogares.
La cuestión es quién decide entre esas alternativas, quién asume sus consecuencias y ante quién responde.
El mismo Partido Comunista que durante décadas defendió la superioridad de la planificación centralizada impulsa ahora una mayor presencia del mercado y del capital privado. Pero conserva el control de las instituciones encargadas de aprobar las reformas, ejecutarlas y evaluar sus resultados.
Incluso la transferencia de activos estatales a nuevos operadores privados plantea interrogantes que trascienden la eficiencia económica: quiénes podrán adquirirlos, bajo qué condiciones, con qué garantías de transparencia y quién fiscalizará esas operaciones.
En su estudio, Vascos González advierte de que las transformaciones económicas necesitan acompañarse de cambios políticos que fortalezcan el control ciudadano, la autonomía parlamentaria y la rendición de cuentas. También propone introducir competencia real entre candidatos a diputados, aunque mantiene su reflexión dentro de un horizonte de socialismo democrático.
La advertencia apunta a un riesgo conocido en las transiciones económicas: que una apertura al mercado sin controles públicos efectivos termine favoreciendo la concentración de riqueza y oportunidades alrededor de quienes ya poseen influencia política.
En Cuba, esa preocupación adquiere especial importancia porque las instituciones que deberían fiscalizar al Ejecutivo están integradas en un sistema dirigido por el mismo partido que establece las políticas económicas.
Después de décadas de crisis, restricciones económicas y promesas de prosperidad incumplidas, los cubanos se enfrentan a una nueva transformación cuyos resultados todavía son inciertos. Tendrán que vivir con sus consecuencias, favorables o adversas, sin disponer de mecanismos de alternancia política que les permitan exigir responsabilidades mediante la elección de otro gobierno.
El régimen les pregunta qué opinan de sus reformas, pero no si desean seguir siendo gobernados por quienes las decidieron.
La soberanía popular no consiste únicamente en permitir que los ciudadanos opinen sobre el ejercicio del poder. También exige que puedan decidir quién lo ejerce.
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