
Dos congresistas republicanos cubanoamericanos del sur de Florida rompieron filas con la narrativa triunfalista de la administración Trump y reconocieron públicamente, tras las elecciones de medio término, que la mano dura migratoria fue un error tanto político como de fondo.
Las declaraciones, recogidas por NBC6 el viernes 13 de noviembre, llegaron mientras el Departamento de Seguridad Nacional presumía cifras récord de deportaciones.
Mario Díaz-Balart, representante del distrito 26 de Florida, fue el más directo al hablar con la periodista Jackie Nespral: «Yo y algunos de mis colegas seguimos diciéndole a la administración que no solo era un gran error político, sino, más importante, que era una mala política».
Carlos Giménez, que representa el distrito 28, apuntó en la misma dirección en declaraciones a Fox News: «Tenemos un gran número de hispanos aquí a quienes no les gustó el control migratorio», admitiendo que eso pesó en las urnas.
Los resultados electorales del 3 de noviembre ilustran el costo: Díaz-Balart, que en contiendas anteriores ganaba por cerca de 40 puntos, retuvo su escaño por apenas 1,704 votos, con un margen de menos de un punto porcentual. María Elvira Salazar sobrevivió en el distrito 27 por solo 1,090 votos, lo suficientemente estrecho para activar un recuento.
Salazar había sido la más vocal antes de los comicios. En septiembre lanzó un anuncio de campaña confrontando directamente al presidente: «Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos», y afirmó que los hispanos que ayudaron a Trump a regresar a la Casa Blanca «se sienten traicionados».
El propio Trump reconoció en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, emitida el domingo 8 de noviembre, que su política migratoria «quizá fue demasiado dura» y que las deportaciones masivas le perjudicaron en las midterms. Aunque dijo estar dispuesto a trabajar con los demócratas, puso un límite claro: «No amnesty, no anything».
El telón de fondo de estas autocríticas es una maquinaria deportadora sin precedentes. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que ICE deportó a más de 483,000 personas durante el año fiscal 2026, la cifra más alta en la historia de la agencia, y realizó más de 491,000 arrestos migratorios, superando los registros acumulados de los años fiscales 2022, 2023 y 2024 combinados.
Las deportaciones de 2026 superan ocho veces las del primer año de la administración Biden.
Para la comunidad cubana, el impacto fue especialmente severo: las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026, más de 42,000 cubanos tenían órdenes activas de deportación y al menos 612 fueron deportados en los primeros cinco meses del año.
A esa presión se sumó esta semana un revés judicial: el Undécimo Circuito de Apelaciones determinó el martes que el formulario I-220A no equivale automáticamente al parole requerido para solicitar residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, agravando la situación legal de miles de cubanos.
Una posible salida legislativa es la Dignity Act de Salazar, que suma ya 56 copatrocinadores pero sigue sin votación definitiva en un Congreso que, tras las midterms, quedó bajo control demócrata.
La gran incógnita es si la administración ajustará su rumbo. El nombramiento de Stephen Miller —principal arquitecto de la política migratoria dura— como jefe de gabinete de la Casa Blanca el 6 de noviembre siembra dudas sobre si las señales de apertura del presidente se traducirán en cambios reales.
Las políticas migratorias de la administración Trump y sus consecuencias siguen generando debate. Mantente informado con la cobertura completa en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
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