Alina Bárbara López queda en libertad tras más de cuatro horas detenida

Alina Bárbara López Hernández © Facebook / Alina Bárbara López Hernández
Alina Bárbara López Hernández Foto © Facebook / Alina Bárbara López Hernández

La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández, detenida el miércoles frente al Tribunal Provincial Popular de Matanzas mientras sostenía un cartel que exigía: «Respeten la Ley de Procedimiento Penal. Causa 17/25», ya fue liberada.

Retenida durante unas cuatro horas y media, regresó a su casa esa misma tarde con el cartel en mano, tras negarse a entregarlo a los agentes de la Seguridad del Estado, reveló en su perfil de Facebook.

El arresto se produjo apenas entre 10 y 15 minutos después de que López se plantara a la entrada del edificio judicial. Una funcionaria del tribunal salió a pedirle que se fuera, refiriéndose a su protesta como un «levantamiento», término que la activista rechazó de inmediato.

«Le respondí que se llamaba manifestación pacífica y que estaba refrendada como un derecho en la Constitución. Me llamó la atención ese término tan inadecuado, intuyo que el subconsciente la traicionó, al parecer temen mucho a un levantamiento», detalló.

La activista fue trasladada a la estación de La Playa, donde una instructora de la Seguridad del Estado le comunicó que le levantarían un acta de advertencia por violar la reclusión domiciliaria.

«Fue la misma que dos meses atrás me dijo con cinismo que nuestro juicio se celebraría 'algún día, en algún momento'. Es una lástima que una muchacha joven tenga tan bajos estándares éticos», comentó la intelectual.

Captura de Facebook / Alina Bárbara López Hernández

La agente también le exigió que entregara el cartel, pero López Hernández se negó y advirtió que tendrían que ejercer violencia sobre ella para quitárselo. Tras al menos dos consultas telefónicas con sus superiores, la instructora desistió.

La detenida reconoció que en esta ocasión, a diferencia de otras detenciones en las que ha sido golpeada y vejada, no la maltrataron físicamente. Incluso, vio ciertos gestos de amabilidad en algunos de sus captores.

La paradoja que la académica había anticipado públicamente se cumplió con exactitud: fue arrestada por reclamar que el propio tribunal que mantiene su reclusión domiciliaria convoque el juicio que le permitiría ejercer su defensa. «A las puertas del Tribunal Provincial, ante la vista de una funcionaria judicial, fue detenida una ciudadana que pedía que la institución que supuestamente es la encargada de impartir justicia, acatara su propia ley», denunció.

Y cerró su relato con una declaración de firmeza: «Seguiremos y persistiremos hasta que la dignidad sea la norma de nuestras vidas. Somos más fuertes, pero no por la fuerza de las armas, sino por las razones y los argumentos».

El miércoles, la protesta pacífica que la profesora realiza mensualmente, cambió de escenario —del habitual Parque de la Libertad al tribunal—. El motivo fue la sustitución del presidente del Tribunal Provincial de Matanzas. López sospecha que el cambio fue una maniobra para seguir aplazando el proceso contra ella: «Arriesgo la hipótesis de que el presidente saliente no quisiera seguir postergando la vista oral y eso determinó su sustitución».

El Observatorio de Libertad Académica emitió una alarma ante el arresto de la académica y responsabilizó al Gobierno cubano por su integridad, señalando la «evidente inconsistencia ética y profesional de las instancias judiciales en Cuba».

Esta fue la sexta jornada de protesta de López Hernández en 2026 que terminó con su detención, todas ocurridas el día 18 de cada mes al intentar realizar su protesta mensual.

El proceso penal que la mantiene bajo estas restricciones —la Causa 17/25— se originó en junio de 2024, cuando la Policía la interceptó junto a la socióloga Jenny Pantoja Torres, cuando ambas viajaban a La Habana para participar en una protesta. La Fiscalía solicita una pena de cuatro años para López por atentado, desacato y desobediencia, y tres años para Pantoja.

El juicio estaba fijado para el 30 de enero pasado, pero fue suspendido a última hora por la jueza Ysenia Rodríguez Vázquez bajo el pretexto de una «reorganización de la actividad judicial», sin que se fijara nueva fecha. Desde entonces, ambas permanecen bajo reclusión domiciliaria y regulación migratoria.

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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.


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