Gobernador electo Byron Donalds lanza advertencia a ciudades de Florida que quieren romper acuerdo con ICE

Byron Donalds (i) y Detención de un migrante en el sur de Florida (D) © Collage Facebook/Congressman Byron Donalds - X/Hsi Miami
Byron Donalds (i) y Detención de un migrante en el sur de Florida (D) Foto © Collage Facebook/Congressman Byron Donalds - X/Hsi Miami

El gobernador electo de Florida, Byron Donalds, lanzó una advertencia a las ciudades del estado que buscan cancelar sus acuerdos de cooperación migratoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras la decisión de Tallahassee de estudiar su retirada del programa federal 287(g).

«Florida no es un estado santuario, y como gobernador, nunca permitiré que lo sea. Las ciudades de Florida deben cumplir con las leyes federales y estatales. Punto final», escribió Donalds el jueves 19 de noviembre en X, en respuesta a una información difundida por el periodista Gary Fineout, de Politico.

La reacción del republicano se produjo después de que la Comisión Municipal de Tallahassee votara por unanimidad, cinco a cero, el miércoles 18 de noviembre para incluir en el orden del día de una próxima reunión un plan que permita evaluar la salida del acuerdo 287(g) suscrito por el Departamento de Policía de la ciudad.

La votación no cancela el convenio con ICE.

La comisión deberá examinar el procedimiento para una eventual retirada y sus posibles consecuencias legales antes de adoptar una decisión definitiva, según informó la prensa local.

Donalds, vencedor de las elecciones a gobernador del 3 de noviembre frente al demócrata David Jolly, asumirá el cargo en enero de 2027.

Su postura contrasta con la de Jolly, quien durante la campaña defendió que las autoridades locales decidieran sobre su participación en el programa 287(g).

¿Qué son los acuerdos 287(g) con ICE?

El programa 287(g), establecido por la legislación federal de inmigración, permite que ICE autorice a determinados agentes policiales estatales y locales a desempeñar funciones de control migratorio federal, después de recibir capacitación y bajo supervisión de las autoridades federales.

Las responsabilidades dependen del modelo de acuerdo suscrito y pueden incluir la identificación de personas sujetas a procedimientos migratorios, el acceso a información federal, determinadas actuaciones durante funciones policiales y la ejecución de órdenes administrativas de inmigración.

La administración del gobernador Ron DeSantis ha impulsado la cooperación entre las agencias policiales de Florida y las autoridades federales, convirtiendo la aplicación de las leyes migratorias en una de sus prioridades.

En Tallahassee, la comisión municipal deberá decidir si mantiene el convenio vigente o avanza hacia su cancelación. Por ahora, no se ha anunciado una fecha definitiva para esa decisión.

Tallahassee reabre el debate sobre su acuerdo con ICE

La iniciativa partió de la comisionada y alcaldesa interina Jacqueline «Jack» Porter, quien expresó durante la reunión municipal: «Estoy lista para avanzar hacia la salida del acuerdo 287(g)», según recogió el diario Tallahassee Democrat, citado por Newsweek.

El alcalde Jeremy Matlow sostuvo que, según su interpretación, la legislación estatal no obligaba a Tallahassee a firmar ese convenio.

La comisionada Dianne Williams-Cox respondió advirtiendo de las posibles repercusiones: «Puede que no lo hayan exigido, pero existen sanciones».

El jefe de policía Lawrence Revell explicó que la participación del departamento en el programa es limitada. Según su intervención, únicamente un agente ha recibido capacitación y tiene acceso a una base de datos de control migratorio. «Ese es nuestro nivel de participación», afirmó.

El debate no es nuevo en Tallahassee. En 2025, la comisión municipal había votado por tres votos contra dos a favor de mantener el acuerdo con ICE. La nueva votación unánime abre la posibilidad de revisar aquella decisión.

Doral y Key West, otros escenarios de la disputa

En Doral, el Concejo Municipal volvió a aplazar el debate sobre su acuerdo con ICE, con una votación de cuatro a uno.

La concejala Maureen Porras fue la única que se opuso a postergar la discusión, mientras activistas que acudieron a la sesión expresaron su rechazo a la decisión.

Otro antecedente es el de Key West, cuya comisión municipal votó en junio de 2025, por seis votos contra uno, a favor de cancelar su convenio 287(g), pero revirtió la decisión nueve días después, tras las advertencias de las autoridades estatales sobre posibles sanciones y destituciones.

Fiscal general advierte de posibles consecuencias legales

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, también intervino en la controversia y respaldó la posición del gobernador electo, aludiendo a una disputa similar en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade.

«Como le dijimos ayer al Concejo Municipal de Doral, dar marcha atrás en un acuerdo 287(g) demostraría la aplicación de políticas de santuario prohibidas y la falta de los máximos esfuerzos para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración. Apoyar a nuestros socios federales y proteger nuestra soberanía no es opcional, es la ley», escribió Uthmeier en X.

La oficina del fiscal general había enviado una comunicación a la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, en la que el fiscal general adjunto Greg Slemp sostuvo que rescindir un acuerdo 287(g) sin una justificación suficiente podría constituir una política de santuario contraria a la legislación de Florida.

La ley estatal no obliga necesariamente a todos los gobiernos locales a suscribir acuerdos 287(g), pero sí prohíbe las políticas que impidan determinadas formas de cooperación con las autoridades federales de inmigración.

El capítulo 908 de los Estatutos de Florida regula esa cooperación.

Su sección 908.107 contempla la posibilidad de que el gobernador actúe contra funcionarios que incumplan sus obligaciones legales, incluida una eventual suspensión del cargo.

También permite al fiscal general acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de la ley y solicitar medidas contra políticas de santuario ilegales.

La posición de la Fiscalía refleja su interpretación de las obligaciones municipales, pero la cancelación de un convenio 287(g) no equivale por sí sola a una infracción judicialmente establecida.

Las consecuencias dependerían de las circunstancias y de las disposiciones legales aplicables.

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