Joe García: Investiguemos entonces a todos

¿Queremos revivir en Miami las mismas listas negras, delaciones y venganzas que marcaron lo peor de la Cuba que huimos?

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De aquella Cuba tratamos de reproducirlo todo. Desde su malecón a las barberías, los pastelitos de coco y hasta los Ladas que ahora transitan por Hialeah. Con Cuba en la memoria, trasplantamos al continente el orgullo y las tradiciones insulares. Pero la imitación tiene sus riesgos. El exilio también importó vicios como el chisme, la ingratitud y las colas para la licencia de conducción. Y algunos francamente repulsivos como la chivatería.

A lo largo de su historia, el régimen cubano ha sido prolífico en la elaboración de registros de enemigos públicos: opositores, intelectuales, personajes incómodos de todas clases.

En el 2023, por no ir más lejos, La Habana actualizó un listado de 61 “terroristas” a los que se le impide el retorno al país bajo las peores acusaciones. En ese grupo incluyeron a opositores, influencers sin seguidores, algún fallecido y hasta al líder histórico de la Fundación Nacional Cubano Americana, mi mentor y amigo Pepe Hernández

Pero ahora, cierto sector de Miami replica con un listado propio de “represores”, “esbirros” y “miembros del Partido Comunista” que supuestamente se han infiltrado en el exilio para cometer todo tipo de fechorías. TikTok está saturado de videos acusatorios, la inmensa mayoría sin evidencias, que parecen encajar en una campaña encubierta, pero muy bien diseñada. Una foto, la acusación anónima, música ominosa y la convocatoria al ajuste de cuentas, y todo empaquetado en 15 segundos.

Por desgracia, a lo largo de su historia Cuba ha sido terreno fértil para este tipo de comportamientos revanchistas. Había chivatones voluntarios en las guerras contra la corona española y durante la República. Bajo Batista los llamaban 33.33, porque recibían un estipendio de 33 pesos con 33 centavos por la profesionalización de la delación. Fidel Castro fue un paso aún más lejos; institucionalizó la chivatería en los Comités de Defensa de la Revolución y las Brigadas de Respuesta Rápida, mientras la Seguridad del Estado calcaba los métodos de la Stasi y algunos maridos cubanos comenzaron a delatar a esposas, hermanos, y de paso, nos imaginamos, a cualquier posible amante de su señora.

¿Y qué hacer cuando el veneno de la acusación anónima aterriza en Miami?


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Una herramienta deficiente de origen

Vayamos por partes. Las listas negras no representan una expresión de justicia, sino únicamente un acto acusatorio. En la mayoría de los casos, el individuo sometido a fusilamiento de reputación no tiene cómo defenderse. Siendo culpable de antemano, evadir el paredón mediático resulta un acto irremontable, incluso si resultase exonerado de las imputaciones. En la era de las redes sociales, la mancha digital suele quedar para la posteridad.

Se sabe, por ejemplo, que el registro de represores creado por un grupo de abogados y activistas de Miami ha debido ser corregido en varias oportunidades por la inclusión de nombres bajo acusaciones insuficientemente sustentadas, e incluso falsas. Es exactamente por eso que tenemos tribunales: para garantizar el debido proceso, donde todos se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

El otro “pequeño problema” tiene que ver con la credibilidad de los creadores de la lista. Se dice que uno de los fundadores del proyecto fue un connotado funcionario del Partido Comunista y miembro del Departamento América del Comité Central, el brazo paralelo de la Inteligencia cubana que ensangrentó la geografía hemisférica con guerrillas armadas, sabotajes y secuestros. Todavía a inicios de los noventa el hombre era un activo miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida que reprimían a los vecinos de su propio edificio en La Habana.

Una maniobra de distracción

Demasiado sospechoso ha resultado el timing de esta campaña. No hizo más que salir la lista a la luz pública, y los tres congresistas de Miami con Carlos Giménez a la cabeza se apropiaron de la narrativa de los “esbirros infiltrados” como quien se cuelga del último helicóptero en Saigon.

Giménez, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar han protagonizado en los pasados cien días un lamentable acto de cobardía política.

La historia de los represores encubiertos ha representado para ellos un salvavidas en medio de un tsunami de decepción. La retórica antiinmigrante de la Casa Blanca los había privado de oxígeno. Mientras Trump atropellaba con amenazas de deportación a cientos de miles de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, desmantelaba los programas de ayuda a la oposición interna en Cuba y dejaba en coma a Radio y TV Martí, ellos respondían con silencio o excusas baldías. Giménez, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar han protagonizado en los pasados cien días un lamentable acto de cobardía política.

Usando la distracción de La lista Negra, la Troika de Miami se ha lanzado a invocar viejos fantasmas -comunistas, espías, criminales-, poniendo el foco en el temible enemigo externo, que no es más que esa Cuba de 66 años que se asfixia sola y sin rumbo. Para defenderse han llegado a extremos inconfesables, jugando con la idea de convertir el mito del Tren de Aragua en una suerte de Tren de La Habana, repleto de abusadores y espías fidelistas.

Nadie sabe si esta vez funcionará la vieja táctica, pero es lo único con lo que cuentan por ahora para entretener al electorado.

¿Cómo aplicar la justicia?

Estigmatizar a casi un millón de cubanos que llegaron recientemente al país por unas pocas decenas de “represores” o antiguos miembros del Partido Comunista que engañaron a los agentes de Inmigración resulta, además de infame, un acto de suprema hipocresía. En Miami son escasos quienes puedan lanzar la primera piedra.

Pero, ¿qué hacer con aquellos que han cometido abusos comprobados en Cuba o simplemente mintieron sobre su pasado?

Existen dos herramientas legales básicas para estos casos. Una es la Ley Global Magnitsky Sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, que restringe la entrada al país a altos funcionarios que hayan cometido ‘graves’ violaciones de las libertades básicas. Se aplica a peces gordos y delitos graves, no a una delación o una galleta en la esquina. El otro instrumento legal es mucho más amplio y efectivo: la expulsión por mentir a las autoridades migratorias sobre la pertenencia al Partido Comunista o la Juventud Comunista durante los cinco años previos a la solicitud de beneficios migratorios, o haber ocasionado perjuicios a otras personas durante el periodo de membresía en esas organizaciones totalitarias. La mayoría de los “represores” deportados a Cuba en los últimos tiempos fueron castigados en virtud de esta última regla.

Francamente, debe ser horrendo toparse en una gasolinera de Miami con el guardia que te golpeó en prisión o el fiscal que te acusó en un juicio amañado.

Pero cacerías de brujas como la impulsada por el congresista Giménez generan interminables interrogantes:

¿Dónde quedó el exilio que perdonaba a los arrepentidos?

¿Basta un simple acto de contrición, o la oferta de cierta información confidencial, para comprar un perdón?

¿Por qué aplicar un estándar judicial diferente a un fiscal en Holguín que a un piloto de combate que dejó tras de sí un rastro de muerte?

¿Qué diferencia a un informante de bajo nivel de un alto funcionario cercano a los Castro?

¿Cómo tratar a los ex agentes de inteligencia que participaron en complots sangrientos en terceros países?

¿Por qué un indulto total para algunos, incluyendo a batistianos y castristas, y el escarmiento para quienes llegaron en 2024?

¿Por qué algunos "esbirros" son más aceptables que otros?

Siendo justos, en Miami podríamos reproducir ahora mismo los mecanismos diabólicos que han operado en la Cuba castrista (y antes en la de Batista, y antes en la de Machado, y antes…etc...

Se podría crear un pequeño ejército, una agencia de antiguos espías y hasta medios de prensa operados íntegramente por viejos propagandistas del régimen. Se afirma que por la radio de derecha deambula hoy un presentador que organizaba actos de repudio en Alamar. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo acusa?

El exilio es lo que es, y desertores ha llegado siempre. Pero, lugar de lanzarse a un frenesí de delaciones, una comunidad responsable debería iniciar un debate profundo y honesto sobre temas como la retribución, el perdón y la reconciliación, que serán claves para la viabilidad futura de la nación cubana.

De antemano sospecho que algunos dirán que no hay peor astilla que la del mismo palo, y otros simplemente argumentarán que los deportados mintieron sobre su antigua pertenencia al Partido Comunista, motivo por el cual son merecedores de la expulsión al país del que huyeron.

En tal caso, propondría ir un paso más lejos: ampliemos el proceso de indagatoria. Investiguemos desde los años setenta hasta el presente a todos los que llegaron al exilio —incluyendo a ciudadanos y residentes legales— para determinar quién dio información falsa respecto a su vinculación con el Partido, la Juventud Comunista, el gobierno, los militares o incluso los camilitos.

Tengo la ligera sospecha de que el tráfico de Miami podría disminuir y los alquileres en Hialeah irían cuesta abajo.

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Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.

Joe García

Padre de una hija, abogado y exrepresentante federal del Partido Demócrata. Reside en Miami Beach, Florida.


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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.




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