Dos ciudadanos cubanos con extensos historiales delictivos habrían sido deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos en un polémico vuelo de repatriación que hizo escala en Sudán del Sur.
La operación, organizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyó a ocho extranjeros condenados por delitos graves, entre ellos asesinatos, agresiones sexuales y secuestros.
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Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los cubanos deportados fueron identificados como Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones.
El primero, arrestado el 2 de mayo de 2025, había sido condenado por homicidio, robo a mano armada, suplantación de identidad, secuestro y otros delitos. El segundo fue detenido el 30 de abril y acumulaba condenas por intento de asesinato en primer grado con arma, agresión, hurto y tráfico de animales caninos.
En rueda de prensa, el director interino de ICE, Todd Lyons, justificó la deportación asegurando que estos individuos “representan verdaderas amenazas a la seguridad nacional y peligros a la seguridad pública”.
Detalló que algunos de los deportados ya habían cumplido condenas largas, pero fueron liberados bajo supervisión debido a que sus países de origen se negaban a recibirlos.
“Tuvimos que hallar un tercer país para devolverlos y eliminar esta amenaza. He lidiado con estos países recalcitrantes por años. Sin embargo, con el presidente Trump y bajo la dirección de la secretaria Noem, ahora podemos evitar que estos depredadores sigan teniendo víctimas en Estados Unidos”, señaló Lyons.
Aunque el vuelo partió desde Texas con destino a Sudán del Sur, no está claro si ese será el lugar de reubicación definitiva. De los ocho pasajeros, solo uno era originario de ese país africano; el resto procedía de Cuba, Birmania, Vietnam y México.
Un juez federal en Boston ha ordenado mantener bajo custodia a los deportados, mientras se evalúa la legalidad del vuelo y si violó una orden judicial previa.
Deportaciones a terceros países y tensiones judiciales en EE.UU.
La deportación de ciudadanos cubanos hacia Sudán del Sur se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump, que ha buscado reubicar a inmigrantes en terceros países cuando sus naciones de origen no cooperan con las repatriaciones.
El Salvador ha sido uno de los principales destinos en este tipo de acuerdos. En enero de 2025, Trump negoció con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, un pacto para aceptar inmigrantes de otras nacionalidades, incluidos criminales peligrosos, como parte de un acuerdo de "Tercer País Seguro".
Este enfoque ha generado controversias legales y políticas. En abril de 2025, un juez federal inició un proceso para declarar en desacato a la administración Trump por ignorar una orden que prohibía la deportación de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, hacia una megacárcel en El Salvador.
Además, la Corte Suprema de EE.UU. confirmó el bloqueo a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por la administración para justificar expulsiones rápidas sin el debido proceso.
Estas acciones han intensificado las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo estadounidense, y han suscitado preocupaciones sobre los derechos humanos y el respeto al debido proceso en las políticas migratorias actuales.
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