Un ciudadano cubano de 55 años fue condenado a nueve años de privación de libertad por el delito de tráfico y comercialización de marihuana, tras un juicio celebrado en la provincia de Santiago de Cuba.
La severa sentencia, dictada por el Tribunal Provincial, ha generado inquietud entre quienes observan con alarma el endurecimiento de las penas relacionadas con drogas en la isla, incluso en cantidades consideradas menores en otros países.
Según reportó la televisión local, el juicio tuvo lugar en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, y se enmarcó en la causa 64 del 2025. El tribunal encontró probado que el acusado fue interceptado el 26 de septiembre de 2024 en la carretera del Pilar esquina Martí, en el municipio de Palma Soriano, mientras transportaba 230 gramos de cannabis sativa, marihuana, en una mochila.
El hombre compraba la sustancia en Palma Soriano y la vendía en su domicilio en la ciudad de Santiago de Cuba. Además de la pena principal, el tribunal ordenó la privación de derechos civiles, la prohibición de salida del país y el comiso del dinero y la droga incautados.
El reportaje televisivo subrayó el carácter “ejemplarizante” del fallo, en línea con la política oficial de tolerancia cero contra las drogas, impulsada por el régimen en medio del Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción y las indisciplinas sociales.
Sin embargo, para muchos cubanos dentro y fuera del país, este tipo de condenas alimentan una preocupación creciente sobre la proporcionalidad de las penas y el uso de los tribunales como herramienta punitiva en un contexto de profunda crisis económica y social.
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Mientras en otras latitudes se debate la despenalización del cannabis, en Cuba una persona puede ser condenada a casi una década de cárcel por menos de un cuarto de kilo. El caso reabre la discusión sobre los límites del castigo y el olvido sistemático de las causas estructurales que empujan a muchos a la ilegalidad.
En las últimas semanas, Santiago de Cuba se ha convertido en epicentro de una ofensiva judicial contra el tráfico de drogas. Por ejemplo, en el poblado de Sigua, un hombre fue detenido con más de 19 mil semillas y 950 plantas de marihuana cultivadas en su patio. El operativo fue celebrado por fuentes oficialistas como muestra de la colaboración entre el MININT y “la población consciente”.
Semanas antes, otro residente de Santiago fue arrestado por tener un pequeño cultivo de marihuana en su patio, usando botellas de ron cortadas como macetas improvisadas. Alegó haber sembrado “lo que tenía”, en una muestra de cómo la precariedad lleva a soluciones desesperadas.
También en junio, una venezolana de 64 años fue sentenciada en el tribunal santiaguero por tráfico de drogas, en un proceso celebrado como parte de una narrativa estatal que busca mostrar “mano dura” sin entrar en los motivos socioeconómicos tras estos delitos.
En otra causa, un joven de 23 años fue condenado a ocho años de cárcel por vender marihuana en envoltorios tipo bombón. Llevaba solo 20 gramos al momento de su arresto. Otro acusado recibió 12 años por transportar cocaína desde La Habana, interceptado en un punto de control.
Todos estos procesos se han ejecutado en la misma sala de delitos contra la seguridad del Estado, en juicios donde la defensa efectiva rara vez se menciona y el discurso de castigo prevalece sobre el análisis estructural.
El mensaje oficial es claro: tolerancia cero, castigo público y exhibición de fuerza. Pero lo que muchos cubanos se preguntan es qué hay detrás del aumento de estos casos, por qué son cada vez más jóvenes y adultos los que terminan enfrentando largos años de cárcel por cantidades mínimas, y si el enfoque represivo realmente soluciona un problema que es, en el fondo, social, económico y político.
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