Con un bastón en una mano y la otra enyesada, Vivian Hernández entró este lunes a una corte criminal de Miami-Dade para asistir a una nueva audiencia previa a su juicio.
Acusada de traspaso, conducta desordenada y resistencia a la autoridad, esta mujer cubana enfrenta no solo un proceso penal, sino también la desilusión y el desgaste emocional de sentirse revictimizada por un sistema que, según denuncia, ha fallado en protegerla.
“Me siento frustrada, me siento cansada y me siento preocupada con lo que es la justicia en este país”, declaró Hernández en entrevista con Univisión.
Me estoy dando cuenta de que la justicia en este país es un privilegio para ricos y un problema para las personas pobres y de bajos recursos, como yo”, añadió.
Un conflicto grabado en video
El caso de Vivian Hernández tomó notoriedad pública tras la difusión de un video que muestra el momento en que fue arrestada violentamente en la oficina del parque de casas móviles Li'l Abner, en Sweetwater.
El altercado ocurrió cuando la mujer intentó pagar su renta, a pesar de estar bajo una orden de desalojo. La situación escaló rápidamente cuando un oficial de policía la confrontó y, según alegan testigos y ella misma, la trató con fuerza desproporcionada.
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El impacto del arresto ha sido tanto físico como emocional. Hernández ha necesitado asistencia médica, y las secuelas son visibles: el yeso y el bastón son evidencia de lo que define como un acto de brutalidad policial.
Trasfondo del conflicto: desalojos y resistencia vecinal
Vivian Hernández no es la única residente del parque Li'l Abner que ha enfrentado tensiones con las autoridades y los nuevos propietarios del terreno. Ella, junto con otros vecinos, ha iniciado una demanda civil en contra de los dueños del parque, denunciando una estrategia sistemática de desalojo y acoso.
“A ella este policía la trató como quiso. Como si fuera una ladrona, como si estuviese haciendo algo malo”, afirmó María Victoria Fajardo, otra residente del parque, quien también ha alzado su voz en contra del trato recibido por los inquilinos más vulnerables.
Miguel Herrera, también residente del parque de casas móviles, fue más allá en sus acusaciones. “El nivel de corrupción está impregnado a todos los niveles y están trabajando con una estrategia como para desestimar y para invertir en un mundo al revés, al victimario ponerlo como víctima y viceversa”, denunció.
Demandas cruzadas y riesgo de cárcel
Hernández no solo enfrenta cargos penales, sino que también ha decidido contraatacar legalmente. Ha presentado una demanda contra la ciudad de Sweetwater, alegando uso excesivo de la fuerza por parte del oficial que la arrestó. Este caso de brutalidad policial está en curso, pero la posibilidad de que ella termine tras las rejas preocupa a quienes la apoyan.
De ser hallada culpable, Vivian Hernández podría enfrentar más de un año de prisión, lo que ha generado alarma entre activistas y vecinos del parque. La siguiente audiencia en su caso está programada para el próximo lunes, y será crucial para definir el rumbo de este complejo y polémico proceso.
Ocho meses después de que un policía de Sweetwater derribara al suelo a Vivian Hernández, de 61 años, durante un arresto que fue grabado en video, la cubana se prepara para enfrentar un juicio en su contra que, según afirma, nunca debió existir.
A pesar de que la fiscalía le ofreció un acuerdo de culpabilidad que le habría permitido evitar la cárcel, la mujer lo rechazó.
La residente del parque de casas móviles Li’l Abner sostiene que fue víctima de un “arresto improcedente” y de un uso excesivo de la fuerza por parte del agente.
El incidente ocurrió en diciembre pasado, en las oficinas administrativas del complejo, en medio de la tensión por una orden de desalojo que afectaba a toda la comunidad.
En ese momento, las autoridades comenzaron la demolición de algunas viviendas, lo que provocó protestas de los residentes.
Los cargos y la postura de la defensa
Hernández enfrenta tres cargos por delitos menores: resistencia sin violencia al arresto, conducta desordenada y allanamiento tras advertencia.
“Creo que es lo más justo porque los tres cargos que me pusieron, a mi entender, son cargos para justificar un arresto improcedente”, dijo en declaraciones a la prensa local la mujer, quien asegura que en todo momento actuó de forma pacífica.
“En ningún momento yo formé disturbio público… de la mejor manera y la forma más decente expliqué por qué ellos no debían estar demoliendo la primera propiedad como lo estaban haciendo”, añadió.
Su abogado, David Winker, respalda la decisión: “Ella simplemente no se siente cómoda declarándose culpable de eso… siente que no hizo nada malo. Cree que es algo por lo que vale la pena luchar”.
El polémico video
El arresto quedó registrado en una grabación que muestra a un agente sujetando a Hernández y lanzándola al suelo mientras ella grita en español.
“No estoy haciendo nada. Me estás usando la fuerza solo por diversión”. La escena, ampliamente difundida en redes y medios locales, se convirtió en un símbolo de la disputa por los desalojos en Sweetwater.
La policía sostiene que Hernández se negó a acatar las órdenes, lo que les obligó a usar la fuerza.
Ella, por su parte, insiste en que la violencia fue innecesaria y que solo estaba intentando pagar su alquiler cuando fue arrestada.
Más allá del proceso penal, Hernández forma parte de una demanda colectiva presentada por unos 200 inquilinos del parque, quienes permanecen en sus viviendas a pesar del inicio de las demoliciones.
“Queremos que se oiga nuestra protesta… que nos valoren el precio justo de nuestra vivienda y nos traten con el respeto que merecemos”, afirmó.
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