Florida se prepara para llevar a cabo este martes la ejecución de Victor Tony Jones, un hombre de 64 años condenado a muerte por el asesinato de una pareja en Miami-Dade en 1990.
Su caso, sin embargo, ha vuelto a colocar en el centro del debate el impacto de la violencia y los abusos sufridos en la infancia, luego de que sus abogados acudieran a la Corte Suprema de Estados Unidos, con una petición de 36 páginas y una solicitud de suspensión de la ejecución, en un intento desesperado por frenar la inyección letal, informó NBC Miami.
Jones fue sentenciado a muerte en 1993 por el homicidio de Matilda y Jacob Nestor, un matrimonio de 66 y 67 años que lo había empleado en su negocio. El expediente judicial describe que ambos fueron atacados brutalmente con arma blanca durante un robo, mientras que Jones resultó herido de bala cuando la víctima masculina alcanzó a dispararle antes de morir.
El peso de los abusos en la infancia
Los defensores de Jones sostienen que el estado de Florida ocultó durante décadas las condiciones de abuso extremo que padeció en la escuela de reforma de Okeechobee, una de las instituciones juveniles más violentas en la historia del estado.
En enero de 2025, el propio gobierno reconoció que Jones había sido víctima de maltrato severo en ese centro, lo que le dio derecho a recibir compensación económica.
Los abogados aseguran que esta admisión constituye una “prueba recién descubierta” que un jurado debería conocer antes de decidir si Jones merece vivir o morir.
Argumentan, además, que su discapacidad intelectual debió impedir que recibiera la pena de muerte en primer lugar, invocando la prohibición constitucional contra castigos crueles e inusuales.
“Algunas personas que cometen crímenes atroces no son condenadas a muerte si un jurado entiende que su vida estuvo marcada por abusos y traumas severos”, sostuvieron los abogados en el recurso presentado el sábado ante la Corte Suprema de EE.UU., citado por NBC Miami.
La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada, en una decisión de 5 a 1, los argumentos de la defensa, señalando que los abusos en Okeechobee ocurrieron hace casi 50 años y debieron haberse presentado antes. Sin embargo, el máximo tribunal de Estados Unidos deberá decidir en las próximas horas si otorga un respiro a Jones o permite que se cumpla la sentencia.
“El presunto abuso ocurrió hace casi 50 años —y aproximadamente 15 años antes de su juicio—, pero Jones no lo planteó en el juicio ni en ningún procedimiento posterior a la condena”, declaró la Corte Suprema de Florida.
“Dado que la reclamación de Jones sobre cualquier abuso sufrido en la Escuela Okeechobee podría y debería haberse planteado antes, está procesalmente impedida”, agregaron.
La política de ejecuciones en Florida
El gobernador Ron DeSantis firmó el death warrant el 29 de agosto, fijando la ejecución para este martes 30 de septiembre a las 6:00 p.m. en la Prisión Estatal de Florida.
Con este caso, Florida alcanzaría su ejecución número 13 en lo que va de 2025, la cifra más alta en la era moderna y la mayor en todo el país este año, según datos citados por WUSF/Associated Press.
DeSantis ya tiene programadas otras dos ejecuciones en octubre, como parte de una política que ha multiplicado los casos de pena capital en comparación con décadas anteriores.
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