Por qué los cubanos en EE. UU. están recibiendo alertas de cierre de cuentas bancarias.

En los últimos días, muchos cubanos que viven en Estados Unidos han empezado a recibir mensajes y cartas de sus bancos, especialmente de grandes entidades, advirtiendo que sus cuentas podrían ser congeladas o incluso cerradas si no actualizan su estatus migratorio. Esto ha generado pánico y mucha confusión: ¿por qué está pasando esto y qué hay detrás de estas alertas?

Primero, hay que entender el contexto legal: Cuba sigue bajo un régimen de sanciones de Estados Unidos, y eso obliga a los bancos a aplicar controles muy estrictos cuando se trata de personas de nacionalidad cubana o de operaciones que puedan tener algún vínculo con la isla. A esto se suma que la segunda administración de Trump ha endurecido de forma agresiva toda la política migratoria, poniendo bajo sospecha generalizada a grandes grupos de inmigrantes, incluidos los cubanos.

En términos simples, los bancos tienen miedo de violar sanciones y también de quedar mal posicionados frente a un gobierno que ha convertido la inmigración en un objetivo central de control y castigo. Por eso están en una fase de “limpieza” o revisión interna, lo que en el sector se llama “de‑risking”: prefieren cerrar cuentas que les parezcan riesgosas antes que enfrentarse a problemas con el Departamento del Tesoro o con autoridades migratorias.

¿Qué están revisando exactamente?

Principalmente tres cosas:

• Si el cliente es ciudadano o residente de Cuba.
• Si está legalmente presente en Estados Unidos en este momento.
• Si hay algún posible vínculo con entidades cubanas restringidas por el gobierno estadounidense.

Aquí entran de lleno los casos de parole y de I‑220A. Bajo Biden, cientos de miles de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entraron con programas de parole humanitario, lo que les daba un estatus temporal y permiso de trabajo. La segunda administración de Trump decidió revocar masivamente esas protecciones: se anunció la terminación del programa CHNV y la cancelación anticipada del parole de más de medio millón de personas, con el aval del Tribunal Supremo para seguir adelante mientras se litiga. En el momento en que el parole se cancela, esa persona deja de estar claramente “legalmente presente” y pasa a un limbo o a ser directamente deportable.

Para los bancos, esto es dinamita: un cliente que ayer aparecía en el sistema con parole válido y permiso de trabajo, hoy puede aparecer sin estatus claro. Los algoritmos de cumplimiento y los equipos de riesgo empiezan a marcar estas cuentas como problemáticas, precisamente en un contexto político donde la Casa Blanca está presionando para mostrar mano dura con los inmigrantes. De ahí surgen muchos de los mensajes masivos pidiendo actualizar estatus, y los bloqueos preventivos de cuentas hasta que el cliente demuestre que tiene otro tipo de protección o un proceso en curso.

El tema de los I‑220A es otro foco de incertidumbre. Decenas o cientos de miles de cubanos entraron por frontera y recibieron este documento de “libertad condicional bajo supervisión”, que no es un parole clásico pero tampoco es una estancia totalmente irregular. Durante años han estado en un limbo: no detenidos, pero sin un estatus estable. En 2025 se han producido decisiones judiciales que empiezan a reconocer que muchos con I‑220A pueden ser tratados de forma más cercana a un parole para fines migratorios, lo que abre la puerta a opciones como el Ajuste Cubano; pero al mismo tiempo, la propia administración Trump ha intensificado detenciones de cubanos con I‑220A en controles de ICE y ha empezado a usarlos como objetivo prioritario en su campaña contra la inmigración.

Desde la óptica bancaria, un cliente con I‑220A es un caso de altísimo ruido regulatorio: no está claro cuánto tiempo puede permanecer, si puede ser detenido o deportado en cualquier momento, y si su situación encaja en la categoría de “presente legalmente” que las normas financieras exigen para permitir el uso sin restricciones de cuentas. Ante esta ambigüedad, muchos bancos optan por protegerse: bloquean, piden papeles adicionales, o directamente cierran relaciones con clientes cuyo estatus depende de figuras como el parole cancelado o el I‑220A.

¿Qué efectos combinados produce todo esto?

• Más cubanos en estatus frágil (parole cancelado, I‑220A, procesos inciertos).
• Un gobierno que convierte la inmigración en blanco político y operativo prioritario.
• Bancos presionados por sanciones, multas y clima político que prefieren cortar riesgos antes que defender a un cliente individual.

¿Qué puede hacer un afectado?

• No ignorar los mensajes del banco.
• Reunir y entregar copias de todo documento migratorio vigente: permiso de trabajo, notificación de asilo, recibos de Ajuste Cubano, extensión de parole, etc.​
• Pedir siempre que el banco explique por escrito el motivo del posible cierre, que suele aparecer como tema de “riesgo” o “cumplimiento regulatorio”.​
• Y, si la situación es grave, consultar con un abogado de inmigración o un especialista en sanciones y banca para valorar si conviene pelear la decisión o moverse a otra entidad financiera.​

El resultado visible son las alertas, bloqueos y cierres de cuentas que hoy están recibiendo tantos cubanos. Para quien está dentro de este huracán, las únicas defensas reales son: no ignorar las comunicaciones del banco, aportar toda la evidencia posible de un estatus o proceso migratorio vigente (asilo, Ajuste Cubano, residencia, renovaciones presentadas), documentar por escrito cada decisión del banco y, cuando sea necesario, buscar asesoría legal tanto migratoria como financiera.

En un escenario donde la segunda administración de Trump ha endurecido la persecución migratoria y ha dinamitado la seguridad de los paroles, demostrar que se camina hacia la residencia o que ya se tiene es la mejor forma de reducir la probabilidad de convertirse en “riesgo” a ojos del sistema bancario.