Los cuatro jueces asignados para dirimir las demandas presentadas en tribunales federales bajo la Ley Helms-Burton acumulan un notable historial de decisiones en casos relacionados con el gobierno de Cuba y la comunidad cubana en Estados Unidos.
Algunos veredictos vinculados a Cuba han tenido implicaciones políticas y diplomáticas de alto perfil, como la compensación a familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate derribados en 1996, y las largas condenas a cinco espías de la Red Avispa, desmantelada en 1998.
Desde que entró en vigor el Título III de la legislación, el pasado 2 de mayo, tres familias expropiadas por el régimen de Fidel Castro han presentado reclamaciones en tribunales del distrito sur de la Florida, mientras que la corporación Exxon Mobil demandó a firmas cubanas en una corte federal de Washington DC.
La activación del Título III de la Ley Helms-Burton, de 1996, permite a compañías y ciudadanos estadounidenses demandar a firmas extranjeras que trafiquen, negocien u obtengan cualquier beneficio de bienes incautados a sus legítimos propietarios por el régimen comunista.
Sendos litigios contra la compañía de cruceros Carnival, interpuestos por la familia cubanoamericana García-Bengochea y la familia Behn, originaria de Kentucky, fueron designados a los jueces James Lawrence King y Marcia Cooke, mientras que una demanda colectiva de la familia Mata, presentada esta semana contra entidades estatales cubanas recayó en la jueza Joan A. Lenard.
La acción legal de Exxon Mobil contra las firmas estatales CUPET y CIMEX se ventilará en un tribunal federal de Washington DC, presidido por el juez Amit Mehta.
Las asignaciones de las demandas se realizan al azar por el sistema de sorteo de los tribunales federales en cada uno de los 94 distritos judiciales, diseminados en los 12 circuitos regionales del país. Los jueces pueden recusar la asignación por motivos diversos que incluyen un potencial conflicto de interés, vínculos familiares o enfermedad.
En el caso de la aplicación de la ley Helms-Burton, los demandados cuentan con 20 días para responder a la querella, a partir de la fecha de admisión en el tribunal. Al cumplirse ese plazo pueden pedir una extensión, lo cual obligaría a convocar una audiencia con ambas partes para que el juez valore la validez de la solicitud y determine si prolonga la fecha para responder a la demanda.
En relación con las demandas contra entidades del gobierno cubano, la comunicación debe hacerse por canales diplomáticos y el plazo para una respuesta es mucho mayor, aunque el régimen de La Habana ha manifestado ya que no responderá a ninguno de los litigios planteados porque no reconoce la jurisdicción de la Ley Helms-Burton.
En un encuentro con empresarios e inversionistas extranjeros en el Hotel Nacional esta semana, altos representantes del gobierno cubano reiteraron que la Ley Helms-Burton no es aplicable en Cuba y ofrecieron garantías para proteger las inversiones foráneas ante las reclamaciones judiciales desde Estados Unidos.
"El gobierno cubano ratifica su decidida oposición y asegura que aplicará todas las garantías legales para proteger los negocios que existen en el país", manifestó en la reunión Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera..
Por voluntad del "azar concurrente", los cuatro jueces federales que valorarán las demandas interpuestas hasta el momento al amparo del Título III, han lidiado anteriormente con asuntos cubanos, lo que marca un importante antecedente de conocimiento a la hora de ejercer sus respectivas decisiones. Los jueces federales son nominados por el presidente y confirmados por el Senado, y sus puestos tienen carácter vitalicio.
Estos son sus perfiles y su historial en casos cubanos:
Juez James L. King
Con 91 años, es una de las figuras legendarias en el sistema judicial de Estados Unidos. Uno de los edificios del tribunal federal del distrito Sur de Florida lleva su nombre en reconocimiento a su trayectoria ejemplar y dedicación a la jurisprudencia. Fue nombrado por el presidente Richard Nixon en 1970.
En 1997 otorgó $187.6 millones en compensación a familiares de pilotos de la organización Hermanos al Rescate que fueron derribados por Migs cubanos en aguas internacionales en 1996.
En su sentencia sobre el caso, King escribió: "El 24 de febrero de 1996, el Gobierno de Cuba, mostrando un vil desprecio hacia las leyes internacionales y los derechos humanos básicos, asesinó a cuatro seres humanos en el espacio aéreo internacional sobre el Estrecho de la Florida''.
La orden de cobro de la indemnización mediante pagos parciales fue dictada por King a partir de los fondos congelados al Estado cubano en bancos de Estados Unidos, así como del dinero enviado a ETECSA por las compañías telefónicas estadounidenses. La decisión del juez de retener los pagos a ETECSA provocó el corte de las comunicaciones telefónicas directas entre ambos países en los circuitos telefónicos directos entre Cuba y Estados Unidos, en febrero de 1999. Los pagos fueron hecho de dos cuentas congeladas en el banco Chase Manhattan de Nueva York.
El abogado Robert Martínez, que representó a los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate en 1997, es uno de los litigantes en la demanda de la familia García Bengochea contra la corporación Carnival. En la demanda presentada el 2 de mayo, el neurocirujano Javier García Bengochea, residente en Florida, alega ser el propietario legítimo de la firma La Marítima Parreño, que tuvo posesión de la terminal principal del puerto de Santiago de Cuba hasta 1960. Desde el 2016, las instalaciones de la terminal están siendo utilizadas por cruceros de Carnival para trasportar viajeros estadounidenses a la isla.
Jueza Marcia Cooke
Nombrada por el presidente George W. Bush en 2004. Primera mujer afroamericana en asumir un puesto de juez federal en la Florida. Desde entonces ha tenido a su cargo numerosos casos de alto perfil, entre ellos el del terrorista de origen puertorriqueño José Padilla.
Prácticamente al ser confirmada en su puesto, Cooke presidió un polémico caso en la comunidad cubana. La jueza desestimó una demanda por "uso excesivo de fuerza" contra los agentes federales que participaron en el operativo armado para sacar al niño Elián González de la casa de sus familiares en Miami, en abril de 2000. En una controversial decisión, Cooke consideró que los agentes federales contaban con absoluta inmunidad para cumplir la misión de reunir a Elián con su padre, por lo que la acción no resultó un acto violatorio de la Constitución.
En 2016 tuvo en sus manos una decisión vinculada a Carnival y sus viajes a Cuba. Cooke consideró discriminatoria la decisión de la compañía de no vender boletos a los exiliados nacidos en Cuba, y fustigó que las normativas del régimen de La Habana fueran aceptadas como válidas por los funcionarios de Carnival. La jueza comparó los obstáculos de las personas nacidas en Cuba para obtener visas de visita a su país de origen con el pasado de discriminación racial en Estados Unidos. "Comparo esto -delcaró Cooke- con los antiguos requisitos de la prueba de votación en el sur de Estados Unidos. Si tenías un cierto color de piel, estabas obligado a pasar una prueba de 20 preguntas sobre los detalles de la Constitución de Estados Unidos". Finalmente el gobierno de Raúl Castro permitió la entrada de cubanos en los cruceros estadounidenses.
Cooke presidirá la demanda interpuesta ahora contra Carnival por Mickael Behn, integrante de la familia propietaria de la firma Havana Docks Corporation, que ocupaba una importante zona de operaciones en el puerto de La Habana, con tres muelles y varios edificios. El régimen castrista los expropió sin indemnización en 1961.
Jueza Joan A. Lenard
Nominada por el presidente William J. Clinton en 1995. Lenard fue la jueza que tuvo a su cargo el proceso judicial contra los integrantes de la Red Avispa, la mayor operación de espionaje del gobierno cubano en Estados Unidos en seis décadas. La red fue desmantelada en 1998 y 12 de sus miembros encausados en un tribunal de Florida. Lenard dictó sentencias contra los agentes que llegaron a acuerdos de culpabilidad con la fiscalía federal y presidió el juicio iniciado en noviembre de 2000 contra tres oficiales y dos agentes de la red, luego identificados como Los Cinco.
Tras ser hallados culpables, en diciembre de 2001, Lenard dictó largas sentencias contra los cinco espías, entre ellas dos penas de prisión perpetua para el cabecilla de la red, Gerardo Hernández Nordelo. Lenard dictaminó que los delitos cometidos por los cinco fueron de "extrema gravedad" y que sus actos estuvieron encaminados a minar "la seguridad de Estados Unidos". Lenard ha sido blanco de implacables críticas desde los medios oficiales cubanos por sus dictámenes y posterior determinación en las apelaciones del caso.
Ahora tendrá que determinar sobre la demanda colectiva de la familia Mata contra compañías cubanas que operan el histórico Hotel San Carlos en la ciudad de Cienfuegos. La acción legal emplaza al Grupo Hotelero Gran Caribe, la Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán S.A., el Grupo de Turismo Gaviota S.A., y la Corporación Cimex S.A., y menciona al conglomerado hotelero español Meliá.
El expediente del litigio no incluye aún a Meliá, pues las normativas legales exigen que las compañías o personas demandadas deben ser notificadas con 30 días de antelación. La demanda es la primera que se enfila contra una firma extranjera y la única que reclama compensación por una propiedad que no figura entre las 5,913 certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia hasta 1972.
Juez Amit Mehta
Nacido en Patan, India, en 1971, y formado en universidades de Estados Unidos. Nombrado por el presidente Barack Obama para el tribunal del Distrito de Columbia en 2014.
Su más controversial sentencia está asociada a un caso legal de 2016 por el secuestro de tres contratistas estadounidenses y la muerte de otro miembro del grupo en Colombia. La acción fue perpetrada en 2003 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), pero el juez Mehta ordenó que el gobierno de Cuba pagara una compensación de $134 millones de dólares a los sobrevivientes y a los familiares del fallecido, considerando su culpabilidad como país patrocinador de una organización terrorista.
Durante casi cinco años, los tres hombres fueron sometidos a palizas, aislamiento, inanición, infección y tortura psicológica, según la querella presentada contra las FARC y Cuba en 2015. El gobierno cubano no respondió a la solicitud de Mehta para defenderse ante el tribunal.
En la sentencia, Mehta señaló que fue la revolución cubana, dirigida por Fidel y Raúl Castro, la que inspiró en 1964 el surgimiento de las FARC, una red terrorista que "buscó asistencia, consejo y apoyo del gobierno cubano". El fallo de Mehta ordenó a Cuba otorgar un poco más de $44 millones en daños compensatorios a cada sobreviviente, y $ 22 millones a la viuda e hijos del piloto fallecido.
Mehta presidirá la demanda por $280 millones de Exxon Mobil contra compañías estatales cubanas. Según la corporación estadounidense, el gobierno de Fidel Castro le expropió una terminal marítima, 109 tanques de almacenamiento con una capacidad total de 2,4 millones de barriles, así como siete plantas de envasado y 117 propiedades de estaciones de servicio, en 1960.
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