El anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones al exgobernante cubano Raúl Castro y sus hijos ha sido bien acogido por los opositores al régimen socialista, pero estos piden que se extiendan también a los miembros del Gobierno y los cuadros del Partido Comunista de Cuba (PCC).
"Justas y necesarias sanciones de EEUU contra el tirano Raúl Castro y familia, deben aplicarse también a otros altos funcionarios del régimen y familiares", escribió en Twitter José Daniel Ferrer, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una de las organizaciones más perseguidas en los últimos meses por la Seguridad del Estado.
Ferrer, quien estuvo preso por la Marcha de los Girasoles en Santiago de Cuba, afirmó que "los criminales, los violadores de los derechos humanos, deben sentir que sus acciones tienen consecuencias".
"Con los crímenes que Raúl Castro y sus cómplices han cometido y cometen contra el pueblo cubano, el venezolano, y otros pueblos del continente, toda sanción contra ellos es poco mientras no sean sentados en el banquillo de los acusados", agregó en otro tuit.
De momento las sanciones contra el hermano del fallecido dictador Fidel Castro incluiría la prohibición de entrada a territorio estadounidense y otra serie de sanciones que serán comunicadas. Estas se aplicarán también a sus hijos Alejandro Castro Espín, Deborah Castro Espín, Mariela Castro Espín y Nilsa Castro Espín, detalló el Departamento de Estado.
En una entrevista con la cadena NTN 24, la activista Rosa María Payá confesó que espera "que estas medidas sean también expandidas a todos los que sabemos forman parte activa, desde la cúpula del poder en Cuba, en la represión en la Isla y en el resto de la región".
Payá, quien es parte de la iniciativa ciudadana CubaDecide, recalcó que las sanciones "van directamente a mencionar por nombres a los represores, al señor Raúl Castro como uno de los criminales que mantiene sometido al pueblo cubano y también al pueblo venezolano".
"Esto les preocupa mucho sobre todo en un ambiente como el que se está viviendo en la Isla, donde los cubanos están cada vez más descontentos, están cada vez reclamando un cambio y ese régimen está cada vez más vulnerable. Por tanto es muy peligroso, por tanto se pueden poner aun más represivos y la manera de frenar la impunidad con que ejercen la represión es tomando acción desde la comunidad internacional", agregó.
A esta petición se sumaron otros activistas como Katerine Mojena quien afirmó en Twitter que "toda su camarilla es la culpable de la desgracia no sólo del pueblo cubano sino de otros países del hemisferio".
"El paso dado ayer por EE.UU. contra Raúl Castro y sus familiares cercanos es muy importante, pero deben aumentarse las acciones contra los organismos que mantienen la represión y hacia la cúpula del Partido Comunista. También es necesario que América Latina asuma este compromiso", tuiteó Félix Llerena, coordinador del Instituto Patmos y promotor de la campaña Cuba Decide.
Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos las relaciones con Cuba pasaron del deshielo impulsado por su antecesor Barack Obama a sanciones como la prohibición de cruceros a la Isla, a buques petroleros que exportaban desde Venezuela y la activación del Título III de la Ley Helms-Burton mediante el cual los familiares de personas expropiadas por el régimen pueden presentar demandas contra empresas que se han beneficiado de esos inmuebles.
Así mismo, las visas que otorga EEUU a los cubanos se vieron reducidas por la retirada de gran parte del personal diplomático en la embajada de esa nación en La Habana. Esta situación provocó desde finales de 2018 un éxodo masivo de cubanos a través de Centroamérica.
Hasta junio de 2019 se habían concebido apenas 6.292 visados de inmigrante a nacionales cubanos, según cifras del Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Este sería el segundo año consecutivo que se incumple las 20.000 acordadas.
Mientras desde La Habana insisten en culpar al embargo y a EEUU de todos los problemas y el desabastecimiento en la Isla, desde Washington aplican estas sanciones por el apoyo del castrismo para mantener a Nicolás Maduro en el Gobierno de Venezuela y "por graves violaciones de los derechos humanos" como los más de 100 presos políticos en las cárceles.
En Cuba, además, aumentan la represión a las personas no afines al Gobierno, quienes son detenidos de manera arbitraria, se les prohíbe la salida del país y además se les expulsa de centros de estudios como a la exprofesora del Instituto Superior de Diseño de La Habana, Omara Ruiz Urquiola.
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