En una decisión que beneficia a miles de cubanos varados en México, un tribunal federal dictaminó que no se puede limitar el asilo político a los migrantes que llegaron a la frontera con Estados Unidos antes del pasado 15 de julio.
El dictamen de la jueza federal Cynthia Bashant, del distrito Sur de California, favorece a miles de cubanos que pidieron el asilo antes de esta fecha, incluso defensores de migrantes aconsejaron que los indocumentados demuestren que hicieron la petición antes de mediados de julio.
Bashant explicó en su resolución que el gobierno estadounidense "podría haber promulgado la prohibición de asilo sin especificar un período de tiempo". "También podría haber promulgado la prohibición de asilo con un lenguaje que especificara que sería efectiva de forma retroactiva para aquellos que estaban en la frontera antes de la fecha en que se adoptó el reglamento", agregó la jueza.
La medida también podría hacer que se presenten recursos de apelación por los casos perdidos en los que el inmigrante no solicitó asilo en un tercer país.
"Veo esta decisión favorable porque las leyes de Estados Unidos no se pueden aplicar de una forma retroactiva si es para hacerle daño al individuo", explicó el abogado de inmigración Willy Allen a América Tevé.
La administración de Donald Trump anunció el pasado 15 de julio una normativa que estableció que los inmigrantes que quisieran pedir asilo político en Estados Unidos, antes tenían que pedir primero protección en un tercer país.
En aquella ocasión, el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional explicaron que se trataba de fijar "más restricciones o límites de elegibilidad para los extranjeros que piden asilo en Estados Unidos".
La controvertida medida entró en vigor al día siguiente de ser anunciada, pero organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron un recurso legal. De hecho ya habían alertado que las nuevas restricciones afectaban a miles de inmigrantes que llevaban más de cuatro meses esperando presentar su petición de asilo.
Por el momento el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional no han valorado la decisión judicial.
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