El Senado de Florida aprobó una propuesta legislativa que obliga a las empresas privadas a verificar el estatus legal de sus empleados, una medida que podría afectar a miles de trabajadores indocumentados en el Estado.
La normativa SB 664 -apoyada por 22 senadores y rechazada por 18 este lunes- también permitirá que el gobierno audite de manera aleatoria a las empresas que optan por no usar el programa federal conocido como E-Verify.
Esta medida, que aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes estatal, podría generar la pérdida de hasta 253 500 empleos irregulares en Florida, especialmente en los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción.
Es muy probable que la Cámara discuta el proyecto y lo apruebe, lo que despeja el camino para que el gobernador Ron DeSantis lo convierta en ley, pues la implantación del E-Verify fue uno de los temas de su campaña electoral, sintonizada con la política migratoria de la administración de Donald Trump.
El proyecto de Ley -de matiz antiinmigrante- también afectará a las empresas y negocios del centro y sur del estado, muchos de ellos emprendidos por cubanos que usan mano de obra indocumentada para trabajos rudos.
También asestaría un fuerte golpe a los cubanos que esperan el plazo de un año y un día para acogerse a la Ley de Ajuste y, especialmente, al número creciente de aquellos que han cruzado de forma ilegal la frontera de México, y buscan ganarse la vida en empleos irregulares mientras aguardan por regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.
En la votación el lunes el senador George Gainer, de Panama City y que representa a muchas comunidades rurales en los condados del denominado Panhandle de Florida, fue el único republicano en votar con los demócratas contra el proyecto legislativo.
El lunes en la tarde, el Partido Republicano de Florida emitió un comunicado celebrando que la "economía de Florida continúa creciendo bajo el liderazgo del gobernador (Ron) DeSantis y al usar E-Verify solo ampliaremos los empleos y las oportunidades para los trabajadores legales en nuestro estado".
Sin embargo, varios empresarios opuestos a la medida señalan que cuando una ley similar se aplicó en otro estado de amplia presencia de inmigrantes como California, se evidenció que los trabajos perdidos en sectores como la agricultura no fueron ocupados luego por trabajadores nativos.
El reporte del grupo proinmigrante FWD.us, "Evaluación del impacto de la adopción obligatoria de verificación electrónica para Florida", explicó en enero que la ley provocaría la pérdida de $10.660 millones de dólares en ganancias y $1.250 millones en ingresos fiscales estatales y locales.
Los "trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida", señaló el documento.
Asimismo subrayó que estos "aportan hasta $36.500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida".
Se calcula que actualmente residen en Florida unos 700.000 inmigrantes indocumentado y de ellos alrededor de 440,000 están trabajando o buscando trabajo en el estado.
Por otra parte, los empresarios aseguran que la adopción del E-Verify "transfiere parte de la carga del costo y la responsabilidad de la aplicación de la ley de inmigración a las empresas de Florida".
De aprobarse este proyecto en la Cámara de Representantes, solo faltaría ser firmado por el gobernador Ron DeSantis para que entre en vigor.
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