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No permitirán cámaras en audiencias previas al juicio por la muerte de George Floyd

Los abogados defensores, al igual que los medios de comunicación, habían solicitado permisos para realizar grabaciones audiovisuales.

De izquierda a derecha, los exoficiales Derek Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane. © Oficina del Sheriff del condado de Hennepin.
De izquierda a derecha, los exoficiales Derek Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane. Foto © Oficina del Sheriff del condado de Hennepin.

Este artículo es de hace 3 años

Un juez de Minnesota se negó a que los juicios contra los ex oficiales involucrados en el incidente de violencia que precedió a la muerte del afroamericano George Floyd, tuvieran la presencia de los medios de comunicación.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, cuya oficina lleva lidera la acusación, precisó que permitir la entrada de los medios traería “más problemas de los que resolvería”, mientras que Thomas Plunkett, uno de los abogados de los ex policías, presentó la moción para que se permitiera el registro de cada uno de los procedimientos previos al juicio y durante el mismo.

Los abogados defensores, al igual que los medios, habían solicitado permisos para realizar grabaciones audiovisuales. Sin embargo, Peter Cahill, el juez de distrito del condado de Hennepin, rechazó la solicitud y señaló que la fiscalía se había opuesto, informan en un reporte conjunto Univision y la agencia estadounidense AP.

De acuerdo con las leyes de Minnesota, el juez, los fiscales o los abogados defensores pueden vetar coberturas mediáticas durante los procedimientos judiciales penales antes de una condena. El juez decidirá más adelante si se permitirá la cobertura mediática con cámaras en el juicio.

Una moción presentada por la defensa argumenta que las grabaciones son necesarias para garantizar que los acusados enfrente un proceso justo, ya que los abogados sostienen que ha habido “comentarios públicos múltiples e inapropiados” de los fiscales y otros funcionarios.

“La conducta del Estado ha hecho que un juicio justo e imparcial sea extremadamente improbable y los demandados buscan cobertura de video y audio para dejar que brille una luz de limpieza en estos procedimientos. Hacer lo contrario permite que estos funcionarios públicos se hagan cargo de la Constitución”, explicó el abogado Thomas Plunkett, en representación de J. Kueng, uno de los cuatro exoficiales involucrados en el violento incidente del pasado 25 de mayo.

La moción señala que el jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, catalogó recientemente a la muerte de Floyd como “asesinato”.

El viernes, el fiscal Ellison dijo que permitir las cámaras en la corte crearían “más problemas de los que resolvería” al alterar la forma en que los abogados presenten evidencia y podrían intimidar a los testigos.

Los cuatro exoficiales deben presentarse ante el tribunal el próximo lunes para audiencias previas al juicio para tratar asuntos relativos a la reducción de la fianza. Chauvin, principal acusado, permanece bajo custodia con una fianza fijada en 1,000,000 de dólares a cumplir con condiciones, mientras que a Thao se le impuso una fianza condicional de 750,000.

Por otro lado, Thomas Lane y Kueng están libres tras el pago de sus respectivas fianzas.

Floy murió en Minneapolis luego de ser inmovilizado en el suelo por los cuatro acusados y de que Chauvin mantuviera su rodilla por más de 8 minutos presionando el cuello del detenido mientras este repetía que no podía respirar.

El violento incidente provocó una oleada de protestas multitudinarias a lo largo de Estados Unidos y otros lugares del mundo, en contra del racismo y la violencia policial. Las manifestaciones, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, han estado acompañadas de hechos vandálicos y de violencia, como incendios a establecimientos, saqueos e incluso el derribo y la desacralización de monumentos y estatuas.

La víspera, el presidente de EE.UU. Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para proteger los monumentos, estatuas y memoriales estadounidenses; a la vez, aseguró que la disposición también busca combatir la violencia criminal reciente”.

“Largos períodos de prisión para estas acciones ilegales contra nuestro gran país”, advirtió el mandatario. Según el decreto, cualquier persona o grupo que destruya un monumento o estatua puede enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión. Algunas de las figuras han sido pintadas con símbolos del comunismo, lo cual ha aumentado las sospechas de que en las manifestaciones puedan estar implicados movimientos de izquierda más radicales.

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Maykel González

Periodista de Cibercuba. Graduado de Periodismo por la Universidad de La Habana (2012). Cofundador de la revista independiente El Estornudo.


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