Una investigación policial en Quemado de Güines, en Villa Clara, reveló que una veintena de personas estaban involucradas en la falsificación de unos 148 nacimientos para disponer de las respectivas cuotas de la canasta básica en las bodegas.
En total, fueron identificadas 22 personas vinculadas a las siguientes áreas: oficina del Registro del Consumidor, administradores y dependientes de bodegas, funcionarios del Grupo de Inspección Estatal del Comercio y la empresa mayorista, y otras cinco personas ajenas a la entidad.
La investigación fue abierta por quejas de la población ante el "descontrol y mal trabajo" de los dependientes en varios establecimientos -según precisa un reportaje de la Televisión cubana que ha reportado el caso- que añade que en total estaban involucradas cinco bodegas.
A la veintena de personas relacionadas con el caso se les acusó por el delito de “malversación de los bienes del Estado".
Daniel Machado Moya, capitán del Ministerio del Interior (MININT), dijo que la policía hizo una “comprobación económica al Grupo de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Comercio, quienes al realizar el trabajo de control detectaron que había una cantidad de 148 niños 'no nacidos', a los cuales les estaban otorgando los productos de la canasta básica en su totalidad".
"Todos estos productos, que se fueron adquiriendo de forma ilegal, le provocan una afectación económica al presupuesto del Estado", añadió.
Del total de personas relacionadas con el caso, seis se encuentran en prisión provisional y todos han sido separados de sus cargos y puestos de trabajo.
Funcionarios y directivos a prisión
No es la primera vez que la policía lleva a cabo un operativo contra administradores de bodegas en los últimos meses por desvío de artículos de la canasta básica. Sin embargo, en este caso de Quemado de Güines resulta especialmente significativa la cantidad de personas y áreas de trabajo involucradas, así como la singularidad de la falsificación del registro de "niños no nacidos".
En la avalancha de investigaciones policiales de los últimos tiempos -de las que presume el Gobierno cubano en medio de la escasez generalizada- ya son varios los directivos, funcionarios y empleados sancionados por delitos económicos vinculados con empresas estatales.
En agosto, la Policía en de Guantánamo confiscó a funcionarios de la empresa municipal de Gastronomía de esa provincia equipos de refrigeración y audio, prendas y un jeep marca Willy, entre otros, resultantes -presuntamente- del desvío de mercancías que comercializaban en el mercado informal. En ese acaso estimaron en 3 millones de pesos las pérdidas.
Previamente, a comienzos de julio, la investigación sobre el hallazgo de 34 planchas de acero que fueron descubiertas en Las Tunas arrojó que estaba implicado el director de una empresa de CUPET, y que el cargamento de acero encontrado fue sustraído de la UEB “Logística”, adscrita a la empresa de Mantenimiento del Petróleo, que forma parte de CUPET y tiene alcance nacional.
En junio, casi una treintena de personas -entre directivos y trabajadores- fueron relacionados con una extensa red de robo de carne de cerdo en la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus. En ese operativo policial fueron decomisadas 1027 libras de carne de cerdo, que estaban escondidas en áreas interiores y exteriores del recinto.
El Gobierno cubano ha reforzado el control policial en los últimos meses con el fin de combatir delitos relacionados con el robo y la malversación de insumos de todo tipo, de lo cual la prensa oficialista se ha venido haciendo eco con reportajes sobre arrestos y decomiso de mercancías, siempre con un carácter aleccionador.
Ante esos procedimientos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la ola de juicios ejemplarizantes que el régimen cubano televisa de forma sistemática. "Es también un contrasentido que (el gobierno) dé lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero", indica el OCDH.
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