El programa que obliga a los migrantes a esperar en México la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos, así como el que gestiona los fondos para construir el muro en la frontera suroeste del país, serán analizados por el máximo tribunal de justicia estadounidense.
La Corte Suprema anunció este lunes que atenderá las dos apelaciones que se han hecho por tribunales estadounidenses, lo que implicaría una revisión a la política de la administración de Donald Trump en materia migratoria, pero esto podría tardar hasta el 2021.
El Programa de Protección del Migrante o Programa Permanecer en México (MPP) es una de las estrategias del presidente Trump desde que llegó al poder para poner freno a la migración.
Trump asegura que los extranjeros que buscan asilo en Estados Unidos pretenden conseguir refugio abusando de “lagunas” en la ley vigente.
El MPP se activó en enero de 2019 y obliga a los solicitantes de asilo a esperar en la frontera mexicana la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración estadounidenses.
En la tercera semana de marzo el gobierno de Estados Unidos cerró la frontera con México por la pandemia del coronavirus. Hasta entonces el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había retornado a más de 62,000 migrantes solicitantes de asilo, la mayoría de ellos originarios de Centroamérica.
La Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP) indicó que la crisis del coronavirus hizo bajar el número de casos de asilo, pero lo cierto es que el programa está suspendido temporalmente bajo el pretexto de la crisis del coronavirus.
En febrero una corte de apelaciones estadounidense bloqueó el programa por estar en desacuerdo con la ley federal y los tratados internacionales. Sin embargo, la Corte Suprema en marzo suspendió ese dictamen mientras consideraba escuchar una apelación. Esto le posibilitó al gobierno de Trump continuar adelante con su programa.
En julio la disputa jurídica se retomó cuando personas que pedían asilo y grupos legales, representados por la ACLU, denunciaron la suspensión temporal del MPP. Este freno en la tramitación de expedientes podría hacer que los servicios colapsaran y que los 62,000 casos que aguardan en México la resolución de sus peticiones de asilo tengan que enfrentar años de espera.
Otra práctica ha sido la deportación por terceros países
En septiembre un grupo de senadores demócratas estadounidenses condenaron al gobierno de Donald Trump por deportar a migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Esta semana el senador cubanoamericano Robert (Bob) Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, acusó a la administración de Donald Trump de deportar venezolanos silenciosamente a través de terceros países.
“Nuevos documentos presentados a mi oficina confirman que las deportaciones estadounidenses de venezolanos continuaban a través de terceros países por lo menos hasta marzo del 2020, mientras que la administración Trump ha ofrecido pocas garantías de que no seguirá retornando venezolanos a la fuerza”, indicó Menéndez en carta a Mike Pompeo, Secretario de Estado.
Menéndez recalcó que, aunque las leyes estadounidenses prohíben que los refugiados sean devueltos a países en que sus vidas corren peligro, la administración Trump propicia que esto ocurra de modo sistemático y solapado.
“La ley estadounidense prohíbe el regreso a la fuerza de refugiados a lugares donde sus vidas o sus libertades estarían amenazadas. (…) Las continuadas deportaciones de ciudadanos venezolanos por parte del gobierno parece socavar estas políticas”, agregó Menéndez en su texto.
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