En unos fragmentos tomados del video de la conferencia de prensa emitida por el movimiento 27ENE el pasado 30 de enero, diversos integrantes del grupo ofrecen sus testimonios sobre los acontecido el 27 de enero en la sede del Ministerio de Cultura en La Habana.
Ante la pregunta de por qué los congregados ese día frente al Ministerio decidieron no pasar al interior de la institución para reunirse con las autoridades cuando el viceministro Fernando Rojas les ofreció hacerlo, la curadora Solveig Font explicó que el organismo estaba rodeado de policías y ellos no se sintieron seguros ni consiguieron aclarar las intenciones de los funcionarios que les invitaban a pasar.
“Teníamos un ejército policial fuera y estábamos temiendo que algo pudiera pasar dentro. Al menos yo no me sentía en confianza para entrar y dialogar con la Seguridad [del Estado] fuera. Así se lo dijimos a Fernando [Rojas]”, aclaró Font en la rueda de prensa.
La condición de entrar sin teléfonos celulares también provocó desconfianza entre los congregados ya que, como expuso Font, esa es “la única arma” con la que cuentan los miembros de la sociedad civil.
Además, entre las reclamaciones hechas ese día, los manifestantes denunciaron el secuestro por parte de la Seguridad del Estado de tres personas que debían participar en la reunión convocada por el propio viceministro Fernando Rojas.
Ante las detenciones efectuadas ese día, Font se pregunta por la confianza o las garantías que puede inspirar la palabra dada por un funcionario que dice estar dispuesto al diálogo con condiciones leoninas y con una turba preparada para ejercer la violencia a las puertas del ministerio. “Yo creo que todo estaba preparado y aquello era una encerrona”.
Cuando preguntaron si la congregación del 27ENE era una amenaza o una provocación frente al Ministerio de Cultura, tal y como se ha querido representar por parte de la prensa oficialista y las versiones de los acólitos del régimen, la activista Carolina Barrero niega que supusieran amenaza alguna, ni siquiera de desorden público.
“Teníamos plena conciencia de la situación socio-sanitaria del país y guardamos todo el tiempo la distancia de seguridad, seguramente con más disciplina que en cualquiera de las colas que diariamente suceden. No constituíamos un peligro ni estábamos infringiendo las normas sanitarias de este momento”, subrayó Barrero.
No había intención de desorden alguno, enfatiza la activista. “Estábamos allí leyendo poesía y pidiendo que se liberaran a integrantes del 27N que habían sido detenidas de manera arbitraria. Por supuesto queríamos un diálogo, pero sin la policía”, concluyó.
Una de los argumentos más escuchados de voces oficialistas apuntan al malestar que pudo causar en los funcionarios de cultura, incluido el propio ministro, el hecho de verse filmados por las cámaras de los teléfonos celulares. ¿Por qué estaban filmando a los funcionarios?, preguntaron a los integrantes del movimiento 27N.
Carolina Barrero también respondió a esta pregunta. “Los funcionarios se deben a un servicio público del cual es inalienable el principio de transparencia. Ellos tienen que saber que si van a dialogar como parte de su función pública tienen que hacerlo de manera pública y transparente”, precisó.
“No son una entidad privada y no es un delito grabar al ministro, es parte de su función como servidor público. Deben estar sometidos al escrutinio y rendir cuentas de lo que hacen en el ejercicio de sus funciones. Y nosotros los ciudadanos debemos exigirlo como parte de nuestros derechos”, afirmó la activista.
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