El Gobierno cubano ejerce un silenciamiento forzoso de medios de comunicación, periodistas y activistas independientes, cerró la edición impresa de una revista católica y usa a la empresa ETECSA como brazo ejecutor de la policía política, incluidos cortes y bloqueos de telefonía e Internet, aseguró la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que calificó el manotazo del ministro de Cultura contra un comunicador independiente como "símbolo de la relación del estado con la libertad de prensa".
La Sociedad Interamericana de Prensa evaluó el ejercicio de la libertad de prensa en Cuba entre noviembre y abril, cuando apreció actos de repudio, campañas televisivas contra la sociedad civil, y un descontento generalizado por la crisis económica cada vez más aguda, que ha originado varias protestas ciudadanas.
"El panorama legal sigue siendo restrictivo contra el ejercicio de las libertades de prensa, expresión e información, por el absoluto control de la policía política sobre el aparato judicial, y la existencia de un marco jurídico general encaminado a silenciar a los ciudadanos críticos.
"En el periodo, además, se ha destacado el uso del monopolio estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (ETECSA), como brazo ejecutor de la Seguridad del Estado en materia de silenciamiento de periodistas independientes, a partir de suspensión del servicio de Internet y telefonía a determinados periodistas durante periodos de tiempo variables", detalló la SIP.
La edición impresa del boletín Vida Cristiana, único medio no estatal autorizado a distribuirse nacionalmente, fue eliminada alegando la escasez de papel periódico en Cuba, recordó la SIP.
El manotazo del ministro de Cultura a un periodista independiente "simboliza la relación del estado con la libertad de prensa", asegura la evaluación de la SIP, que contiene una detallada relación de atentados contra la libre expresión de los ciudadanos y medios independientes cubanos en el período evaluado.
En enero, al cumplirse dos meses de la protesta de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura, siete comunicadores independientes acudieron al mismo lugar para reportar la reunión de un pequeño grupo de creadores con autoridades, pero la concentración fue cortada por el propio ministro Alpidio Alonso, quien salió a la calle y agredió al periodista que lo filmaba, Mauricio Mendoza; mientras funcionarios y agentes de civil empujaron y detuvieron a los periodistas, indicó el reporte.
En noviembre, más de una docena de artistas, activistas y periodistas fueron sitiados por el Ministerio del Interior (MININT) en una casa en el barrio habanero de San Isidro, y algunos de ellos –como los periodistas Iliana Hernández y Esteban Rodríguez- se declararon en huelga de hambre, recordó el informe.
La protesta terminó cuando agentes del MININT, disfrazados de médicos, irrumpieron en la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara y los sacaron con el pretexto de proteger su salud, al haber entre ellos un periodista, Carlos Manuel Álvarez, llegado desde el extranjero que no había cumplido parte del protocolo de la Covid-19, precisó la SIP.
El régimen cubano lanzó una campaña de desprestigio en redes sociales, prensa escrita y el Noticiero Nacional de Televisión, atacando a Iliana Hernández, Carlos Manuel Álvarez, Mauricio Mendoza y Nelson Álvarez Mairata, extendiendo los ataques a los medios de comunicación para los que trabajan, añadió.
"La difamación a los periodistas estuvo centrada en la subordinación a las órdenes del Gobierno estadounidense, un viejo recurso del régimen cubano para perseguir a todos los que le molestan", remarcó la SIP.
La Sociedad Interamericana de Prensa también recogió en su informe semestral sobre Cuba los arrestos intermitentes, incluidos los ilegales en sus propios domicilios, sufridos por Luz Escobar, Yoandi Montiel (youtuber conocido como El gato de Cuba), María Matienzo, Carlos Manuel Álvarez, Nelson Álvarez Mairata, Mauricio Mendoza, Katherine Bisquet, Yunier Gutiérrez, Iliana Hernández, Héctor Valdés Cocho, Esteban Rodríguez, Yoel Acosta Gámez, Reinaldo Escobar, Alejandro Hernández Cepero, Ismario Rodríguez, Enrique Díaz, Vladimir Turró, Rafael Vilches y Adrián Góngora.
Yoel Acosta Gámez fue multado en virtud del Decreto Ley 370, que castiga la libre expresión en Internet; la esposa del periodista Yoe Suárez, la madre de Nelson Álvarez Mairata, el editor Henry Eric Hernández, la escritora Lien Estrada, y los influencers El gato de Cuba y Ari Guibert fueron sometidos a interrogatorios policiales, recordó la SIP, que denunció los desalojos forzosos de las viviendas alquiladas de Jancel Moreno, Katherine Bisquet, Héctor Valdés Cocho y Nelson Álvarez Mairata.
La SIP observó un aumento de los casos de personas castigadas con pérdida de sus estudios o empleos estatales por publicar opiniones o informaciones en Facebook, como el estudiante de medicina José Carlos Santos.
Sin llegar a ser expulsados, fueron amenazados por sus opiniones en Facebook, el pastor Manuel Cecilio Ramos y el médico Sandor Fenollar; mientras que a Sadiel González un policía le arrebató su teléfono por filmar un acto de repudio, y el activista Bárbaro de Céspedes sufrió varias incautaciones de teléfonos móviles, con que trasmitía de forma directa desde las calles de Cuba, matizó el comunicado.
El Instituto Cubano para la Libertad de Prensa (ICLEP) reportó un sostenido acoso contra todos los encargados de los boletines comunitarios que produce, incluidos citaciones policiales, registros en sus casas, decomiso de bienes de trabajo, cortes de comunicación y amenazas de prisión, narró la SIP.
Varios comunicadores, la mayoría mujeres y miembros de la comunidad LGTBIQ+, reportaron ciberacoso y amenazas violentas en redes sociales.
En Cuba, siguen bloqueados decenas de portales de la prensa independiente y de organizaciones internacionales de derechos humanos, así como plataformas de recogida de firmas, mientras el "régimen financia un amplio sistema de hackeo contra cuentas de activistas y periodistas independientes", concluyó.
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