Gobierno de Cuba amenaza a su emigración a golpes de déjà vu

Nuevas amenazas como método para la implantación del terror en la emigración cubana reciclan viejas prácticas del poder en Cuba.

Ministerio de Justicia y Pasaporte cubano Foto © CiberCuba

Hace apenas unos meses, un cubano fue acusado de terrorismo en Cuba. Un tren descarrilado en 2019 -reportado entonces como accidente- se convirtió de pronto en un acto terrorista, cometido supuestamente por un ciudadano cubano residente en Estados Unidos.

El accidente o atentado, como lo quieran llamar, ocurrió en las inmediaciones de lo que fuera la finca de este cubano. Luego de ser formalmente acusado, es lógico asumir todas sus pertenencias fueron incautadas, incluyendo sus hectáreas de tierra.

Este no es el único caso de un cubano acusado de terrorismo y, mucho menos, de confiscaciones de tierras tras cuestionables y sumarísimos procesos judiciales.

Un ejemplo reciente de esto último lo constituye el artista cubano Descemer Bueno, quien el pasado 2020 denunciaba haber sido despojado de posesiones en la isla solo por criticar la gestión del gobierno de Cuba y sus dirigentes.

Estos hechos, y los que están por venir, cobran sentido tras las recientes declaraciones -dígase amenazas - del fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe de departamento en la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República.

Brevísimos apuntes de los albores de la "justicia revolucionaria"

A Bueno le antecedieron decenas de empresarios durante los primeros años del proceso de 1959, cuyas propiedades fueron confiscadas sin indemnización. En cuanto a las acusaciones de terrorismo, también se remontan a los mismos inicios de la “revolución”.

En su boletín No. 9 de agosto de 1959, la Comisión Internacional de Juristas del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas expresó públicamente su preocupación en relación con los derechos humanos en la isla.

Entre los reclamos de los letrados destacaban la solicitud de observar los juicios de 70 acusados por delitos contra la Seguridad del Estado, en medio del aumento de las ejecuciones, que por aquel entonces estaban a la orden del día en Cuba.

La mayoría de sus reclamos nunca fueron atendidos. Un ejemplo fue un cable enviado a Fidel Castro en diciembre de 1960 sobre el juicio contra el Dr. Humberto Sorí Marín, exministro de su gobierno y asesor legal del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra durante la lucha contra Batista.

"La Comisión solicitó información sobre los cargos contra el Dr. Sorí y expresó su preocupación acerca de la naturaleza de este juicio. No se recibió respuesta. El Dr. Sorí fue ejecutado en abril de 1961".

La respuesta la daría el Che Guevara en aquel histórico discurso, el 11 de diciembre de 1964, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: "Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte".

De vuelta al presente

Durante la más reciente emisión del programa Hacemos Cuba conducido por el presentador Humberto López, el fiscal José Luis Reyes Blanco aseguró que “las leyes [cubanas] permiten el juicio de personas que no se encuentran en el país”. El letrado precisó además que “aquellos individuos que financien, convoquen, coordinen estas acciones pueden ser procesados en ausencia o pueden ser extraditados mediante la cooperación jurídica internacional”.  

Aunque se desconoce si las autoridades estarían contemplando la solicitud de extradición de cubanos emigrados, estas declaraciones están muy lejos de ser casuales. Horas antes de salir al aire Hacemos Cuba, el Tribunal Supremo Popular había entregado la propuesta de Ley de Procedimiento Penal a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación.

Lo cierto es que con este adelanto de lo que debemos esperar los cubanos emigrados, las autoridades de Cuba, siempre celosas de las posesiones ajenas, y temerosas de las críticas de su población, han creído encontrar la gallina de los huevos de oro a golpes de déjà vu: si no te callas te quito tu casa y todo cuanto poseas, te hostigo y te prohíbo ver a tus seres queridos.

A estas prácticas tradicionales de la “revolución” se suman otras de reciente implementación en esta era digital: el corte de los servicios de telefonía e internet, para completar el cerco de la división familiar que, está demostrado, ha traído ventajas simbólicas y económicas al poder.

Financiación y delitos contra la Seguridad del Estado

Una de las grandes preocupaciones del gobierno cubano es el tema de la financiación de la sociedad civil. Los despidos de centros de estudio y de trabajo por razones de índole política ya no cumplen su propósito -que es amedrentar y deslegitimar a quienes ejercen su libertad de expresión y manifestación.

Es sabido que muchos profesionales han encontrado en el trabajo independiente la realización plena. Sin embargo, el gobierno “revolucionario” insiste en imputar cargos legales por delitos contra la Seguridad del Estado a quienes disienten de alguna manera.

El caso de Luis Robles, el joven que se paseara con un cartel contra la represión por el Boulevard de San Rafael en La Habana, es uno de los más recientes, aunque finalmente se decantaron por "propaganda enemiga y de resistencia". Otro joven con otro cartel también está bajo proceso investigativo. Este último pedía Socialismo sin represión.

Al poder le preocupan además las fuentes de ingresos, hasta los premios otorgados por instituciones de prestigio internacional los consideran financiación con visos de mercenarismo, como sugiriera Humberto López en el mencionado programa televisivo.

Más aún, abundan en las redes sociales etiquetas de “mercenarios” a cubanos solo porque residen fuera de Cuba y critican el sistema o las autoridades de la isla.

Nadie coopera con abusadores

La falta de transparencia del gobierno cubano, y la coacción a quienes ejercen la abogacía en Cuba por parte del poder, impulsa a poner en tela de juicio todos los procesos judiciales en la isla, especialmente aquellos en contra de actores cívicos o independientes.

Con semejantes precedentes, sería bueno preguntarse: ¿Qué tipo de “cooperación jurídica internacional” podría materializarse con el mismo gobierno que desde hace décadas colecciona violaciones a los derechos humanos, que fabrica causas judiciales a conveniencia, que acostumbra a encarcelar, reprimir arbitrariamente a un pueblo desarmado y pacífico?  

¿Qué país democrático se atrevería a cooperar con un gobierno que criminaliza el ejercicio de las libertades fundamentales para encarcelar a víctimas de violaciones de derechos humanos?

Al gobierno de Cuba le preocupa mucho el auge de las críticas de cubanos emigrados y piensa que con amenazas puede lograr detener lo que ya no tiene marcha atrás, mientras la crisis continua en espiral llevándose consigo a quienes si están bajo sus garras.

No hay liquidez para ambulancias, corriente eléctrica, pan, ni medicinas para la población, pero los militares deciden, en plena pandemia, destinar casi el 50% del total de las inversiones en actividades empresariales e inmobiliarias, es decir, en el Mariel y en el turismo.

El parasitismo de la clase dirigente está costando vidas y sus prioridades nada tienen que ver con el bienestar de los cubanos. Muy al contrario, cada instrumento jurídico parecería destinado a asfixiarnos y a criminalizarnos más.

No nos van dejando otra salida que la de los que están en el poder.

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Annarella Grimal

Annarella O'Mahony (o Grimal). Aprendiz de ciudadana, con un título de Máster otorgado por la Universidad de Limerick (Irlanda). Ya tuvo hijos, adoptó una mascota, plantó un árbol, y publicó un libro.

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