María Victoria Gil Fernández pidió que su hermano, el exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández, sea reconocido como preso político tras la ratificación de su condena por el Tribunal Supremo de Cuba.
En una entrevista concedida a CiberCuba, la exabogada y ex presentadora de la televisión cubana aseguró que el proceso judicial contra su hermano responde a motivaciones políticas y denunció lo que considera una persecución dentro del propio sistema de poder.
El Tribunal Supremo ratificó recientemente la condena contra el exfuncionario, que incluye cadena perpetua por espionaje y 30 años de cárcel por corrupción.
Según su hermana, la familia esperaba que la sentencia fuera revisada o modificada, pero finalmente se mantuvo sin cambios.
Durante la entrevista explicó que la acusación de corrupción contra su hermano se basa en hechos ocurridos en la década de 1990, cuando Alejandro Gil trabajaba como gerente de la empresa Caudal.
Según su versión, el caso gira en torno a unas regalías por un valor total de unos 4.000 CUC.
De acuerdo con María Victoria Gil, ese dinero habría sido entregado posteriormente a una prima de la familia para que lo cambiara “de cucharita” a dólares, algo que, según afirmó, fue utilizado por la Fiscalía para construir la acusación de lavado de capitales.
La hermana del exministro sostuvo que se trata de hechos ocurridos hace más de tres décadas y que, desde el punto de vista jurídico, deberían considerarse prescritos o, en todo caso, infracciones administrativas.
Según explicó, tuvo acceso a las conclusiones del fiscal del caso, Robert Campbell, en las que —afirma— se basa buena parte de la acusación por corrupción contra su hermano.
Gil aseguró que el documento detalla los hechos relacionados con esas regalías de 4.000 CUC que habrían sido recibidas en los años noventa.
También afirmó que, en su opinión, el caso refleja un fuerte ensañamiento judicial contra su hermano y cuestionó que un fiscal con décadas de experiencia haya solicitado una condena tan severa por esos hechos.
Durante la entrevista también hizo referencia a la figura de Rubén Remigio Ferro, quien durante años presidió el Tribunal Supremo Popular de Cuba.
Según afirmó, Remigio se habría negado a firmar la sentencia condenatoria contra Alejandro Gil en el proceso por corrupción.
De acuerdo con su versión, esa negativa habría provocado su salida del cargo después de más de dos décadas al frente del máximo tribunal del país.
María Victoria Gil afirmó que esa información le fue transmitida por fuentes vinculadas al propio sistema judicial.
La entrevistada sostuvo además que su hermano cayó en desgracia dentro del poder por la información a la que tuvo acceso durante su etapa como ministro de Economía y Planificación.
Según aseguró, el exfuncionario habría descubierto irregularidades vinculadas al conglomerado militar GAESA, uno de los principales grupos empresariales controlados por las Fuerzas Armadas en Cuba.
En ese contexto, afirmó que dentro del gobierno se habría tomado la decisión de apartarlo definitivamente del poder.
Según su versión, el primer ministro Manuel Marrero habría recibido la tarea de “acabar políticamente” con Alejandro Gil.
Pese a sus denuncias, María Victoria Gil también reconoció que, en caso de producirse una transición política en Cuba, su hermano debería ser juzgado por su papel dentro del sistema.
No obstante, insistió en que ese eventual proceso debería realizarse con garantías legales y bajo un sistema judicial independiente.
“Si hay una transición en Cuba, mi hermano debe ser juzgado por formar parte de un gobierno que ha destruido al país, pero debe ser juzgado con justicia y con garantías”, afirmó.
Al mismo tiempo, reiteró su llamado a la comunidad internacional para que el caso de su hermano sea considerado político.
“Quiero pedir a la comunidad internacional que mi hermano sea considerado preso político”, declaró durante la entrevista.
Según argumentó, si el gobierno cubano lo ha condenado a cadena perpetua por espionaje, entonces su caso debe interpretarse como el de un preso político y no como el de un delincuente común.
María Victoria Gil aseguró que continuará denunciando el proceso judicial contra su hermano y promoviendo una campaña internacional para que su caso sea revisado y para que sea reconocido como preso político.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Alejandro Gil Fernández
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¿Por qué María Victoria Gil pide que su hermano sea reconocido como preso político?
María Victoria Gil Fernández solicita que su hermano, Alejandro Gil Fernández, sea reconocido como preso político porque considera que el proceso judicial en su contra responde a motivaciones políticas y constituye una persecución dentro del sistema de poder cubano. Argumenta que la acusación de espionaje y corrupción contra él no es más que una maniobra política del régimen cubano para silenciarlo y apartarlo del poder debido a la información sensible a la que tuvo acceso durante su etapa como ministro de Economía.
¿Cuáles son los cargos por los que fue condenado Alejandro Gil Fernández?
Alejandro Gil Fernández fue condenado a cadena perpetua por espionaje y a 30 años de cárcel por corrupción. El régimen cubano lo acusa de realizar espionaje a favor de Estados Unidos, corrupción continuada, sustracción de documentos oficiales y otros delitos económicos. La hermana del exministro, María Victoria Gil, asegura que estas acusaciones son infundadas y parte de un complot político.
¿Cómo ha sido el proceso judicial contra Alejandro Gil Fernández?
El proceso judicial contra Alejandro Gil Fernández ha sido caracterizado por el secretismo y la falta de transparencia. El juicio se ha realizado a puertas cerradas, sin cobertura mediática y sin garantías procesales adecuadas, según denuncias de su familia. La Seguridad del Estado cubana ha manejado el caso, lo que añade un nivel de opacidad y control político que impide un juicio justo e independiente.
¿Cuál ha sido el impacto de esta condena en la vida de Alejandro Gil Fernández y su familia?
La condena ha tenido un impacto devastador en la vida de Alejandro Gil Fernández y su familia. El exministro ha experimentado un deterioro físico y emocional severo, perdiendo 50 libras y todo su cabello, mientras se encuentra en una cárcel de máxima seguridad con visitas familiares muy limitadas. Además, la familia enfrenta la confiscación de sus bienes y vive bajo constante presión y vigilancia del régimen cubano.
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