El Consejo para la Transición a la Democracia en Cuba (CT) equiparó este jueves al presidente Miguel Díaz-Canel con el criminal serbio Radovan Karadzic, Carnicero de Bosnia, responsable de uno de los mayores genocidios en la antigua Yugoslavia, y emplazó a Naciones Unidas a condenar a las autoridades de la isla.
"Que la llamada al combate del presidente designado Díaz-Canel no haya desembocado en un generalizado baño de sangre demuestra que existen, en algún punto de la cadena de mando, hombres y mujeres con sentido de responsabilidad", destacó el CT en una declaración que evidencia la "necesidad de elecciones libres, pluralistas, democráticas y justas en Cuba".
La reacción del régimen cubano ante los sucesos del 11 de julio, las mayores protestas jamás ocurridas en toda la historia de Cuba por su origen, extensión, masividad, profundidad y demandas, ha seguido el modelo yugoslavo: convocatoria desde el Estado a una potencial masacre, dura represión contra ciudadanos desarmados, rearme ilegal de turbas paramilitares y razias nocturnas para detener a manifestantes, en su mayoría jóvenes, describe el CT.
Hasta la fecha, han sido detenidas más de 5.000 personas en Cuba, entre ellos, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y Presidente del Consejo para la Transición Democrática, su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, ambos ya en huelga de hambre, también Félix Navarro Rodríguez y Enix Berrio Sardá, vicepresidentes del CT, este último recién liberado por la Seguridad del Estado; Guillermo Fariñas, Camila Acosta, Henry Constantin, Maikel González Vivero, ahora en arresto domiciliario, Marisol Peña Cobos, Denis Reyes, y otros muchos, según datos del CT.
Estas detenciones pretenden ampararse en supuestos delitos de desorden público, lo que cumple el propósito político de torcer la naturaleza sorpresiva, pacífica, civilista y política de las manifestaciones, en más de 50 ciudades y pueblos de Cuba, subraya la nota, que reconoce actos vandálicos contra comercios y agresiones contra la policía, amplificados convenientemente por la maquinaria de propaganda oficial.
"El Consejo para La Transición no se identifica ni respalda el vandalismo ni la violencia sociales como modo de protesta, pero equiparar y reducir la madurez cívica de las jornadas del 11 de julio con los actos de bandidaje ocurridos equivale a deslegitimar las protestas ocurridas en Estados Unidos, Chile o Colombia por la espiral de violencias sociales que le acompañaron", subrayó la declaración.
El 11 de julio fue una protesta pacífica por la libertad, recogidas en el artículo 56 de la Constitución, no una revuelta por hambre, en cuyo último caso no habrían quedado intactos muchas tiendas y supermercados, como han quedado, a lo largo del país, precisó el CT, en su declaración firmada por su vicepresidenta primera, Martha Adela Tamayo González y su encargada de Relaciones Internacionales, Elena Larrinaga de Luis.
El Consejo para la Transición exigió la inmediata liberación de los detenidos y puso, a disposición de familias y los ciudadanos que quieran dar a conocer casos y buscar protección legal, las siguientes vías: consejotransicion11j@gmail.com o los WattsApp +5354485695 /+34639338982.
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