Unos 108 familiares de los presos políticos del 11J en Cuba enviaron una carta al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez pidiendo la libertad de todos los que participaron de manera pacífica en las protestas de mediados de año.
El documento, que se entregó en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado, lo firmaron también un grupo de ciudadanos cubanos, en calidad de amigos de los detenidos, por lo que la lista de personas que suscribió la misiva asciende a 158.
El opositor e historiador Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, facilitó a este medio el acceso al documento.
La iniciativa, promovida por Bárbara Farrat Guillén, apela a la humanidad de los dirigentes políticos de la isla para que se conceda una amnistía, indulto o sobreseimiento a los más de 600 presos políticos que tiene la isla vinculados al 11J.
A continuación, CiberCuba reproduce íntegramente la carta que se entregó en el Consejo de Estado de la República de Cuba.
Carta a Miguel Díaz Canel, Presidente de la República de Cuba
Familias por la Amnistía, el Indulto y el Sobreseimiento
La Habana, 17 de diciembre de 2021
Sr. Miguel Díaz Canel, Presidente de la República de Cuba
Sr. Presidente,
Más de 100 cubanos y cubanas han sido juzgados hasta el día de hoy, en que decidimos enviarle esta carta, por los eventos del 11 y 12 de julio de 2021. Otras y otros cientos esperan por juicio en prisiones en las que, en muchos casos, no están recibiendo el mejor tratamiento, y han enfermado o empeorado sus condiciones de salud. Muchos y muchas, que también se cuentan por cientos, ya llevan en prisión meses y años por motivos similares a aquellos por los que nuestros familiares están hoy encarcelados, o están en camino judicial a las prisiones de Cuba luego y a propósito del 15 de noviembre.
Son nuestros hijos e hijas, nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros esposos y esposas, nuestros compañeros o compañeras. Nuestros niños y niñas. Estos últimos ante todo que, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por Cuba, no deberían haber estado nunca presos o deberían estar ya en sus hogares. Y merecen estar con nosotras, compartiendo con nuestras familias, todas humildes, luchadoras y trabajadoras, cuyos mejores alimentos, casi siempre únicos, son el amor, la unidad y la cohesión, en medio y a pesar de la pobreza.
Ellas y ellos no han cometido delito alguno a la luz de los derechos que les reconoce la Constitución vigente. El 11 y 12 de julio salieron a las calles de forma pacífica, como antes lo hicieron otros, y en la mayoría de los más de 62 lugares donde ocurrieron manifestaciones, a reclamar lo que entienden son sus derechos a una mejor vida y a la libertad. No es cierto, como demuestran todas las evidencias, que la violencia fue la reina de esos días. Es verdad que hubo actos localizados de esa naturaleza, no provocados por el pueblo, y que, desafortunadamente, ocurren en todas las manifestaciones sociales en el mundo, sobre todo cuando son espontáneas y surgen de las profundas necesidades acumuladas en nuestro país.
Pero solo tenemos que lamentar una muerte, la del joven Diubis Laurencio Tejeda. Ningún policía resultó muerto, ningún funcionario tuvo que ser hospitalizado y muy pocas propiedades, teniendo en cuenta la magnitud de las protestas, sufrieron daños definitivos.
Sin embargo, a nuestros familiares se les piden condenas de entre 1 y 27 años por supuestos delitos de incitación a delinquir, atentado, resistencia, sabotaje, desorden público, daños a la propiedad y por el fuerte delito de sedición que tenemos entendido se aplica fundamentalmente en tiempos de guerra.
Estas peticiones fiscales son desproporcionadas. Si por ellas son condenados y condenadas, serían injustas. Como familias creemos que el sistema judicial y el gobierno cubanos deben hacer un alto y reflexionar en que un daño, cualquiera sea, no se repara con una injusticia y en que el ejercicio de los derechos constitucionales no es un delito.
Como familias solicitamos de Ud., en su calidad de presidente de Cuba, un gesto de altura y conceda una amnistía, o en su caso un indulto o sobreseimiento, a nuestros familiares presos. En espera de una Ley en este sentido, que debe ser iniciada en y por la Asamblea Nacional a pedido de la presidencia de la República de Cuba, el Consejo de Estado puede expedir un Decreto en esta dirección.
No somos muy versadas en historia, pero tenemos entendido que diciembre, mes de navidades que no podríamos celebrar en ausencia de los nuestros, es propicio para liberar a presos y presas de las cárceles. Según nos cuentan, aquí en Cuba le fue concedida en 1955 una amnistía a los asaltantes del Cuartel Moncada bajo un gobierno detestado por el pueblo y por la historia.
Un gobierno que se dice del pueblo y para el pueblo podría y debería tener actos de grandeza similares o superiores.
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