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Prensa alemana denuncia casos de menores presos políticos en Cuba

La mayoría de estos menores proviene de familias y barrios “humildes, marginados, con escasos recursos” para comunicarse y denunciar por internet o telefonía móvil, así como para conocer las leyes y reclamar sus derechos, explicaron las activistas consultadas por el medio de prensa alemán Deutsche Welle.

De izquierda a derecha, Lázaro Urgelles, Brandon Becerra, Rowland Castillo y Jonathan Torres, menores detenidos en Cuba © Cortesía de Justicia 11J
De izquierda a derecha, Lázaro Urgelles, Brandon Becerra, Rowland Castillo y Jonathan Torres, menores detenidos en Cuba Foto © Cortesía de Justicia 11J

Este artículo es de hace 2 años

La prensa alemana se hizo eco del caso de los menores presos políticos en Cuba tras las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio y denunció la violencia que ejerce el régimen cubano contra los detenidos, sus familiares y activistas defensores de los derechos humanos.

Un reportaje publicado en el sitio web del servicio de radiodifusión Deutsche Welle (DW) recoge testimonios de familiares de los menores de edad, a los que el gobierno cubano acusa de "conductas vandálicas", con el "deliberado propósito de subvertir el orden constitucional" del país.

DW entrevistó a Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, de 17 años, quien contó que a su hijo lo detuvieron por “los supuestos delitos de atentado, propagación de epidemia y desorden público”.

“Supuestamente, por tirar una piedra para salvar a mi esposo, su papá. Ellos tienen como prueba un video donde se ve a mi hijo cómo recoge una piedra de las que tira la Policía, y la tira para llamar la atención y distraer a los policías, para que su papá pudiera salir de donde estaba escondido de los disparos” de los agentes, relató la madre, desde el municipio de Diez de Octubre, en La Habana.

Kenia Miranda, madre de Kendry Miranda (17 años), del mismo municipio habanero, relató que al joven manifestante lo acusan de sedición y alegan que tiró piedras y se subió encima de una patrulla policial.

Por su parte, Yudinela Castro explicó que a su hijo, Rowland Castillo Castro, quien cumplió 18 años en prisión, lo están tratando como si fuera el líder de la manifestación, “como que él fue el que incitó al pueblo, porque él empezó la marcha en Mantilla y la terminó en Toyo”, agregó.

“Mi hijo no es ningún delincuente, no mató a nadie, solamente salió a la calle a pedir libertad, y eso es un derecho de toda persona. No es ningún ‘elemento antisocial’, está en la escuela provincial de deportes, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre, estudiaba”, insistió Castro, en clara alusión a la afirmación de la Fiscalía General de la República de que el 21% de los arrestados por las protestas del 11J tenían antecedentes penales.

Otra de las historias que reflejó el medio alemán es la de Emilio Román, de La Güinera, en Arroyo Naranjo, quien tiene a tres hijos y dos sobrinos detenidos tras participar en el estallido social. El menor de ellos, Emiyoslán Román, también arribó a los 18 años encarcelado. "Ellos lo que hicieron fue gritar 'abajo la dictadura', 'no tenemos comida ni medicinas', y 'abajo Díaz-Canel'. La Policía les tiró piedras y ellos las devolvieron de nuevo para atrás”, afirmó.

DW aludió también en su reporte a la labor de organizaciones de derechos humanos como Justicia 11J y Cubalex, que se han encargado de llevar un registro sobre la cantidad de presos, sus nombres, edades y lugares de residencia, así como las causas y los acontecimientos alrededor de cada detención. La cifra total supera las 1,300 personas, muchas de ellas conocidas a través de denuncias publicadas en medios independientes cubanos.

Deutsche Welle apuntó que las autoridades cubanas apenas reconocieron la existencia de este millar de detenidos hace dos semanas, en un comunicado emitido por la Fiscalía donde no aparece el número exacto de presos, pero si el dato de que al menos 790 cubanos han sido instruidos de cargos por actos vandálicos y 710 personas “han sido presentadas a tribunales para ser juzgadas, agrupadas en un centenar de expedientes masivos. Casi el 70 por ciento de ellos se halla en prisión provisional. 55 son menores de entre 16 y 18 años de edad. De ellos, 28 cumplen prisión provisional”.

El reporte destaca que Cuba es miembro de la Convención sobre los Derechos del Niño y que el proceder en todos estos casos ha sido irregular y contrario a esa regulación internacional.

La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, declaró al medio alemán que las autoridades no han observado los estándares internacionales de la justicia en menores, especialmente en lo que respecta al acompañamiento de los padres en el proceso. Y extendió su crítica a los procesos administrativos a que fueron sometidos los menores de 16 años, “con aún menos garantías por ser extrajudiciales”.

Refiere la emisora alemana que Justicia 11J y Cubalex consideran a estos menores “presos políticos, porque salieron a ejercer su derecho a la protesta y, en los casos de agresiones, actuaron en legítima defensa, porque vimos a los agentes del Estado agrediendo”, sostiene Diversent.

Por su parte, Salomé García Bacallao, coordinadora del grupo Justicia 11J, reclamó que “ni siquiera el agente que asesinó a Diubis Laurencio —la única víctima mortal de las protestas— tiene ninguna medida cautelar”.

La mayoría de estos menores encarcelados proviene de familias y barrios “humildes, marginados, con escasos recursos” para comunicarse y denunciar por internet o telefonía móvil, así como para conocer las leyes y reclamar sus derechos, explicaron las activistas.

No es esta la primera oportunidad que DW aborda los sucesos ocurridos en la isla el 11 de julio y sus consecuencias posteriores, sobre todo en materia de violaciones de derechos humanos.

En una publicación anterior, DW ya se había referido a los seis menores de edad juzgados en el juicio contra los 33 manifestantes de Toyo, en Diez de Octubre, todos acusados de sedición. En esa ocasión, relató lo sucedido en las afueras del Tribunal de Diez de Octubre cuando familiares y activistas fueron detenidos por la fuerza por parte de agentes y oficiales de la Seguridad del Estado.

También reportó el caso de la censura de prensa y la retirada de visas y credenciales por parte del gobierno cubano a periodistas y corresponsales extranjeros, entre ellos los de la agencia española de noticias EFE.

Además de estos reportajes en la prensa alemana, El País, el periódico de mayor circulación en España y uno de los más leídos en América Latina, también cuestionó la represión gubernamental contra los manifestantes del 11J. Según el diario ibérico, las manifestaciones de 2021 revelaron al mundo, por primera vez en 62 años, que la mayoría de la población cubana estaba inconforme con la realidad de la nación.

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