El abogado Nick Gutiérrez abordó una de las preguntas más urgentes que deja el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra cuatro líneas de cruceros: ¿qué ocurre con estas demandas si Cuba entra en una transición democrática?
La preocupación no es nueva. Desde hace años circula la idea de que los litigios por propiedades confiscadas podrían paralizar un eventual gobierno de transición, que heredaría un país en ruinas y tendría que lidiar simultáneamente con decenas de demandas activas en tribunales estadounidenses.
Gutiérrez descartó ese temor apelando a un mecanismo que los legisladores previeron hace tres décadas: la llamada «cláusula de extinción» del Título III de la Ley Helms-Burton.
«Tan pronto que el Congreso certifique que hay un legítimo gobierno democrático de transición en Cuba... ya el Título III cesa, cesa de existir», explicó el abogado.
Esa certificación no es discrecional ni vaga. La ley establece condiciones específicas: libertad de presos políticos, elecciones convocadas dentro de 18 meses, existencia de partidos políticos independientes y progreso en la restitución o compensación de propiedades confiscadas.
Si esas condiciones se cumplen, el Título III deja de tener vigencia. Las 45 demandas pendientes bajo Helms-Burton —que en su totalidad representan «una fracción mínima de todas las propiedades confiscadas en Cuba», según Gutiérrez— se resolverían probablemente mediante acuerdos entre las partes.
«Las demandas que ya se han interpuesto tienen que ser resueltas y probablemente serán resueltas por acuerdo en ese momento», afirmó.
Entre esas 45 demandas figuran casos presentados recientemente: la del aeropuerto José Martí, interpuesta por José Ramón López Regueiro; dos de la familia Blanco Rosel en Mariel, una contra Crowley y otra contra Seaboard —ambas líneas marítimas de carga—; y una demanda contra CGMA, una línea francesa. Todas estas empresas contaban con permisos del Departamento del Tesoro para operar con Cuba.
El modelo que Gutiérrez propone para el período posrégimen es el de Europa Oriental: «El nuevo gobierno de Cuba tendrá que hacer lo que pasó en los países bálticos, en Checoslovaquia, en Alemania, y devolver en su mayoría y en casos especiales compensar a esos legítimos dueños para devolver la economía a manos privadas».
Ese proceso, subrayó, no sería solo una obligación legal sino un acto de justicia histórica, «décadas después de los despojos sin compensación alguna».
El fallo del miércoles, que condenó a Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Carnival y MSC a responder por 450 millones de dólares en conjunto por haber usado instalaciones portuarias en La Habana confiscadas al régimen castrista en 1960, abre la puerta a todas las demandas que estaban en espera de esta señal del Supremo.
El precedente también llega semanas después de que American Airlines e Iberostar alcanzaran acuerdos confidenciales en demandas separadas bajo la misma ley, lo que confirma que la presión judicial sobre empresas que operan con activos cubanos confiscados es ya una realidad concreta.
«Irónicamente creo que estaremos en Cuba frente a un nuevo gobierno reclamando directamente la devolución de estas propiedades mucho antes que las cortes federales terminen su ruta circuitosa», concluyó Gutiérrez.
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