Una madre cubana residente en Baracoa, Guantánamo, se ve obligada a vender la leche de su hija para poder comprar otros alimentos y de esa forma subsistir sin ayudas sociales ni algún tipo de amparo institucional a su situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.
La joven Mirexis Cala Navarro es madre de una niña pequeña que se encontraba trabajando como auxiliar en la atención al coronavirus en su municipio. Un buen día, sin previo aviso, sus empleadores en la sanidad pública le cerraron el contrato.
“Pedí que se me pagaran los días que llevaba trabajando y lo hicieron. Pero no he cobrado el seguro que debían pagarme por trabajar en la atención del covid”, dijo la joven guantanamera al medio independiente CubaNet.
La pérdida de su única fuente de ingresos la ha dejado desamparada. Su situación se agrava por las condiciones infrahumanas de su vivienda. Sin trabajo, Cala Navarro hace lo que puede para sobrevivir, parcheando el techo de su casa y el vacío de su estómago.
“Desde que mi niña cumplió el año yo estoy detrás del trabajo. He ido al trabajador social y me dice que no hay empleo ni nada”, señaló la joven, que también se ha presentado ante dirigentes de Baracoa y entidades de gobierno para encontrar trabajo y solicitar ayudas para mejorar las condiciones de su precaria vivienda.
Pero ha sido en vano, se quejó. “Cada vez que llueve esto es un río”, afirmó ante las cámaras del medio independiente, mostrando el estado en que se encuentra el techo de su bajareque, con agujeros por todos lados.
“Yo sí lucho por salir adelante. Todos los meses vendo parte de mi ‘censo’ [cuota de alimentos racionados] para poder sobrevivir mi niña y yo. Mensualmente tengo que vender un paquete de leche, arroz para poder comprar el ‘censo’ y darle de comer a mi hija”, explicó.
Su situación la conocen todas las instancias gubernamentales del municipio, pero siguen dando largas al asunto de procurarle un nuevo alojamiento. “Me han dicho de hacerme una casa; que si no es donde mismo está la mía, me buscarían un lugar para mandarme, pero siempre es una mentira y un cuento, y no se resuelve”.
“Yo dejé de estudiar porque salí embarazada. Llegué a tener mi casa porque mi papá me la dio. No tengo televisor. Mi hija está descalza. Yo también; y no tengo ropa. No tengo ninguna ayuda. Este gobierno no me ha ayudado ni nada. Yo quisiera realmente que me ayudaran porque no tengo de otra”, lamentó la joven madre.
A mediados de febrero, la directora de prevención social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Cuba, Belkis Delgado Cáceres, dijo que una de las debilidades de la gestión estatal es no haber llegado a las comunidades.
"Hemos tenido una labor de prevención enmarcada en la nación, la provincia y los municipios, con grupos integrados por todos los actores sociales, organismos e instituciones políticas y de masas. Sin embargo, no hemos llegado a las comunidades, que es donde se produce la situación de vulnerabilidad", dijo la funcionaria.
Asimismo, indicó que como medida para mejorar la prevención social se descentralizó a los municipios los trámites para la aprobación de cualquier servicio o protección. "Esto ha tenido un impacto positivo, porque la atención del problema se hace más inmediata", señaló.
Por su parte, la subdirectora de prevención social, Rita Machín Reyes, afirmó que a finales de 2021 el Estado destinó más de 250 millones de pesos a asistencia social. Una parte de ese dinero asegura que se dedicó a la compra de viviendas a madres que tienen tres o más hijos. Puntualizó que se beneficiaron 314 madres con esta entrega, en todo el país.
En octubre de 2021 el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que miles de familias viven en la pobreza en Cuba.
Afirmó que en las comunidades cubanas "vive la base social de la revolución", muchas de esas familias "viven hoy mal" y "con muchos problemas". A la vez, dijo que son tantas las dificultades que no se podrían resolver de inmediato.
No mencionó que esa población espera soluciones desde hace décadas. Ni tampoco que persisten decenas de casos de madres que no tienen condiciones dignas para vivir con sus hijos; algunas de las cuales se han visto obligadas a ocupar locales vacíos del Estado, e incluso han sido desalojadas por la fuerza.
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