Acela Vargas es una madre cubana que cruzó hace dos semanas la frontera entre México y EE.UU. en compañía de su nieta y de otro familiar con el propósito de reunirse con su hijo Gabriel. Sin embargo, cuando llegó se encontró que estaba detenido por una causa ajena a inmigración.
“Ahora me encuentro con la situación de que está preso, que está plantado, no quiere comer, ya me le dio un infarto allá dentro. Yo también soy infartada. Me han dado dos infartos. Todo esto me tiene muy preocupada”, dijo la mujer en declaraciones a Univision Miami.
Gabriel Vargas enfrenta “cargos graves” -no precisados por la fuente- que su familia asegura que son acusaciones falsas vertidas por su expareja.
Sin embargo, el solo hecho de estar acusado es suficiente razón ante los ojos de las autoridades federales para que lo encarcelen en un centro de inmigración, pues carece de un estatus legal. En su caso permanece recluido en el Centro de Procesamiento de Krome, en Miami.
“Que te acusen de un delito criminal serio puede llevar a que Inmigración te ponga un aguante, y cuando tú pagas la fianza criminal, inmigración te recoja y a la misma vez te pueden poner en un proceso de deportación”, advierte el abogado de inmigración Wilfredo Allen.
De acuerdo con Allen, lo más delicado es que la persona deberá contar, simultáneamente, con un abogado criminal y otro de inmigración, y también pagar una doble fianza para poder esperar el juicio en libertad.
“Usualmente si una persona no tiene residencia o no es una persona que pueda obtener una fianza en Krome, yo les recomiendo a los abogados penalistas que no paguen la fianza, que acaben el caso en la corte criminal, porque si ganan y el caso se resuelve en la corte criminal, no van a tener un problema con inmigración”, concluye Allen.
El caso de Vargas, del que no han trascendido otros detalles, constituye una advertencia para quienes arriban en cifra creciente a territorio estadounidense en los últimos meses.
El solo hecho de ser “acusado” de un crimen grave cuando todavía no se tiene todavía un estatus legal en el país, puede desencadenar un procedimiento por parte del Servicio de Inmigración que acabe en deportación, aunque no se haya sido declarado culpable.
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