Una madre cubana fue desalojada junto a sus dos hijos, de un año y medio y 7 años, de un local estatal que ocupó en el municipio Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín, debido a que su casita se cayó y no ha tenido ayuda para reconstruirla.
La víctima del desalojo -identificada como Luquenia Consuegra- explicó al activista Alfredo Álvarez Leyva, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que las autoridades el día que la desalojaron ni la dejaron acabar el almuerzo para dar de comer a sus hijos.
“Me dijeron: ‘venimos a sacarte las cosas. Vamos a sacar todas tus cosas ahora mismo, y sal, sal por tus propios pies’. Me desmontaron el fogón, la olla en la que yo estaba cocinando el almuerzo, la olla estaba caliente, ni nos dejaron almorzar. Yo no tengo un biberón arriba de mi hijo, no tengo un pomo, no tengo nada”, dijo la mujer en declaraciones al citado activista, recogidas por America Tevé.
“Mira, ese niño se me ha orinado arriba. No ha tomado leche, no ha tomado nada […] Mis pertenencias no sé dónde están porque me las llevaron a la fuerza”, añadió la mujer al borde de las lágrimas.
“Yo había encontrado ese lugar, que estaba cerrado, que estaba lleno de churre y de polvo, abrí la cerradura y entré. Entré y ocupé el lugar con mis hijos y ahí estaba viviendo sin molestar a nadie, porque no le hago daño a nadie. Ellos podían haberme prestado eso un tiempo hasta haber resuelto el problema”, lamentó la madre cubana, quien precisa que el lugar donde estaba construida no hay nada.
Luquenía explica que su casa se le cayó y que allí ahora "está la tierra pelá".
"Estaba la casita vieja mía, pero allí ahora no hay baño, no hay agua... Allí no hay nada, está el solar pelado y no han hecho nada. Me dijeron que me iban a resolver una casita y nunca lo hicieron”, precisó Luquenia, quien precisó que su vivienda estaba Los Maceos, en calle H, n. 14.
En 2020 la televisora oficialista local TeleCristal citó al municipio Sagua de Tánamo como uno de los que retrocedió en el programa de edificación de casas en la provincia Holguín.
En los últimos años aumentaron las denuncias de desalojos de viviendas y de terrenos por parte de la policía, en momentos en que la solución que intenta dar el régimen al ciudadano común para construir es con ladrillos de barro, bajo el argumento de que es más fuerte que el tradicional, siempre que no se edifique una planta superior.
Una cifra significativa de los casos de usurpación de viviendas o locales estatales a lo largo y ancho del país han sido protagonizados en los últimos años por mujeres con niños, carentes de un lugar para vivir.
Los ocupantes ilegales argumentan que no tienen otra opción, pues el gobierno no construye casas ni provee de recursos para hacerlo por cuenta propia.
En febrero de este año, una denuncia llegada a CiberCuba denunció que el gobierno del municipio Placetas, en la provincia de Villa Clara, pretendía desalojar a tres madres con hijos, incluida una embarazada.
Unos meses antes, en octubre de 2022, el medio independiente Diario de Cuba denunció que una madre guantanamera no solo fue desalojada violentamente del local donde vivía, sino que además cumplió una condena de tres años luego de que funcionarios del gobierno hubieran incumplido la promesa de entregarle el local como vivienda.
Unas semanas antes, en septiembre, Dailin Reyes Pedroso y sus dos niños -de 10 meses y dos años, respectivamente- fueron desalojados de un cuarto que habían ocupado en La Habana y trasladados a una estación de policía bajo amenazas a la madre de quitarle a sus hijos.
El régimen ha admitido que la ocupación ilegal de viviendas en Cuba se disparó a partir de 2022 no solo por el recrudecimiento de la crisis económica que vive el país, sino también por el aumento de la migración.
El notable incremento del fenómeno llevó al gobierno cubano a establecer un marco sancionador que incluye prisión de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas para los que incurran en tales actos, según subrayó en días recientes la emisora radial CMHW, de Villa Clara, una de las provincias en las que la usurpación de viviendas se incrementó de forma notable en los últimos meses.
En mayo de 2022 quedó aprobada y regulada en Cuba la usurpación de viviendas como una figura delictiva en el Artículo 421 y 422 del Código Penal.
Sin embargo, el dictamen 471 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, publicado el 2 de marzo de 2023 en la Gaceta Oficial de Cuba detalló las particularidades del delito, y derogó el engorroso procedimiento administrativo que hasta ahora lastraba la agilidad en la solución de esos procesos.
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