Un juez federal bloqueó este martes la política de asilo del presidente Joe Biden para reducir los cruces fronterizos, lo que marca un duro golpe a la administración en su estrategia sobre el control de la inmigración irregular hacia Estados Unidos.
El fallo del juez Jon Tigar, del Distrito Norte de California, podría tener consecuencias significativas en la frontera de México, donde los arribos han disminuido desde la implementación de la política de asilo y el fin de la orden sanitaria del Título 42.
En un documento de 35 páginas, el juez consideró “arbitrarias y caprichosas” las reglas de la política de asilo de Biden y suspendió la sentencia por 14 días para una posible apelación por parte del gobierno federal.
“La Corte concluye que la regla es contraria a la ley porque supone que no son elegibles para el asilo las personas que ingresan por puntos fronterizos, utilizando una forma de entrada que el Congreso expresamente pretendía que no afectara el acceso al asilo”, escribió Tigar.
La decisión se deriva de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de derechos de los inmigrantes contra una nueva regla de asilo que prohíbe que los inmigrantes que pasaron por otro país busquen asilo en Estados Unidos, lo que plantea una desviación del protocolo establecido durante décadas.
"Este juez ha sido consistente con la ley de Estados Unidos que toda persona que entre al país puede pedir asilo en cualquier punto del territorio americano", dijo a CiberCuba el abogado de inmigración Willy Allen.
El abogado recordó que Tigar fue "el mismo juez que rechazó la política de asilo que impuso la administración Trump" y aclaró que el nuevo fallo no afectará a los solicitantes de citas a través de la aplicación CBP One, que permite presentar casos de asilo en la frontera desde comienzos de este año.
Los cubanos no aparecen entre las tres nacionalidades más favorecidas, que encabezan venezolanos, haitianos y mexicanos. Las entradas irregulares de nacionales cubanos por la frontera sur ha descendido drásticamente, registrándose 2,681 el pasado junio.
Tigar, quien fue nombrado por Barack Obama, falló previamente en contra de una política similar bajo la administración Trump y expresó su escepticismo de que hubiera luz entre la política de Biden y la de la era Trump durante una audiencia judicial la semana pasada.
Los funcionarios de la administración Biden rechazan la comparación con las reglas de la era Trump. El Departamento de Justicia reaccionó de inmediato el martes al conocerse el fallo y dijo que apelará el fallo.
“Seguimos confiando en nuestra posición de que la regla de elusión de vías legales es un ejercicio legal de la amplia autoridad otorgada por las leyes de inmigración”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
La “prohibición de asilo” que la administración Biden publicó el pasado mayo, impide que algunos migrantes soliciten protección humanitaria si cruzan la frontera ilegalmente o no han pedido asilo primero en alguno de los países que cruzan en camino a Estados Unidos. Pero la nornativa contiene excepciones para ciertos inmigrantes como los niños no acompañados, los solicitantes de asilo que ingresan por un puerto de entrada legal o aquellos que huyen de un daño “inminente”.
Pero Tigar dijo que no es factible que algunos inmigrantes busquen protección en un país de tránsito como México, considerando los niveles de violencia que pueden enfrentar allí.
“Mientras esperan una adjudicación, los solicitantes de asilo deben permanecer en México, donde los migrantes generalmente corren un mayor riesgo de violencia por parte de actores estatales y no estatales”, escribió el juez en su dictamen.
Tigar también argumentó que la regla es ilegal porque supone que las personas no son elegibles para el asilo si ingresan al país entre cruces fronterizos legales. "El Congreso dijo expresamente que eso no debería afectar si alguien es elegible para asilo", recordó.
La orden de Tigar desestimó los argumentos de la administración de que había brindado vías alternativas para que las personas vinieran a Estados Unidos.
La administración Biden hizo mención en sus alegaciones al programa de parole humanitario que permite que unos 30 mil inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela puedan ingresar a Estados Unidos si tiene un patrocinador económico, pero Tigar observó que esos beneficios "no están disponibles para todos los inmigrantes".
Respecto a la variante de la aplicación CBP One, Tigar señaló que las 1,450 citas diarias disponibles no logran completar la demanda y deja a los solicitantes de asilo esperando en México, donde corren un “grave riesgo de violencia”.
El gobierno de Biden sustenta su política migratoria en que las detenciones a lo largo de la frontera sur se redujeron un 30 % en junio, el total más bajo desde febrero de 2021.
La ACLU, que argumentó la demanda contra la administración Biden saludó el fallo judicial de este martes.
“Cada día que la administración Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan un puerto seguro para sus familias quedan en grave peligro”, dijo Katrina Eiland, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, en un comunicado. “La promesa de Estados Unidos es servir como un faro de libertad y esperanza, y la administración puede y debe hacerlo mejor para cumplir esta promesa, en lugar de perpetuar políticas crueles e ineficaces que la traicionan”.
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