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En el Consejo Popular Capiro, de la ciudad de Santa Clara, un trabajador por cuenta propia fue multado tras negar a sus clientes la posibilidad de pagar a través de las pasarelas digitales establecidas en el país y vender artículos en dólares estadounidenses, práctica no autorizada para las formas de gestión no estatales.
Ester Lilia Molerio Sáez, directora de Inspección en la capital provincial de Villa Clara, informó a la emisora oficialista CMHW que, además, el infractor incumplía con la Resolución 111 de 2023 del Banco Central de Cuba y las disposiciones del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) sobre el uso obligatorio de una cuenta fiscal para sus operaciones.
Estas irregularidades están tipificadas en el Decreto Ley 91 de 2024, motivo por el cual se procedió a imponer la multa correspondiente.
Asimismo, otras anomalías encontradas a raíz de un Ejercicio de Control de Precios con la participación de 301 inspectores profesionales y eventuales, en el mismo Consejo Popular fueron detectados cuatro ciudadanos ejerciendo actividades económicas sin la autorización requerida, quienes fueron sancionados con multas de 16,000 pesos cada uno.
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En otra acción de control, inspectores de Santa Clara identificaron un camión transportando mercancía con un documento no válido.
Como resultado, el responsable fue multado con 36,000 pesos, conforme al Decreto Ley 91, y se procedió al decomiso de la carga.
Aunque la sanción impuesta al trabajador privado por vender en dólares y evadir pagos digitales busca evitar abusos, evidencia contradicciones en la política económica cubana.
Mientras las autoridades prohíben a los emprendedores privados realizar transacciones en USD, el propio gobierno ha inaugurado tiendas que operan exclusivamente en esta moneda.
Un ejemplo es el supermercado de 3ra y 70 en La Habana, que solo acepta pagos en dólares en efectivo o mediante tarjetas vinculadas a cuentas en divisas, lo que ha generado críticas por parte de la población debido a la exclusión que representa para quienes no tienen acceso a esta moneda.
Esta "dolarización parcial" de la economía ha sido defendida por el gobierno como una medida necesaria para captar divisas y controlar su flujo. Sin embargo, economistas como Pedro Monreal argumentan que esta estrategia amplifica las distorsiones económicas en lugar de corregirlas, limitando la efectividad de la política monetaria y aumentando el riesgo de una crisis de liquidez.
Además, la apertura de estas tiendas en dólares ha exacerbado las desigualdades sociales, creando un mercado dual donde solo aquellos con acceso a divisas pueden adquirir ciertos productos, mientras que la mayoría de la población, que recibe sus salarios en pesos cubanos, queda excluida.
La situación se complica aún más cuando se sanciona a trabajadores privados por prácticas que, aunque contravienen las regulaciones vigentes, reflejan una adaptación a las políticas económicas implementadas por el propio gobierno.
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