Un documento filtrado y difundido por el activista cubano Magdiel Jorge Castro revela que las autoridades de Cienfuegos preparan una medida que podría obligar a mipymes y cuentapropistas de la provincia a asumir parte del sostenimiento de servicios de asistencia social tradicionalmente a cargo del Estado.
Bajo el eufemismo de «responsabilidad social comunitaria», el documento exige que cada negocio privado adopte al menos tres compromisos de una lista predefinida, los incorpore a su planificación y demuestre su cumplimiento con pruebas documentales cada tres meses.
Las obligaciones abarcan desde apoyar comedores del Sistema de Atención a la Familia, hogares de ancianos, hogares maternos y centros para niños sin cuidado parental, hasta donar productos a instituciones sociales.
También exigen a las mipymes ofrecer precios rebajados para personas vulnerables, contribuir a servicios de salud, educación, cultura y deporte, realizar tareas de saneamiento comunitario, apoyar el transporte público y sanitario, prestar asistencia funeraria a familias sin recursos y suscribir acuerdos bancarios para facilitar el pago a jubilados y pensionados.
La medida, planteada como un «contrato» entre el gobierno municipal y el actor económico, tendría vigencia desde la firma del documento hasta el 31 de diciembre de 2026 y sería renovable cada año.
Pese a que el documento presenta el esquema como una colaboración voluntaria, la filtración señala que algunos trabajadores por cuenta propia ya habrían sido convocados para firmar el «contrato» vinculado a estas obligaciones.
La «voluntariedad» queda además en entredicho por el régimen de sanciones previsto. Quienes incumplan sin justificación enfrentarán amonestaciones, evaluaciones negativas en los registros municipales, pérdida de incentivos y notificación a organismos de control del sector no estatal.
El texto no establece criterios públicos para distribuir las responsabilidades según el tipo de actividad, los ingresos de cada emprendimiento o las necesidades de cada municipio, lo que deja amplio margen a la discrecionalidad de las autoridades locales.
En junio de 2026, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 medidas económicas. Entre ellas destaca la llamada «medida 70», que obliga a todos los actores económicos a financiar directamente el sistema de asistencia social, desde el pago de pensiones hasta los servicios funerarios.
En julio, el Banco Central extendió a todo el país el esquema por el que los negocios locales asumen el pago de pensiones a jubilados cercanos usando el efectivo de sus propias ventas.
Ese mismo mes, la gobernadora de Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, convocó a mipymes y cuentapropistas de Manzanillo para exigirles que asumieran, entre otras cargas, el pago de pensiones en un municipio cuyo gobierno provincial admitió no tener los más de 400 millones de pesos necesarios para cubrir a sus 111,000 jubilados.
En agosto, el régimen privatizó la gestión de los comedores del SAF mediante el Acuerdo 10418 del Consejo de Ministros.
Los emprendedores cubanos enfrentan además presión desde el exterior. El 30 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) revocó la autorización que permitía a bancos bajo jurisdicción estadounidense mantener cuentas de emprendedores privados cubanos y ordenó el bloqueo de esos fondos, golpeando a un sector ya asfixiado por apagones, impuestos, escasez e inspecciones.
Hasta el momento de la publicación, las autoridades de Cienfuegos no habían informado oficialmente sobre la iniciativa ni precisado cuántos establecimientos quedarían alcanzados por el presunto contrato oficial.
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