Deportados y repatriados: El cinismo del régimen cubano con sus emigrados

En una reciente emisión del Noticiero Nacional de Televisión (NTV), el periodista oficialista Oliver Zamora Oria dedicó su espacio de análisis a las medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, enfocándose en el proceso de deportaciones de cubanos desde Estados Unidos.

A lo largo de su intervención, Zamora Oria ofreció una visión crítica del gobierno estadounidense, acusándolo de cinismo, oportunismo electoral y desprecio por los derechos humanos de los migrantes. Señaló además que se trata de una “penosa realidad” para aquellos que, según él, alguna vez creyeron en la retórica republicana.

Sin embargo, su denuncia terminó cayendo en el vacío por la escandalosa falta de coherencia del discurso oficial cubano. El mismo régimen que condena con vehemencia las políticas migratorias ajenas es incapaz de garantizar derechos básicos a sus propios ciudadanos, incluidos los que alguna vez emigraron y luego decidieron regresar.

En efecto, lo que Zamora Oria describió como “una especie de caída de máscaras” -curiosa analogía en un vocero del régimen que parece estar solicitando la nacionalidad española- en la política exterior estadounidense, se ajusta perfectamente a la manera en que el Estado cubano ha gestionado históricamente la migración: como un instrumento de control social, presión diplomática y propaganda.

Desde los años sesenta hasta hoy, la emigración ha sido manipulada por el poder para deshacerse de opositores, aliviar tensiones internas o negociar con otros gobiernos. En tiempos de crisis, se ha promovido; en tiempos de apaciguamiento, se ha regulado. Pero en ningún caso se ha tratado como un derecho humano natural: el derecho a emigrar y a regresar ha estado siempre condicionado por la lealtad ideológica, la utilidad política o la conveniencia económica.

Esa es la gran contradicción que el reportaje del NTV omitió deliberadamente. Mientras en cámara se clama por la situación de los cubanos que enfrentan procesos de deportación en EE.UU., dentro de Cuba se castiga al que regresa.

El repatriado, lejos de ser acogido con los brazos abiertos, debe someterse a un proceso burocrático engorroso: solicitar permiso, pagar tarifas, presentar documentos médicos y legales, y en no pocos casos, pasar por el filtro político que decide si su regreso es o no “conveniente”.

Pero incluso aquellos que superan el laberinto de trámites y logran repatriarse, no recuperan automáticamente sus derechos.

Existen múltiples testimonios —algunos recogidos por CiberCuba en años recientes— que dan cuenta de repatriados a quienes se les ha negado el derecho al voto, el acceso a propiedades, la apertura de negocios o incluso la residencia legal en sus propias viviendas familiares. En casos más graves, repatriados que invirtieron en pequeños emprendimientos han sido encarcelados por operar fuera del estrecho marco legal impuesto por el Estado.

Zamora Oria habló de una “larga lista de intimidaciones y represión” en la política estadounidense. Pero no mencionó que en Cuba, esa lista es también extensa y cotidiana. No solo incluye a repatriados, sino a activistas, periodistas, artistas, opositores, ciudadanos comunes que critican al sistema o que simplemente exigen respeto a sus derechos.

El ambiente de “miedo” que el periodista achacó a EE.UU. bien podría describir el clima dentro de la isla: uno en el que opinar diferente puede costar la libertad o el acceso a servicios básicos.

La crítica a la “maquinaria anticubana de la Florida”, otro de los blancos del discurso oficialista, también es contradictoria. El régimen condena a políticos que —según su visión— manipulan el tema migratorio con fines electorales. Sin embargo, el propio gobierno cubano ha hecho de la migración una herramienta de negociación política y diplomática.

En tiempos de tensiones bilaterales, ha llegado a utilizar la amenaza de una oleada migratoria como presión hacia Washington, mientras que en períodos de mayor apertura ha incentivado el envío de remesas y las inversiones de cubanos en el exterior bajo la narrativa de “reencuentro con la patria”, sin por ello modificar sustancialmente las condiciones de vida o los derechos de quienes retornan.

En resumen, el régimen cubano utiliza el tema migratorio según sus intereses del momento. Cuando le resulta útil en su batalla ideológica contra Estados Unidos, se presenta como defensor de los derechos de los emigrados. Cuando los emigrados desean regresar, se convierte en juez y carcelero.

No hay coherencia, solo cálculo político. No hay voluntad real de reconciliación, sino necesidad económica. El cubano fuera de Cuba vale en tanto envíe dólares. El que regresa vale en tanto no moleste.

Lo más preocupante es que este doble rasero no es ocasional ni accidental: forma parte estructural del sistema político cubano. La ciudadanía, dentro y fuera de la isla, es tratada de forma desigual según su relación con el poder.

El emigrado es útil cuando genera ingresos, pero sospechoso cuando exige derechos. El repatriado es bienvenido si calla, pero repudiado si cuestiona. Esta lógica excluyente no solo viola principios básicos de justicia y ciudadanía, sino que evidencia el verdadero rostro del Estado cubano: uno que no tolera la autonomía individual ni siquiera cuando se manifiesta en forma de regreso a casa.

Que la televisión oficial denuncie las deportaciones con indignación puede parecer, en apariencia, un gesto humanitario. Pero en boca de un régimen que no permite a sus ciudadanos entrar y salir libremente, que criminaliza la discrepancia y que administra los derechos como favores, ese gesto es pura propaganda. No es preocupación real: es cinismo.

Y eso es lo que deben entender tanto los cubanos dentro de la isla como aquellos que viven fuera. El verdadero drama no está solo en la amenaza de ser deportado desde otro país. Está también —y sobre todo— en no poder regresar con dignidad al propio.

Porque mientras el régimen cubano siga viendo a sus emigrados como piezas de negociación y a sus repatriados como ciudadanos de segunda, ningún discurso sobre derechos humanos podrá ser tomado en serio. Y ningún reportaje podrá ocultar la verdad de fondo: que el Estado cubano sigue sin respetar plenamente los derechos de todos sus ciudadanos, estén donde estén.