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La Administración Trump anunció la suspensión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como 'Food Stamps', a los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de 'parole' humanitario.
La medida afectará principalmente a aproximadamente 321,000 ciudadanos de Cuba y Haití que, hasta ahora, tenían derecho a servicios temporales de reasentamiento, incluyendo la asistencia alimentaria.
El Departamento de Agricultura emitió el pasado 3 de abril una comunicación informando que, tras la revocación del 'parole' humanitario para emigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, los beneficiarios de estas nacionalidades que recibían 'Food Stamps' verán suspendido su acceso a este programa a partir del 24 de abril, día en la que expirará su estatus migratorio.
La notificación fue enviada a todas las agencias estatales encargadas de aplicar el SNAP, ordenando que, una vez vencido el 'parole', se retire el acceso al mismo a las personas afectadas. Solo podrán continuar inscritas en el programa las que demuestren que ya posean otro estatus migratorio elegible para recibir la ayuda.
El documento no menciona a quienes ingresaron por la frontera con la aplicación CBP One o los que posean un I-220A, (documento que otorga libertad condicional bajo palabra), que se encuentran en proceso de obtener asilo o de revisión de estatus.
Alrededor de 532,000 nacionales de los cuatro países llegaron a Estados Unidos gracias al parole humanitario. Sin embargo, solo los cubanos y haitianos tienen derecho a servicios adicionales, como el SNAP.
En total, 110,240 cubanos y 211,040 haitianos ingresaron con parole, pero no se conoce con exactitud cuántos de ellos solicitaron el beneficio.
Se sabe que muchos ya regularizaron su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano y el TPS para los haitianos, que entró en vigor en 2024 y se extenderá hasta el 3 de agosto de este año.
Los 'Food Stamps' pueden durar un año y solo se extinguen si la persona recibe una orden final de deportación.
Su suspensión ha generado preocupación entre las comunidades afectadas, ya que muchos dependen de estos beneficios para su sustento diario.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes critican la medida, argumentando que crea un clima de miedo e incertidumbre, y podría aumentar la inseguridad alimentaria entre las poblaciones más vulnerables.
La decisión forma parte de una serie de medidas implementadas por la Administración Trump enfocadas en el fortalecimiento de políticas migratorias más estrictas.
Cuando en marzo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación de los programas de permiso humanitario (parole) para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (conocidos como programas CHNV) dispuso que los beneficiarios debían abandonar voluntariamente el país antes del 24 de abril. De no hacerlo, podrán enfrentar procedimientos de deportación acelerada.
Se exceptúan los que hayan solicitado un ajuste de estatus, como asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS) o visados de víctimas de delitos, así como las personas que hayan presentado una reclamación familiar, petición de noviazgo (fiancée) o solicitud de empleado inmigrante.
Además, el DHS revocó las autorizaciones de empleo de los beneficiarios del 'parole' humanitario, afectando su capacidad para trabajar legalmente en el país.
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