El abogado de inmigración Willy Allen advierte que los patrocinadores del parole humanitario podrían enfrentarse a demandas civiles de reembolso por parte del gobierno estadounidense si sus beneficiarios han cobrado ayudas públicas, aunque esas ayudas sean legales para cubanos y haitianos con parole. Plantea que el choque entre el contrato firmado por el patrocinador y la normativa federal que permite esas prestaciones terminará resolviéndose en los tribunales y, en un primer momento, probablemente en contra del patrocinador.
Qué le preocupa a Willy Allen
Allen afirma que su principal preocupación “ahora” con los paroles humanitarios es “la amenaza” de que las autoridades reclamen a los patrocinadores el dinero de las ayudas económicas que han recibido sus patrocinados.
Explica que muchos patrocinadores firmaron compromisos económicos donde garantizaban que la persona patrocinada no usaría fondos federales ni ayudas del gobierno, y ese documento es la base del posible conflicto.
El conflicto legal: contrato vs. ley federal
El programa de parole para cubanos y haitianos permite que los beneficiarios accedan a determinadas ayudas, pero el patrocinador firmó un acuerdo en sentido contrario, asumiendo que el beneficiario no sería “carga pública”.
Para Allen, el punto central será qué pesa más ante un juez: si el contrato individual que prohíbe el uso de ayudas o la ley federal que, al amparo del parole, autoriza el acceso a ciertos beneficios.
Cómo podrían ser las demandas
El abogado considera que se trataría de pleitos civiles de contrato, en los que el gobierno intentaría que un juez declare responsable al patrocinador por el reembolso de las prestaciones cobradas por el beneficiario.
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Advierte que los procesos civiles suelen demorar años, con apelaciones de por medio, de modo que, “entre que el palo va y viene”, es probable que el patrocinador no tenga que pagar nada de inmediato.
Qué puede esperar el patrocinador
Allen sospecha que, con la actual administración, “la primera mordida” será en contra del patrocinador, es decir, que la interpretación inicial favorecerá al gobierno por el peso del contrato firmado.
No obstante, recuerda que, en último término, la ley federal está por encima de cualquier contrato privado, por lo que el desenlace final podría cambiar, según cómo fallen los tribunales superiores o un futuro gobierno.
La decisión individual y el miedo al IRS
En el plano práctico, Allen comenta que, si la reclamación es por una cantidad “asequible”, algunos patrocinadores preferirán pagar para “quitársela de encima”, mientras otros optarán por litigar hasta el final.
Con su estilo coloquial, remata diciendo que él, “por tacaño”, no pagaría nada voluntariamente y que la única institución a la que paga “religiosamente” es al IRS, describiendo a la agencia tributaria como “el diablo” o, incluso, que “el diablo trabaja para ellos”.
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