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Una jueza federal en Estados Unidos detuvo de manera temporal la cancelación masiva del parole de reunificación familiar impulsada por la administración de Donald Trump. La orden judicial, firmada el 10 de enero, ofrece un respiro momentáneo a quienes estaban a punto de perder su estatus legal y quedar expuestos a la deportación.
La jueza Indira Talwani, del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, concedió una suspensión de 14 días a la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ponía fin de forma anticipada al Programa de Reunificación Familiar (FRP).
La medida afecta a migrantes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador que ya habían sido admitidos en Estados Unidos bajo este mecanismo y contaban con autorización de trabajo mientras esperaban la residencia permanente.
El punto central de la decisión judicial no fue ideológico, sino procesal y humano, cuando se determinó que el gobierno no notificó de manera individual y adecuada a las personas afectadas.
Talwani fue tajante al afirmar que publicar un aviso general en el Registro Federal no equivale a una “notificación escrita” directa al migrante, como exigen las propias regulaciones del DHS.
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Para muchos beneficiarios del parole, esa falta de aviso significaba despertarse un día con la amenaza inmediata de quedar en estatus irregular, sin tiempo real para reaccionar.
En su orden, la jueza advirtió que revocar el parole sin notificación adecuada podría causar un “daño irreparable”, implicando la obligación del migrante a salir del país o el riesgo de acumular presencia ilegal, lo que puede cerrarles para siempre la puerta a la residencia permanente y, en el futuro, a la ciudadanía estadounidense.
La política suspendida había sido anunciada por el DHS en diciembre, bajo el argumento de que los programas de reunificación presentaban “brechas de seguridad” que podrían ser aprovechadas por actores fraudulentos.
Según la propia agencia, quienes no tuvieran una solicitud de residencia pendiente perderían su estatus legal el 14 de enero. Organizaciones y abogados migratorios estimaron que más de 10,000 personas resultarían afectadas, entre ellas miles de niños.
La decisión de Talwani no cancela definitivamente la política de Trump, pero sí obliga al gobierno a frenar la revocación automática del parole mientras continúan los procesos judiciales.
En los próximos días, el DHS deberá entregar el expediente administrativo del caso y presentar sus argumentos ante la corte, mientras los demandantes intentan lograr una suspensión más prolongada o una orden judicial permanente.
Preguntas frecuentes sobre la suspensión del parole de reunificación familiar en EE.UU.
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¿Por qué se suspendió la cancelación del parole de reunificación familiar?
La jueza Indira Talwani bloqueó temporalmente la cancelación del parole de reunificación familiar debido a que el gobierno no notificó adecuadamente a los afectados. La falta de notificación individual fue considerada por la jueza como una violación del debido proceso, lo que podría causar un daño irreparable a quienes perderían su estatus legal sin previo aviso.
¿A quiénes afecta la suspensión del parole de reunificación familiar?
La suspensión afecta a migrantes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador que ya estaban en EE.UU. bajo este programa. Estos migrantes contaban con permisos de trabajo mientras esperaban la residencia permanente, y la cancelación del programa los dejaría en un estatus irregular.
¿Qué consecuencias tendría la cancelación del programa para los migrantes afectados?
Si el parole de reunificación familiar se cancela definitivamente, los migrantes perderían su estatus legal y su autorización de trabajo. Esto podría obligarles a salir de EE.UU. o acumular presencia ilegal, lo que complicaría su posibilidad de obtener residencia permanente o ciudadanía en el futuro.
¿Cuál es el argumento del gobierno de EE.UU. para cancelar el programa de reunificación familiar?
El gobierno de EE.UU. argumenta que el programa presentaba "brechas de seguridad" que podían ser aprovechadas por actores fraudulentos. El Departamento de Seguridad Nacional busca restablecer un proceso de evaluación caso por caso, justificando que el parole se estaba utilizando de manera extensiva y no como estaba originalmente concebido.
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