El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió este sábado una orden de suspensión provisional que impide al Gobierno del presidente Donald Trump continuar con las expulsiones de migrantes venezolanos basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de tiempos de guerra que apenas se ha invocado en tres ocasiones en la historia del país.

Trump, que en su segundo mandato ha intensificado las medidas de control migratorio, ha justificado el uso de esta ley acusando a la banda criminal venezolana Tren de Aragua (TdA) de “perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión predatoria” en territorio estadounidense.

El detonante: Deportaciones sin proceso judicial 

La controversia estalló tras la deportación en marzo de cerca de 250 migrantes venezolanos a El Salvador, muchos de ellos enviados directamente a la mega-cárcel CECOT.

Las autoridades estadounidenses los acusaron de pertenecer a organizaciones criminales como MS-13 y el mencionado Tren de Aragua, y justificaron las expulsiones invocando la antigua ley sin otorgar audiencia ni notificación formal a los abogados de los detenidos.

“La notificación debe hacerse dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita realmente solicitar un recurso de habeas corpus en la instancia adecuada antes de que se produzca la expulsión”, estableció el Supremo el pasado 8 de abril, permitiendo el uso de la ley, pero condicionando su aplicación al debido proceso judicial.

La intervención judicial: De Boasberg al Supremo

El juez federal James Boasberg, de Washington, emitió una orden el 15 de marzo bloqueando las deportaciones al considerar que se estaba vulnerando el derecho al debido proceso.

La Administración Trump ignoró el fallo, lo que llevó a Boasberg a advertir de una posible declaración de desacato por “ignorancia deliberada” del dictamen judicial.

En respuesta a las expulsiones planeadas, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó un recurso de emergencia este viernes, advirtiendo que el Gobierno intentaba evadir las restricciones legales trasladando a los migrantes a centros de detención donde no existían órdenes judiciales de protección.

“Es necesaria una intervención de emergencia para [...] prevenir un daño irreparable y permanente a los demandantes”, escribió la ACLU.

Los afectados se encontraban en el centro de detención de Bluebonnet, en Texas, y recibieron notificaciones en inglés sobre su inminente deportación, a pesar de que muchos solo hablan español.

Según ACLU, no se les informó de su derecho a impugnar la designación de “enemigos extranjeros” en tribunales federales.

“Sin la intervención de este Tribunal, decenas o cientos de miembros de la clase propuesta pueden ser expulsados a una posible cadena perpetua en El Salvador sin ninguna oportunidad real de impugnar su designación o expulsión”, denunció la organización.

El Supremo responde: Pausa inmediata

Este sábado, el Tribunal Supremo emitió una orden contundente: “Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal”.

Aunque no resuelve aún de fondo la apelación, la decisión suspende temporalmente las deportaciones mientras se resuelve el caso en la instancia correspondiente, en este caso el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.

Simultáneamente, otro tribunal federal de apelaciones, el del Noveno Circuito, rechazó una solicitud del gobierno de Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de más de 350,000 venezolanos, impidiendo su deportación inminente y suponiendo otro duro golpe a la política migratoria del mandatario.

El caso de Kilmar Ábrego García

Uno de los casos más emblemáticos es el de Kilmar Armando Ábrego García, residente legal protegido desde 2019 contra la deportación, quien fue deportado “por error” a El Salvador.

El Supremo solicitó a Trump facilitar su retorno, respaldando una orden de un juez federal de Maryland que exigía su repatriación.

Sin embargo, el Gobierno ha insistido en vincularlo a la banda MS-13 y ha desoído las exigencias judiciales.

El Departamento de Justicia reconoció inicialmente un “error administrativo”, aunque luego rectificó su postura. Este caso se ha convertido en un símbolo del conflicto entre el Ejecutivo y el poder judicial.

En una foto publicada este viernes, el presidente Trump posó junto al que asegura es un tatuaje en una mano de Ábrego García que confirmaría su pertenencia al MS-13.

Un precedente inquietante

La reactivación de una ley de 1798, en contextos ajenos a una guerra declarada, abre un inquietante precedente sobre los límites del poder presidencial en materia migratoria.

Aunque el Supremo ha permitido su uso bajo ciertas condiciones, ha sido enfático en que debe garantizarse el debido proceso.

El caso también evidencia las estrategias del Ejecutivo para sortear órdenes judiciales, como el traslado de migrantes a jurisdicciones sin fallos restrictivos, lo cual ha generado un creciente rechazo en amplios sectores del sistema judicial estadounidense.

En palabras de la ACLU, esta política pone en peligro “derechos fundamentales consagrados en la Constitución”. La batalla legal está lejos de concluir, pero por ahora, las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros han sido detenidas.