En una decisión que ha generado una fuerte controversia en el sur de Florida, el gobierno de la ciudad de Doral aprobó por unanimidad una resolución para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el programa federal 287(g), que permite a agencias policiales locales asumir funciones de aplicación de leyes migratorias federales.
La medida desató preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes, especialmente por el perfil demográfico de la ciudad: un 70 % de su población es nacida en el extranjero, con una comunidad venezolana particularmente significativa.
La aprobación de este acuerdo convierte a Doral en una de las más de 200 jurisdicciones en Florida -el estado con más colaboraciones de este tipo en el país- que se han unido al programa impulsado por políticas migratorias federales de línea dura de la administración Trump.
Una decisión entre la presión legal y la crítica social
Durante la sesión que concluyó con la votación, la vicealcaldesa Maureen Porras explicó que la decisión se tomó siguiendo la recomendación del abogado de la ciudad, quien interpretó que Doral está legalmente obligada a firmar el acuerdo bajo una nueva ley estatal aprobada en febrero, que refuerza la cooperación entre gobiernos locales y federales para combatir la inmigración ilegal.
"Nuestro abogado ha interpretado la ley para decir que tenemos que firmar este acuerdo", aseguró a Local 10.
Aun así, reconoció que existe confusión legal, ya que otras ciudades como South Miami han impugnado esta supuesta obligación ante los tribunales, buscando una orden judicial que aclare si realmente están obligadas a participar.
"Estamos siguiendo muy de cerca ese caso. Pero mientras no haya una decisión judicial clara, debemos actuar conforme a la orientación legal que tenemos ahora", añadió la vicealcaldesa.
El temor se instala en la comunidad inmigrante
La resolución ha sido recibida con una mezcla de alarma e indignación por parte de activistas, abogados y miembros de la comunidad inmigrante, que aseguran este tipo de acuerdos no promueven la seguridad, sino el miedo.
"No tienen suficientes agentes del ICE para detener y llevar a cabo esta deportación masiva. Necesitan la ayuda de la Policía local", dijo Juan Cuba, del Proyecto Libertad de Miami.
La comunidad venezolana en el municipio de Doral, también conocido como la Pequeña Venezuela o Doralzuela, atraviesa momentos de gran incertidumbre y temor debido a las políticas migratorias de la administración Trump.
"Nos duele que el gobierno nos esté dando la espalda. No vinimos a delinquir; vinimos a trabajar, a construir" dijo John, inmigrante venezolano que lleva nueve años en Estados Unidos, donde dirige una empresa constructora, y donde nació su hija de cinco años.
Entre la ley y la comunidad
Aunque la vicealcaldesa Porras enfatizó que el acuerdo no será usado para discriminar ni violar los derechos de los residentes "queremos apoyar a nuestro departamento de Policía, pero también asegurarnos de no usar este contrato para discriminar a nadie por su estatus migratorio", reconoció que la ansiedad es real.
"Sé que esto preocupa a mucha gente. Por eso necesitamos hacer un fuerte trabajo de divulgación comunitaria", dijo.
No obstante, para quienes viven en Doral sin un estatus migratorio regular o con permisos temporales, el mensaje parece claro: la ciudad que alguna vez fue refugio, podría convertirse ahora en una extensión de las políticas migratorias más agresivas del país.
Una ola de adhesiones y resistencia en Florida
Doral no está sola en esta decisión. En los últimos meses, ciudades como Hialeah, Coral Gables, West Miami y Miami Springs también han suscrito acuerdos similares, con argumentos parecidos: cumplir con la ley estatal, apoyar a los departamentos de policía y reforzar la "seguridad pública".
En Hialeah, el alcalde Esteban Bovo ha intentado minimizar el impacto de la decisión, asegurando que "mañana por la mañana todo seguirá igual".
Pero para muchos activistas, esa normalidad es ilusoria. En Orlando, por ejemplo, el reciente acuerdo firmado entre ICE y el Departamento de Policía desató protestas de organizaciones comunitarias, que denunciaron que el pacto fue suscrito sin suficiente transparencia ni consulta pública.
Mientras tanto, la Patrulla de Carreteras de Florida ha anunciado que al menos 1,400 policías estatales serán juramentados como oficiales de enlace con ICE, consolidando una red estatal de aplicación de políticas migratorias federales sin precedentes.
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