El chavismo consolidó su control político en Venezuela tras las elecciones legislativas y regionales celebradas el 25 de mayo, en medio de una participación ciudadana notablemente baja y denuncias de ilegitimidad por parte de la oposición.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), la coalición oficialista Gran Polo Patriótico, liderada por el dictador Nicolás Maduro, obtuvo el 82,6% de los votos y ganó 23 de las 24 gobernaciones en disputa.
Sin embargo, la jornada electoral estuvo marcada por una abstención significativa. El propio CNE, entidad controlada por el chavismo, reportó una participación del 42,6% del electorado, mientras que la plataforma opositora Comando Con Venezuela estimó que la abstención alcanzó el 87,4%.
María Corina Machado, líder opositora, promovió el boicot electoral como forma de protesta contra lo que considera un proceso fraudulento, y celebró la baja participación como una muestra de desobediencia civil.
A pesar del llamado al boicot, algunos sectores de la oposición decidieron participar en los comicios. Henrique Capriles, excandidato presidencial, obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional, mientras que otros líderes opositores, como Juan Requesens, no lograron resultados significativos. En conjunto, las fuerzas opositoras que participaron sumaron alrededor del 14% de los votos, según el CNE.
Estas elecciones se realizaron en un contexto de creciente desconfianza hacia el sistema electoral venezolano, especialmente después de las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro consumó un golpe de Estado y salió "reelegido" sin que se publicaran las actas electorales (cosa que sí hizo la oposición), lo que llevó a protestas y denuncias de fraude, y a que varios de sus líderes se exiliaran tras una nueva oleada represiva del régimen chavista.
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Además, el proceso electoral incluyó la elección de autoridades para la región del Esequibo, territorio en disputa con Guyana, lo que ha generado tensiones internacionales y ha sido considerado por analistas como una estrategia del gobierno para fortalecer su base de apoyo interno.
La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de transparencia y las restricciones a la prensa durante el proceso electoral, así como por la represión de la disidencia política en el país.
A finales de enero, tras la imposición violenta de los resultados fraudulentos del régimen de Maduro, la líder de la oposición venezolana y mano derecha del presidente electo en los comicios del 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, presentó una declaración oficial del gobierno salido de las urnas.
Bajo el título "Siete principios para la libertad", el documento estableció los lineamientos fundamentales para materializar el mandato soberano emitido por los venezolanos y guiar la transición democrática en el país.
El quinto principio enunciado por el gobierno electo fue claro en relación con la celebración de nuevos procesos electorales fraudulentos por parte del régimen chavista: "Elecciones para elegir: Rechazo categórico a nuevos procesos electorales antes de respetar los resultados del 28-J".
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