El régimen cubano sabía que el aumento abrupto de las tarifas de ETECSA generaría rechazo popular y, previendo un escenario de malestar social, activó mecanismos represivos y medidas disuasorias antes y después del anuncio oficial.
El nuevo tarifazo impuesto por la estatal ETECSA, publicado el 31 de mayo, ha encendido las redes sociales cubanas y ha sido ampliamente criticado por una ciudadanía que ve como la llamada “dolarización parcial de la economía” avanza hacia ámbitos de los servicios públicos y la venta de productos de primera necesidad.
El incremento en los paquetes de datos móviles y otros servicios de telecomunicaciones coincide con un momento de creciente tensión económica y social en la isla, agravada por la inflación, los apagones y el deterioro generalizado de los servicios básicos.
Sin embargo, el anuncio de ETECSA no fue un movimiento improvisado. Días antes, el gobierno cubano adoptó medidas que parecen formar parte de un plan preventivo ante un posible estallido social.
El 29 de mayo, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley 17 de 2024, que endureció las penas por delitos que afecten la infraestructura ferroviaria, de telecomunicaciones y energética.
Las sanciones se incrementaron hasta los 20 años de cárcel, incluso en casos donde no se haya consumado el delito pero se compruebe la "intención". Este movimiento legislativo resulta particularmente sospechoso al realizarse apenas horas antes del anuncio del tarifazo, como si las autoridades anticiparan sabotajes o disturbios derivados del descontento social.
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Al día siguiente, el 30 de mayo, se reportó un incendio en una instalación de reciclaje en Mayabeque que amenazó con propagarse a la infraestructura eléctrica cercana.
Aunque las autoridades no han ofrecido detalles que sustenten un origen intencional, el hecho fue amplificado por los medios oficiales, recordando episodios anteriores en los que el régimen utilizó incidentes similares como justificación para intensificar la represión y reforzar su narrativa sobre supuestas amenazas internas.
El 31 de mayo, coincidiendo con el anuncio de las nuevas tarifas, el ministerio del Interior (MININT) realizó un operativo de “vigilancia y patrullaje” en varias zonas del país.
Según reportes de residentes y activistas, aumentó la presencia policial, hubo cortes selectivos de internet y vigilancia sobre figuras críticas del gobierno. En algunos casos, ciudadanos reportaron detenciones breves y advertencias por publicaciones críticas en redes sociales.
Estos hechos, conectados temporal y temáticamente, apuntan a una estrategia articulada por parte del régimen. Lejos de sorprenderse por la indignación generada por el tarifazo, el gobierno parecía estar esperando esa reacción, y se preparó para neutralizarla.
La narrativa del “enemigo interno” y la amenaza a la seguridad nacional se ha convertido en un instrumento habitual del poder cubano para justificar sus decisiones más impopulares.
ETECSA, como monopolio estatal de las telecomunicaciones, ha sido blanco constante de críticas por la baja calidad de sus servicios y los altos precios en comparación con los ingresos promedio de los cubanos. La “dolarización parcial” de sus servicios acentúan la desigualdad y la exclusión social que crece exponencialmente en el régimen totalitario cubano.
El nuevo tarifazo no solo impacta directamente en la economía doméstica, sino que restringe aún más el acceso a la información, la comunicación con el exterior y la actividad en redes sociales, en un momento en que el descontento popular se canaliza cada vez más por estas vías.
La represión preventiva, la manipulación del miedo y el refuerzo del aparato punitivo conforman una estrategia bien conocida del régimen.
Lo novedoso en este caso es la secuencia clara de acciones que sugiere que el tarifazo no fue un error de cálculo, sino una decisión tomada con plena conciencia de sus efectos sociales, y una disposición explícita a sofocar cualquier expresión de protesta.
La ciudadanía, por su parte, continúa resistiendo desde los espacios que le quedan: redes sociales, medios independientes y el activismo cívico. A pesar de los intentos de silenciarla, la voz del pueblo cubano sigue buscando formas de ser escuchada.
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