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El Tribunal Provincial Popular de Holguín impuso una condena de ocho años de privación de libertad a un ciudadano por el delito de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor.
La vista oral y pública tuvo lugar esta semana en la Sala Primera de lo Penal de dicha instancia y como parte del Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales, indicó el periódico oficial ¡Ahora!
Según la información, el juicio siguió “todas las garantías jurídicas y procesales establecidas en la legislación vigente en Cuba”.
Subrayó que la acción “cumple una función profiláctica y preventiva en personas con potenciales delictivos o proclives a incurrir en hechos similares”, lo cual revela que el objetivo del acto no fue solo sancionar, sino también enviar un mensaje “ejemplarizante” a la ciudadanía.
El Código Penal cubano castiga con severidad el sacrificio ilegal de ganado, junto a otras actividades relacionadas como la adquisición, transportación, comercialización y tráfico de carne obtenida fuera del marco legal.
La criminalización de estas prácticas, repetidas y extendidas, refleja un fenómeno que trasciende lo individual y apunta a un contexto económico en el que el acceso legal a la carne es cada vez más limitado.
La publicación del juicio en medios oficiales no expone detalles del caso, pero sí insiste en el carácter “preventivo” de estas acciones. Más que una política de justicia restaurativa o reformas estructurales, se recurre a la exhibición del castigo como mecanismo de control social.
Aunque se enmarca dentro de una campaña nacional contra el delito y las ilegalidades, este tipo de acciones no parece contener la raíz del problema. En un país donde la escasez de alimentos es crónica y la ganadería se encuentra en crisis, las condenas públicas no disuaden, solo refuerzan la narrativa del castigo sin resolver la necesidad.
Del 23 al 28 de junio transcurre el Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales, una operación de carácter masivo bajo el control del Partido Comunista, el Ministerio del Interior y otras estructuras del Estado.
La iniciativa, encabezada por Miguel Díaz-Canel desde el Comité Central del Partido Comunista, incluye acciones de vigilancia popular, auditorías fiscales, inspecciones energéticas y juicios públicos a casos considerados “de connotación”, en lo que parece ser un intento por reforzar el control estatal sobre la vida cotidiana de los cubanos.
La práctica de celebrar “juicios ejemplarizantes” ha sido históricamente utilizada por el régimen para enviar mensajes de advertencia a la población, sobre todo en contextos de crisis económica y creciente descontento.
El propio día 23, el gobierno comunista mantuvo su ofensiva punitiva contra el consumo de la droga conocida como “el químico” y pidió 8 y 9 años de privación de libertad en Matanzas para dos jóvenes acusados de su consumo y transportación.
En este sentido, el Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a un ciudadano a 20 años de prisión por transportar un aire acondicionado enviado desde el exterior que contenía más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína líquida en su interior.
También esta semana, el Tribunal Municipal de Guáimaro, en la provincia de Camagüey, condenó a dos ciudadanos a seis años de prisión por el robo, sacrificio ilegal y tráfico de carne de res, en un juicio público calificado por las autoridades como “ejemplarizante”.
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado en función de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba sancionó a un ciudadano a ocho años de privación de libertad por un delito relacionado con drogas ilícitas, previsto en el artículo 235.1 del Código Penal vigente.
Asimismo, el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo condenó a tres hombres del poblado La Caridad de los Indios, en el municipio de Manuel Tames, a penas de 17, 20 y 25 años de prisión por un robo violento con arma de fuego contra un campesino, a quien despojaron de más de tres millones de pesos.
También en el municipio de Niquero, provincia de Granma, tuvo lugar otro "juicio ejemplarizante" por el delito de atentado de un ciudadano contra dos agentes del orden público.
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