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El Tribunal Municipal de Guáimaro, en la provincia de Camagüey, condenó a dos ciudadanos a seis años de prisión por el robo, sacrificio ilegal y tráfico de carne de res, en un juicio público calificado por las autoridades como “ejemplarizante”.
La instancia judicial encontró a los acusados culpables de transportar 181 libras de carne vacuna, decomisadas en un operativo policial nocturno cerca de la Carretera Central.
Según las pruebas presentadas como parte de la Causa No.7/2025, las autoridades siguieron el rastro de la carne hasta una vivienda en la cooperativa Triunfo de la Revolución, donde incautaron un cuchillo con restos de sangre bovina y prendas de vestir manchadas.
El caso fue investigado por el Departamento Técnico Investigativo (DTI) de la PNR, que logró interceptar el cargamento antes de su distribución, informó el periódico oficial Adelante.
La sentencia, basada en el artículo 316 del Código Penal, incluye además la “privación de derechos” y la prohibición de salir de Cuba durante el mismo período de la condena. El tribunal justificó el fallo por las “afectaciones a la ganadería y la economía estatal”.
El proceso forma parte del Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales, una iniciativa gubernamental que busca mostrar “rigor” contra la criminalidad.
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Se enmarca asimismo en una ofensiva legal contra el desvío de recursos ganaderos, un delito severamente castigado en Cuba, donde la producción de carne vacuna está estrictamente controlada por el Estado. Sin embargo, la condena contrasta con la realidad de una población que sufre escasez crónica de proteínas y recurre al mercado negro para subsistir.
Mientras las autoridades celebran la “severidad” de estas sentencias, muchos cubanos cuestionan la prioridad de perseguir a quienes matan una res para alimentarse, en medio de una severa crisis económica décadas. El juicio, sin embargo, deja claro que el sacrificio ilegal de ganado sigue siendo una línea roja para el gobierno.
Desde el 23 de junio se puso en marcha el Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales, una operación de carácter masivo que se extenderá hasta el sábado 28 de junio, bajo el control del Partido Comunista, el Ministerio del Interior y otras estructuras del Estado.
La iniciativa, encabezada por Miguel Díaz-Canel desde el Comité Central del Partido Comunista, incluye acciones de vigilancia popular, auditorías fiscales, inspecciones energéticas y juicios públicos a casos considerados “de connotación”, en lo que parece ser un intento por reforzar el control estatal sobre la vida cotidiana de los cubanos.
La práctica de celebrar “juicios ejemplarizantes” ha sido históricamente utilizada por el régimen para enviar mensajes de advertencia a la población, sobre todo en contextos de crisis económica y creciente descontento.
El propio día 23, el gobierno comunista mantuvo su ofensiva punitiva contra el consumo de la droga conocida como “el químico” y pidió 8 y 9 años de privación de libertad en Matanzas para dos jóvenes acusados de su consumo y transportación.
En este sentido, el Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a un ciudadano a 20 años de prisión por transportar un aire acondicionado enviado desde el exterior que contenía más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína líquida en su interior.
En tanto, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado en función de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba sancionó a un ciudadano a ocho años de privación de libertad por un delito relacionado con drogas ilícitas, previsto en el artículo 235.1 del Código Penal vigente.
Asimismo, el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo condenó a tres hombres del poblado La Caridad de los Indios, en el municipio de Manuel Tames, a penas de 17, 20 y 25 años de prisión por un robo violento con arma de fuego contra un campesino, a quien despojaron de más de tres millones de pesos.
También en el municipio de Niquero, provincia de Granma, tuvo lugar otro "juicio ejemplarizante" por el delito de atentado de un ciudadano contra dos agentes del orden público.
Preguntas frecuentes sobre el sacrificio ilegal de ganado en Cuba
¿Por qué fueron condenados dos ciudadanos en Camagüey a seis años de prisión?
Dos ciudadanos en Camagüey fueron condenados a seis años de prisión por el robo, sacrificio ilegal y tráfico de carne de res, en un juicio público que las autoridades calificaron como “ejemplarizante”. Este caso es parte de una ofensiva legal contra el desvío de recursos ganaderos en Cuba.
¿Cuál es el contexto detrás de las sentencias severas por sacrificio ilegal de ganado en Cuba?
El sacrificio ilegal de ganado es severamente castigado en Cuba debido a la estricta regulación estatal sobre la producción de carne vacuna. Estas prácticas ilegales han aumentado debido a la escasez crónica de alimentos y los altos precios de la carne en el mercado oficial, lo que obliga a la población a recurrir al mercado negro para sobrevivir.
¿Cuál es la justificación del gobierno cubano para las condenas severas por sacrificio ilegal de ganado?
El gobierno cubano justifica las condenas severas por sacrificio ilegal de ganado como una medida para proteger la economía estatal y la seguridad alimentaria, ya que el desvío de recursos ganaderos afecta gravemente estos aspectos. Sin embargo, esta postura contrasta con la realidad de la escasez alimentaria que enfrenta la población.
¿Cómo afecta la escasez de alimentos al aumento del sacrificio ilegal de ganado en Cuba?
La escasez de alimentos en Cuba ha impulsado el aumento del sacrificio ilegal de ganado, ya que muchas personas recurren al mercado negro para acceder a proteínas que son inaccesibles debido a su alto costo en el mercado oficial. Esta situación refleja la incapacidad del régimen para garantizar el abastecimiento de alimentos a precios asequibles.
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