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El gobierno cubano autorizó oficialmente el uso de documentos notariales y registrales firmados digitalmente para su validez en el tráfico jurídico, tanto nacional como internacional.
La medida, publicada este jueves en la Gaceta Oficial No. 63, representa un paso significativo en la digitalización de servicios públicos y puede suponer un alivio para miles de cubanos que residen en el exterior o se enfrentan a complejos procesos legales desde fuera del país.
Según la Resolución 284/2025 del Ministerio de Justicia, las copias electrónicas firmadas por notarios y registradores, como certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, propiedad, herencia o antecedentes penales, tendrán la misma validez legal que los documentos en papel, siempre que estén debidamente firmados con certificados digitales de la Infraestructura Nacional de Llave Pública y contengan el sello digital del impuesto correspondiente.
“La transformación digital pone en su centro de atención los trámites en línea para los ciudadanos”, declaró el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz en su cuenta de X (antes Twitter), al anunciar la entrada en vigor del decreto que crea el Centro de Gobierno Digital y autoriza el despliegue de la nueva plataforma de servicios públicos.
¿Qué significa esto para los cubanos fuera de la isla?
En la práctica, la nueva normativa permitirá que los ciudadanos cubanos puedan presentar documentos electrónicos certificados para trámites consulares, migratorios, judiciales o notariales en otros países, sin necesidad de esperar semanas por el envío de versiones impresas o apostilladas desde Cuba.
Los documentos podrán validarse en línea mediante un código QR, número de caso y PIN, a través del sitio oficial del Ministerio de Justicia (www.minjus.gob.cu), lo cual agiliza la verificación y disminuye los riesgos de falsificación o pérdida de documentos físicos.
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Asimismo, por primera vez, se reconoce formalmente la expedición digital de certificaciones del Registro del Estado Civil, como nacimientos o matrimonios. Las personas naturales podrán solicitarlas en línea, incluso para parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como para otros casos en que exista un interés legítimo o representación legal.
También se modificaron los artículos 140 y 147 del Reglamento del Registro del Estado Civil para adaptarlos a esta nueva modalidad digital.
La disposición se enmarca dentro del impulso al Gobierno Digital en Cuba, bajo la creación del nuevo Centro de Gobierno Digital y la plataforma “Soberanía” (www.soberania.gob.cu), que centralizará los servicios y trámites públicos en línea.
Aunque oficialmente se presenta como un avance para la eficiencia administrativa y la transparencia, para muchos cubanos esta decisión puede marcar un antes y un después en su relación con el Estado cubano, al permitirles gestionar trámites clave desde cualquier parte del mundo, incluyendo desde países donde no existen embajadas activas o los servicios consulares están colapsados.
Con más de dos millones de cubanos viviendo fuera de la isla, esta medida podría acortar distancias, reducir costos y tiempos de espera, especialmente para quienes necesitan resolver temas de herencia, validar estudios, gestionar permisos o iniciar procesos migratorios.
La resolución entrará en vigor en 30 días contados a partir de su publicación, es decir, el 9 de agosto de 2025.
El cambio del MINREX al MINJUS
Hace solo seis meses de que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) dejó de ofrecer el servicio de legalización de documentos, una función que fue transferida al Ministerio de Justicia, según lo estipulado en el Acuerdo 10034 del Consejo de Ministros, publicado en febrero de 2025.
La decisión busca modernizar y unificar el proceso, que hasta ese momento había estado fragmentado y sobrecargado. La Directora de Asuntos Consulares, Ana Teresita González, explicó que el traspaso busca integrar todas las fases del proceso, desde las entidades registrales hasta los bufetes y consultorías, sin afectar los servicios ya establecidos.
Este traspaso se produjo en un contexto de creciente demanda de legalizaciones, particularmente por parte de cubanos que aspiraban a acogerse a leyes de nacionalidad como la Ley de Memoria Democrática de España, lo cual provocó grandes demoras en los trámites durante 2023.
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