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El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró en su cuenta de X que, aunque Estados Unidos impuso sanciones migratorias a dirigentes políticos y militares cubanos, y mantiene una “guerra económica prolongada y despiadada”, no logrará doblegar “la voluntad de este pueblo ni de sus dirigentes”.
Poco antes, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío remarcó la idea en la propia red social, calificando la medida como un acto de “soberbia e impotencia” por parte de Washington.
“La pretendida sanción se asume con orgullo, como expresión de quien sirve a un pueblo digno, rebelde e indomable”, aseguró Fernández de Cossío.
Ambos funcionarios intentaron posicionar la negativa de visado como una especie de medalla de honor. Pero la reacción en redes sociales no fue precisamente de apoyo ni orgullo nacional. Las respuestas inundaron las publicaciones con burlas, contradicciones señaladas y una pregunta común: si tanto desprecian al “imperio”, ¿por qué insisten en viajar allí?
“Ya empezaron... Pero si Estados Unidos es tan malo, nos tiene ‘bloqueados’ y demás, ¿por qué tu presidente o cualquier dirigente quiere ir allá?”, cuestionó una usuaria.
Otra respuesta fue más directa: “Si odian al imperio, no tendrían por qué viajar para allá. Así que no les afecta en nada el retiro de las visas”.
Muchos comentarios coincidieron en que la voluntad del pueblo no ha sido quebrada por Estados Unidos, sino por el propio gobierno cubano, que durante décadas ha reprimido, censurado y empobrecido a la población.
“Estados Unidos no ha podido doblegar la voluntad del pueblo #cubano, es cierto. Pero quienes sí la han pisoteado durante décadas son los mismos dirigentes que hoy se victimizan mientras reprimen, mienten y viven como reyes. No hablen de dignidad cuando lo que defienden es su poder, no al pueblo”, escribió un usuario en respuesta directa a Rodríguez.
Otro comentarista señaló que el 11 de julio de 2021 “se demostró que el pueblo no los quiere y Estados Unidos no tiene sanciones contra el pueblo de Cuba; el pueblo de Cuba no es el PCC ni la banda de delincuentes que gobiernan el país. Ocúpense de doblegar la basura que se los está comiendo vivos”, y acompañó su opinión de imágenes de basureros y escombros que proliferan en La Habana.
El contraste entre el discurso oficialista y la percepción ciudadana vuelve a quedar en evidencia. Mientras desde el poder se pretende construir una narrativa de firmeza ideológica, la calle -aunque sea virtual- percibe oportunismo, incoherencia y victimismo.
El gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por su implicación en “graves violaciones de los derechos humanos”, en el marco del aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, incluye la prohibición de entrada al país tanto para el mandatario como para sus familiares directos.
Estas sanciones podrían impedir que Díaz-Canel asista a eventos internacionales, como la Asamblea General de la ONU, donde ha estado presente en ocasiones anteriores. Su mandato presidencial está previsto que finalice en 2028.
La medida también revive antecedentes similares: en 2019, el expresidente Donald Trump aplicó sanciones comparables a Raúl Castro y sus hijos.
Washington sancionó asimismo al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), Álvaro López Miera, y al ministro del Interior (MININT), Lázaro Alberto Álvarez Casas, prohibiéndoles el ingreso al país junto a sus familiares directos.
La medida, anunciada por el Miami Herald a partir de declaraciones de una alta funcionaria del Departamento de Estado, forma parte de un conjunto de acciones para responsabilizar a altos funcionarios del régimen cubano por violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Las sanciones, que incluyen la revocación o denegación de visados, fueron impuestas bajo la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025. Dicha legislación establece que funcionarios extranjeros involucrados en actos significativos de corrupción o abusos graves contra los derechos humanos no son elegibles para entrar a territorio estadounidense.
Además, se dispusieron restricciones de visado a varios funcionarios judiciales y penitenciarios cubanos no identificados, acusados de ser responsables o cómplices de detenciones arbitrarias y actos de tortura contra los manifestantes del 11J. Por motivos de confidencialidad migratoria, no se dieron a conocer los nombres de los afectados.
Como parte de la ofensiva diplomática, el Departamento de Estado también actualizó su Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba, y añadió 11 nuevos hoteles, entre ellos la conocida como “Torre K” en el Vedado habanero, junto con otras propiedades de lujo recientemente inauguradas, vinculadas al conglomerado militar GAESA.
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