En una medida sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos permitirá que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceda a los datos personales de más de 79 millones de personas inscritas en el programa Medicaid, incluyendo información sensible como nombres, direcciones, números de seguro social, etnicidad y datos médicos.
Según reveló la agencia AP, un acuerdo firmado discretamente entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), autoriza explícitamente a ICE a utilizar los datos con el fin de hallar a personas identificadas como extranjeras que puedan estar viviendo en el país sin autorización legal.
La divulgación masiva de información médica marca un nuevo escalón en la ofensiva migratoria de la administración Trump, que se ha fijado como objetivo realizar 3,000 arrestos diarios, incluso a costa de debilitar protecciones fundamentales de privacidad y salud pública.
"ICE utilizará los datos de CMS para permitir que ICE reciba información de identidad y ubicación sobre los extranjeros identificados por ICE", señala el documento oficial del acuerdo.
Rechazo desde los estados y advertencias legales
La medida ha sido fuertemente criticada por funcionarios estatales, expertos legales y defensores de los derechos humanos, quienes advierten que podría violar múltiples leyes federales, entre ellas la Ley de Privacidad de 1974 y la Ley de Seguridad Social, que restringen el uso de datos médicos para fines no relacionados con la administración del programa.
"Esto es una violación peligrosa de la confianza entre los pacientes y el sistema de salud. Usar la necesidad de atención médica como herramienta para deportar a alguien es inaceptable", declaró Sara Vitolo, subdirectora del Medicaid, en un memorando interno fechado el 6 de junio.
Pese a esas advertencias internas, altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ordenaron que la transferencia de datos se realizara con apenas 54 minutos de antelación, dejando a los CMS sin tiempo para una revisión adecuada ni mecanismos de objeción.
Estados en alerta: "Atacar a familias por ir al médico es inhumano"
Gobernadores y legisladores de estados como California, Illinois y Washington han levantado la voz ante lo que consideran una ofensiva política que pone en riesgo la salud pública y la confianza en los sistemas de atención médica.
"Esta posible transferencia de datos es extremadamente preocupante y, de ser cierta, es potencialmente ilegal", dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, quien afirmó estar explorando vías legales para proteger la información de los residentes del estado.
En Illinois, donde el programa estatal cubre a unas 30,000 personas indocumentadas, los funcionarios de salud expresaron estar "profundamente preocupados" y aseguraron que los datos médicos deben seguir protegidos de cualquier uso con fines punitivos o migratorios.
Impacto humano y político
Además del riesgo inmediato de deportación, expertos en inmigración advierten que el uso de estos datos podría afectar a inmigrantes en proceso de regularización o naturalización, si se descubre que han accedido a beneficios federales en el pasado, incluso si lo hicieron bajo leyes estatales válidas.
La acción también podría tener un efecto paralizante en las comunidades inmigrantes, donde muchas personas podrían optar por no buscar atención médica por temor a ser rastreadas por ICE.
"Nunca deberíamos usar la necesidad de una persona de ir al médico en su contra. Esto sólo llevará a más caos y dolor en nuestras comunidades", denunció la representante federal Laura Friedman.
Una estrategia deliberada
Desde el DHS, la secretaria adjunta Tricia McLaughlin confirmó que la medida es parte de una estrategia para "asegurar que los beneficios de Medicaid estén reservados para estadounidenses respetuosos de la ley".
La afirmación fue cuestionada por expertos y exfuncionarios de CMS, quienes señalaron que el DHS "no tiene ninguna autoridad directa sobre Medicaid", y advirtieron que esta colaboración interagencial podría sentar un peligroso precedente para otros programas sociales.
"El DHS no desempeña ningún papel en nada relacionado con el Medicaid", recordó Jeffrey Grant, exempleado del CMS.
Un paso más en la criminalización de la pobreza y la migración
Mientras varios estados, entre ellos Nueva York, Oregon, Minnesota y Colorado, analizan cómo responder a esta nueva amenaza, organizaciones de derechos civiles denuncian que la administración Trump está usando la salud pública como una herramienta de vigilancia, lo que representa una grave erosión de las libertades civiles y la ética médica.
Para miles de familias migrantes, el mensaje es claro: ir al médico podría costarles la deportación. Y eso, señalan los críticos, rompe el contrato social más básico entre el gobierno y los más vulnerables.
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